Uruguay ante el arrasamiento de los derechos laborales: Digno, solitario y aislado

El pasado 11 de julio, con 50 votos a favor y 26 en contra, el Senado de Brasil aprobó la llamada Nova reforma trabalhista, que dio por tierra con la normativa laboral aprobada por el Estado novo de Getulio Vargas el 1º de mayo de 1943 (Consolidaçao das leis do trabalho). Brasil como eje restaurador El proyecto finalmente aprobado (entrará en vigencia en noviembre) fue precedido por tres paros generales y alterado en su enunciación inicial en el curso de las discusiones parlamentarias. En lo sustancial, modificó las reglas de contratación y empleo, en sentido regresivo al planteado en la histórica reforma de Vargas, alegando que con ello se saldría de la recesión, en la que Brasil se encuentra sumido desde hace dos años, al mejorar la competitividad del mercado, generando a su vez nuevos empleos, atrayendo inversiones e “incorporando a Brasil al siglo XXI”. Entre otras novedades, la nueva legislación habilita la jornada laboral de 12 horas (sin que deba existir acuerdo de partes al respecto); elimina el descuento por planilla del aporte sindical (que pasa a ser voluntario); habilita la llamada “jornada intermitente”, que no es otra cosa que el pago de salarios sobre una base horaria o por jornada (y no mensual) y se amplía la posibilidad de tercerizar tareas. Asimismo la empresa podrá negociar condiciones de trabajo con una comisión de representantes de los operarios al margen del sindicato; se flexibilizan las condiciones de despido, desvinculando el monto de la indemnización del salario percibido, a la vez que el tiempo para el preaviso baja de 30 a 15 días. En lo referente a los litigios laborales, de acuerdo a la nueva legislación, el litigante deberá establecer al inicio del juicio cuánto dinero desea recibir al término del mismo, deberá comparecer a todas las instancias del juicio y pagar sus costos en caso de perderlo. Pero tal vez la cláusula más oprobiosa de esta nueva reforma sea la obligatoriedad para las embarazadas de trabajar en ambientes insalubres, con la condición de que un control médico certifique la inexistencia de riesgos para la gestación y el feto. Si bien tiene relevancia por el peso que tiene en la región, el caso de Brasil es uno más entre el rosario de reformas laborales regresivas que se vienen aprobando en todo el mundo.   Las reformas laborales y la globalización El 22 de julio de 2016 se aprobaba en Francia la llamada reforma El Khomri (en referencia a la ministra de Trabajo del gobierno de François Hollande, Myriam El Khomri), que desmintió la retórica izquierdista del expresidente francés. Pero como a las autoridades económicas de la Unión Europea (UE) esa reforma regresiva  no les pareció suficiente, su sucesor, Emmanuel Macron, está instrumentando una reforma laboral que, a través de cinco decretos, es una copia en negro sobre blanco del draconiano ajuste impuesto a España para mitigar los efectos de la crisis en 2012. En la región, pese a que la reforma laboral brasileña haya eclipsado otros antecedentes, en el origen está Paraguay, donde, fuera de un esmirriado “Código del Trabajo” (aprobado en 1961), no existen leyes de amparo a los asalariados. Sobre ese panorama de postración del trabajo, el presidente Horacio Cartes ha ofrecido a su país como terreno fértil para las ganancias de los inversores, asemejándolo a “una mujer fácil y bonita”, según la liviana homología que realizó en 2013, ante 150 empresarios uruguayos, en el World Trade Center de Montevideo. Por su parte, en Argentina también se considera inminente la aprobación de una reforma laboral similar a la de Brasil, luego de realizarse las elecciones primarias (PASO) en el mes de octubre. Así lo ha anunciado el ministro de Hacienda de Mauricio Macri, Nicolás Dujovne, secundado por su par de Trabajo, Jorge Triaca, quien -procurando amortiguar la alarma que provoca el proyecto entre los trabajadores- expresó que la misma “bajará el costo laboral, pero no el salarial”. De acuerdo al ministro, “cada país tiene que respetar sus particularidades, su idiosincrasia y tiene que buscar consensos, porque las reformas que perduran son las que fueron consensuadas”. En otras palabras, si bien la receta es la misma, en su ejecución se adecua a las condiciones particulares de cada país en que se implanta. Si en Paraguay no se necesita otra cosa que hacer algunos maquillajes a una legislación laboral casi inexistente, en Brasil, teniendo en cuenta el grado de protección que daba la legislación varguista y el hecho de que la dictadura no tocó significativamente los derechos de los trabajadores, hay que proceder de manera salvaje; en Argentina, los escollos se derivan de la herencia de la protección al trabajo que introdujo Juan Domingo Perón, de una correlación de fuerzas relativamente equilibrada y del peso que históricamente  han tenido los sindicatos.   