Unos 120 fiscales del interior enviaron una carta a la Fiscalía General de la Nación (FGN), en la que plantearon unos 60 problemas detectados en la implementación del nuevo Código del Proceso Penal (CPP), a efectos de “su estudio, tratamiento y urgente solución”. La carta es parte de un extenso intercambio entre los fiscales, sobre las dificultades que surgieron en diversos lugares del país.
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La carta se divide en cuatro problemáticas generales: Régimen de trabajo, Sippau (Sistema de Información del Proceso Penal Acusatorio de Uruguay, Relacionamiento interinstitucional y Logística, según el texto al que accedió Caras y Caretas Portal. En cada caso, se detallan los principales problemas detectados en el primer mes de implementación del nuevo CPP, desde las distintas perspectivas locales. “No todos los departamentos del interior tienen la misma realidad, se hizo un planteo global, pero no todas las Fiscalías tienen los mismos problemas”, explicó una fuente gremial a este medio.
Sobre el régimen de trabajo los fiscales plantearon: insuficiencia absoluta de fiscales para el cumplimiento de las tareas asignadas, la carencia de capacitación suficiente en el personal administrativo, la acumulación de tareas de índole jurídica, técnica y administrativa en los fiscales, la remisión casi cotidiana de instrucciones, protocolos, resoluciones y circulares por parte de la Fiscalía General de la Nación que resultan imposibles de organizar, leer y mucho menos estudiar en profundidad, un régimen de trabajo extenuante que impide cumplir las tareas cotidianas y el sometimiento a largas jornadas de trabajo sin derecho alguna a descanso (con jornadas que superan las 16 horas de trabajo continuo y diario).
Además, se presentan otros puntos: “deterioro progresivo de relaciones interpersonales y de la integridad física del personal fiscal debido a la sobrecarga de trabajo, el exceso de presión y el constante aumento de stress al que nos vemos sometidos” o el incremento de los costos de vida de varios fiscales (en alimentación o transporte o mantención de familiares a cargo) que no tuvo un correlato con un aumento salarial.
También se afirma que “la existencia de Fiscalías de turno único es incompatible con el sistema de trabajo implantado, derivando en un esfuerzo sobrehumano por parte de los integrantes del equipo fiscal”, y que la solución propuesta de eliminación de algunas Fiscalías de Turno único fue un intento de regionalización de algunas sedes, lo que incrementa el área de competencia de las Fiscalías Departamentales “quienes tienen que actuar en ciudades diferentes a kilómetros de distancia, en muchas ocasiones con asuntos del turno en ambas Sedes simultáneas”.
Asimismo, se señala que no se cuenta con personal de contingencia a efectos de cubrir licencias médicas, por duelo, maternidad o reglamentarias, y que, por esa carencia de personal, en diversas sedes los fiscales adscriptos fueron designados como subrogantes del fiscal Departamental, por lo que debieron asumir responsabilidades “que exceden notoriamente las que les impone su cargo. También se señala que la sobrecarga de trabajo impide totalmente a los fiscales de asistir a las audiencias de Familia Especializada (casos del Código de la Niñez y la Adolescencia y de violencia doméstica), entre otras.
“En definitiva, se nos priva de compartir tiempo con nuestras familias (que en muchos casos se encuentran a muchos kilómetros de distancia) o de dedicar tiempo no solo al estudio, sino también a actividades recreativas o cotidianas. Detectamos Sedes en las cuales se carece del mínimo tiempo para realizar las actividades cotidianas hogareñas y humanas más básicas”, dice la carta.
Las críticas al Sippau, en tanto, son similares a los que realizan los fiscales de Montevideo: que se trata de un sistema extremadamente engorroso que se vuelve un obstáculo para la realización de las diligencias más sencillas; fallas continúas que impiden planificar las tareas; imposibilidad de organizar los casos en carpetas para que el fiscal defina los criterios de priorización; la obligación de completar extensos formularios para tareas simples; una interconexión poco fiable con el Sistema General de Seguridad Pública (SGSP) del Ministerio del Interior; la inexistencia de una interconexión con el sistema del Poder Judicial; y la pérdida de tiempo que supone encontrar un caso en el Sippau ya que se identifican con un número de NUNC (Número Único de Noticia Criminal).
También se señala la imposibilidad de imprimir una versión de la carpeta del caso para la defensa del imputado, que el sistema no permite fusionar casos lo que torna imposible la hipótesis de concurrencia (es decir, imputar un delito a una persona por varias situaciones similares), y se plantea que el sistema debería permitir la búsqueda de los casos por el nombres de las víctimas o de los imputados, ya que las personas que concurren a la Fiscalía a solicitar información carecen de datos para identificar el caso (no tienen el NUNC).
“Entendemos que resulta imposible continuar trabajando sobre un sistema en constante ajuste y cotidianamente sometido a testeo. Es necesario contar con un sistema más eficaz, eficiente y que cuente con una versión más adecuada a nuestras tareas […] Entendemos que el Sippau en su actual versión ha fracasado y que no nos es posible continuar tolerando sus desperfectos en desmedro de nuestro tiempo, cansancio, stress y errores que nos lleva a cometer”, afirman los fiscales.
Sobre el Relacionamiento interinstitucional, se señala el desconocimiento de la Policía del nuevo rol de los fiscales, el exceso de llamados que los policías realizan por cuestiones irrelevantes o por hechos que no configuran delito, la carencia en Centros de Mediación del Poder Judicial, la extrema rigidez y apego a protocolos por parte de los peritos del Poder Judicial o la falta de coordinación de las agendas entre los jueces del CPP 1980 y los jueces del nuevo CPP en jurisdicciones donde existe un solo fiscal (se fijan audiencias a la misma hora, lo que hace imposible la presencia en una de ellas).
El último punto refieren a la Logística. En este punto se habla de inadecuación de las Sedes para las nuevas funciones, carencia de elementos básicos de trabajo (pizarras, lectoras de CD), que la unidad de Depuración, Priorización y Asignación (DPA) tiene criterios de priorización muy disímiles por lo que se adjudican alta prioridad a hurtos de bagatela y prioridad media a rapiñas, que los traslados entre Sedes regionalizadas insumen tiempo y suponen un factor muy importante de stress, y el hehco de que varias fiscales no cuentan con carcelaje propio. También se señala una carencia de “referentes institucionales que den una rápida respuesta a problemas que requieren soluciones urgentes”.
Dos visiones
La carta de los fiscales del interior fue presentada ante la Fiscalía General de la Nación (FGN) por medio de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay. En este sentido, varios de los firmantes pretendieron presentarla en forma directa, ya que dicen sentirse “ninguneados” por los integrantes de la actual Comisión Directiva. Sin embargo, tras un debate interno, primo la decisión de concurrir por intermedio del gremio. El tenor de la carta también generó diferencias: mientras algunos fiscales dicen que la misiva implica una crítica al fiscal de Corte, Jorge Díaz, y al área de implementación del CPP, otros afirman que la idea era señalar las dificultades que existen -“que eran previsible”-, pero bajo la idea de un respaldo al actual sistema acusatorio y al trabajo que se está realizando en la Fiscalia.