Uruguay inició su defensa contra acusaciones de Italba Corporation

El pasado lunes la delegación de defensa uruguaya inició su participación en las audiencias orales que se desarrollan en Estados Unidos ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), institución del Banco Mundial. en el marco del conflicto con la firma de telecomunicaciones Italba Corporation. Esta firma alega que el estado uruguayo revocó en 2011 de forma irregular el permiso que le había concedido en el año 2000 a su subsidiaria en Uruguay, Trigosul S.A., para proporcionar servicios de banda ancha. Esto, según la empresa, supone una violación del Tratado de Protección de Inversiones vigente entre Uruguay y Estados Unidos, por lo que reclama una indemnización de 100 millones de dólares. La firma sostiene que ha sido víctima de una suerte de “expropiación”. La presentación de la defensa uruguaya, liderada por el secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, y el embajador de Uruguay en Estados Unidos, Carlos Gianelli, comenzó lamentando que el arbitraje promovido por Italba trate de desprestigiar el sistema internacional del Estado–inversor, que inicialmente se previó como un sistema que beneficiaría tanto a los gobiernos, como a las empresas. Por otro lado, los representantes orientales aludieron a los altos niveles que las instituciones internacionales atribuyen a Uruguay en materia de respeto a la legalidad. “No es por casualidad que Uruguay es primero en América Latina en el índice de democracia (Economist Intelligence Unit), en el índice de baja corrupción (Transparencia Internacional), en el índice de prosperidad (Legaltumist Institut), en el índice de estado de derecho (World Justice Project); por citar solamente algunos”, reza el documento de la defensa. Punto por punto Así, respondiendo a los aspectos concretos de la denuncia, los juristas argumentaron que todos los reclamos de Italba caen fuera del período de tres años establecido en el artículo 26 (1) del Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) como límite jurisdiccional, por tanto, ya están prescriptos. “En segundo lugar, no queda lugar a dudas que los ‘permisos precarios y revocables’ de Trigosul no constituyen una inversión protegida por el TBI, bajo el artículo uno y la interpretación correcta es la presentada por los Estados Unidos como parte no contendiente. Es por este motivo, entre otros, que todos los reclamos de Italba que están basados en estos permisos, deben ser desestimados por falta de jurisdicción”, reza el documento. Por otro lado, el texto destaca que que Italba aún no ha probado que es propietaria de Trigosul, ya que “sus acciones no fueron válidamente transferidas a Italba y no hay prueba de que Italba aportó los montos de capital que alega”. Asimismo, Uruguay considera que “Italba no tiene derecho a beneficiarse del TBI entre Uruguay y Estados Unidos porque no tiene actividades comerciales significativas en Estados Unidos”. Por todo ello, los juristas señalaron que “todos los reclamos presentados en este juicio por Italba carecen de méritos, tanto los jurisdiccionales como los de fondo, así como su reclamo de daños”. Así, solicitan al Tribunal que “deniegue a Italba todos sus reclamos por falta de jurisdicción. Sin embargo, en caso de que el Tribunal decida que existe jurisdicción, solicitamos que denieguen todos sus reclamos en los méritos, y determine que no ha sufrido daños compensables por ningún acto violatorio del TBI”. Acceda al documento completo