Los efectos en Uruguay En Uruguay, la situación es otra. Escasamente relevante en términos de escala, nuestro país se encuentra aislado ante este embate. El ciclo progresista no ha introducido modificaciones en la concentración de la producción y la riqueza, pero sí lo ha hecho en materia de políticas laborales, restableciendo los Consejos de Salarios, induciendo un moderado incremento del salario real y fortaleciendo el poder de negociación de los sindicatos luego del deterioro que habían sufrido durante los años 90. Ante la emergencia, tanto la Presidencia, como el Ministerio de Trabajo (MTSS) y la cancillería reaccionaron en consonancia, advirtiendo acerca de la gravedad de la reforma introducida en Brasil y pidiendo la reunión urgente de la Coordinación de Órganos Sociolaborales del Mercosur. El tema ya había sido planteado por el presidente Tabaré Vázquez en la reunión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), realizada en Ginebra (Suiza) el pasado 5 de junio. A la misma asistieron delegaciones de más de 200 países. La jerarquización que Uruguay dio a la amenaza que este ciclo de reformas introduce en la agenda regional se reflejó en que fue la primera vez en la historia del organismo que un presidente hizo uso de la palabra en la conferencia inaugural. Esa actitud de denuncia y rechazo al deterioro de las leyes laborales se reiteró el pasado lunes 19 de setiembre en el evento mundial convocado en Nueva York por Suecia, bajo la denominación de Global deal o Acuerdo global. El lunes anterior, se había reunido en el NH Columbia la Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas con la presencia, entre otros, de Rafael Freire, representante de la CUT brasileña, Carlos Gabas, asesor y exministro del gabinete de Lula, y los laboralistas uruguayos Santiago Pérez del Castillo y Juan Raso. Idéntica conducta de defensa de la agenda laboral tuvo Néstor Loustauneau, alterno del ministro Ernesto Murro (MTSS), que concurrió a la Cámara de Diputados de la República Argentina, y el laboralista Hugo Barreto, que participó en Natal (Brasil) de un evento organizado por la Asociación de Inspectores de Trabajo del país norteño.   La aldea gala de los derechos laborales La alerta lanzada tanto por los organismos oficiales como por los sindicatos ante la reforma laboral aprobada en Brasil no sólo se fundamenta en sus contenidos (degrada derechos adquiridos, afecta la competitividad de los países de la región) sino también en su forma, en tanto introduce modificaciones radicales en la relación entre capital y trabajo por fuera del marco del diálogo y la negociación colectiva. Es decir, la reforma laboral y previsional brasileña fue impuesta sin discusión. Además, fue arbitrada en el marco de un paquete privatizador sin precedentes, luego de un cambio intempestivo y de dudosa legitimidad de las autoridades gubernamentales. Sindicalistas uruguayos consultados respecto a la inminencia de ese tipo de medidas en Uruguay entienden que no existen condiciones para que se apliquen en el país en el corto plazo, más allá de la prédica que las gremiales empresariales (particularmente la Asociación Rural) están haciendo en esa dirección. Pero sus efectos inevitablemente se harán sentir. Entienden además que la lucha contra la restauración en marcha en esta materia no puede concebirse más que en términos internacionales y particularmente regionales. Coinciden además en que la situación planteada no puede resolverse en términos de “inmovilismo”, sino desde una perspectiva que aborde las distorsiones que están introduciendo la globalización y las nuevas tecnologías en el mundo del trabajo, proponiendo reformas en las cuales las variables de ajuste no sean -como siempre lo han sido- los derechos de los trabajadores. Razonando en esa dirección, Óscar Andrade, secretario general del sindicato de la construcción (Sunca) apela a reconducir ese proceso introduciendo reformas que -sin renunciar a lo adquirido- apunten a un mayor empoderamiento por parte de los trabajadores. Por su parte, desde la cátedra, el laboralista Juan Raso advierte que “la realidad está cambiando y puede parecer más fácil criticar las reformas que comenzar a examinar con coraje esa realidad mutante”.  Para preguntarse luego: “¿No será hora que desde la propia organización sindical se abran debates sobre si es posible imaginar una ‘flexibilización racional’ ante tecnologías que precisan cada vez menos del aporte humano?”. De no ser así -advierte-, enfrentamos un claro riesgo: “Volver a nuestro país como aquella aldea de Astérix rodeada de romanos, que el héroe galo defendía en solitario como último bastión”.