El comunicado, emitido pocos días antes de que el presidente Tabaré Vázquez visitara Finlandia, justificó la reserva e intensividad con que se trató el tema en el Consejo de Ministros. El comunicado de la multinacional finesa obedece a dos razones: la primera, a no enfriar un mercado sumamente volátil como es hoy el de la pulpa de celulosa; la segunda, a garantizar que el gobierno uruguayo provea a UPM de la infraestructura necesaria para el traslado de la producción hacia los puertos.
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En otras palabras, ponía sobre la mesa el tema de la conexión ferroviaria, una asignatura estratégica con la que los gobiernos uruguayos están en deuda desde el cierre de AFE, hace tres décadas.
Ante la emergencia, los intendentes de Montevideo y Canelones, Daniel Martínez y Yamandú Orsi, respectivamente, plantearon al presidente Vázquez la posibilidad de construir una nueva línea férrea que traslade las cargas desde las cercanías de Paso de los Toros hasta el puerto de Montevideo.
Esta correría paralelamente a la ruta 5 e ingresaría al puerto de Montevideo por la ruta 1. El trazado propuesto sería más económico e implicaría menos distorsiones en el tránsito urbano que las que implicaría la restauración de la línea original. Esto en la medida en que, de acuerdo con la escala del proyecto, por la línea férrea transitaría un promedio de ocho convoyes de 800 vagones por día que atravesarían zonas densamente pobladas.
El proyecto generaría una ruptura radical con el trazado ferroviario heredado de los ingleses, que atravesaba el país de norte a sur trasladando productos agropecuarios. Hoy, los requerimientos del capitalismo central son otros. Además de la urgencia de los tiempos, el problema de fondo de esta resurrección del ferrocarril es su financiación. Y no es un tema menor.