Gil Iribarne: “Uruguay no está vacunado contra la corrupción”

La corrupción es un problema que debe enfrentarse en forma seria, sistemática y profesional. Pero para agarrar el toro por las guampas el primer paso es no hacerse trampas al solitario y asumir que en Uruguay existe corrupción. Y que existe en todas las esferas, en todos los partidos políticos y en todos los gobiernos. Así lo afirmó el presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), Ricardo Gil Iribarne, en diálogo con Caras y Caretas.

Gil Iribarne aseguró que Uruguay está “mucho mejor” que otros países, pero para evitar llegar a los niveles constatados en Argentina o Brasil “hay que asumir que tenemos problemas”. “Es un tema de equilibrios. Están quienes dicen que estamos bárbaro y que no tenemos problemas, cosa que no comparto, y quienes dicen que todo está mal, que todos somos corruptos, que todo es mafia, algo que tampoco comparto. Uruguay no está vacunado contra la corrupción, pero tenemos fortalezas en las que hay que trabajar”, insistió.

En este marco, Gil Iribarne señaló la necesidad de propiciar cambios normativos, como repensar las competencias de la Jutep y otorgarle un rol más activo en materia de investigación. Para eso, se podría habilitar la apertura de hasta 5% de las declaraciones juradas en poder del organismo, de forma de analizarlas y detectar posibles incongruencias.

Planteó además la necesidad de crear dos nuevas figuras delictivas –enriquecimiento ilícito y corrupción privada– que permitan incrementar los controles sobre el sector público y el sector privado y “aumentar la percepción de riesgo para los corruptos” de que los responsables serán castigados. Para eso, se requiere una fuerte señal de todo el sistema político, expresó.

Lucha contra la corrupción

Gil Iribarne es un hombre con extensa trayectoria en el combate al lavado de activos en Uruguay. Fue titular de la Secretaría Nacional Antilavado durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez y desde entonces se transformó en una referencia ineludible en esa materia. En abril de 2010 dejó su cargo y asumió como Director de Proyectos del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud), un puesto relevante en la región, por lo que debió radicarse en la República Argentina.

Allí estuvo cinco años, hasta que decidió retornar al país. A su regreso asumió un cargo como asesor de Presidencia de la República, para colaborar en el proceso de transformación de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos. Durante ese período fue designado por la Justicia Especializada en Crimen Organizado como asesor en varias causas por delitos económicos y de lavado de activos, entre ellos, los hechos de corrupción en la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Pero desde su retorno a Uruguay tenía entre sus objetivos trabajar en la lucha contra la corrupción, aspiración que finalmente podrá cumplir. El martes 7, Gil Iribarne asumió como presidente de la Jutep, organismo que tiene entre sus cometidos “propiciar políticas públicas, normativas y acciones que fortalezcan la transparencia en la gestión del Estado, [y] asesorar al Poder Judicial y a la Administración en la lucha contra la corrupción”.

La ceremonia fue encabezada por la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz. A su lado estaban los otros dos nuevos integrantes de la Jutep: el exsubsecretario del Ministerio del Interior Daniel Borrelli y Matilde Rodríguez Larreta, viuda de Héctor Gutiérrez Ruiz. Ese día, Gil Iribarne presentó algunos de los principios que guiarán su gestión.

Dijo que es consciente de los buenos indicadores que ostenta Uruguay en materia de percepción de la corrupción, pero señaló la necesidad de trabajar en prevención para que la realidad que sacudió a varios países de América Latina no se reproduzca en el país. Para eso, se refirió a la necesidad de rescatar los valores éticos de los uruguayos y promover reformas legales que apuntalen la lucha contra la corrupción.

Días después, insistió con esa idea. “Si uno mira a Uruguay desde una perspectiva global, está mejor que otros. Desde el mundo se percibe que Uruguay es un país donde uno puede operar y actuar sin que necesariamente alguien le pida una coima. […] Pero si miro para adentro, eso no quiere decir que estemos vacunados [contra la corrupción]. En Uruguay hay corruptos, y tenemos que luchar para seguir siendo mejores, para que no nos transformemos en espejo de lo que pasa en países muy cercanos”, afirmó Gil Iribarne a Caras y Caretas.

Los corruptos en la mira

Juzgar a los corruptos no es sencillo. La realidad muestra que la corrupción es un delito “difícil de investigar y difícil de probar”, y eso incide en los resultados que se obtienen. Para evitar que esto implique impunidad para los corruptos se requiere adoptar “mecanismos serios de persecución”. “Tenemos que mejorar los mecanismos que nos damos para investigar y perseguir la corrupción, así como los mecanismos de prevención, porque las dos patas son importantes”, valoró Gil Iribarne.

En ese contexto, la Jutep tiene “un rol importante para cumplir”. Pero no sólo este organismo, sino también el Poder Judicial, la Fiscalía, la Policía y el sistema político en su globalidad. “Tiene que haber un sinceramiento, y es necesario trabajar en serio contra la corrupción para evitar lo que les está pasando a otros países. Esto no es un problema del gobierno ni de la oposición, es de todos”, resaltó.

Para esto, es indispensable “aumentar la percepción de riesgo para los corruptos”, que estos sepan que si quieren “hacer bandideadas, la posibilidad de quedarla es más grande que antes”. “Ese es un mensaje que hay que dar: hay que exigirle al Estado, a toda la estructura estatal, que persiga con más fuerza a los corruptos”.

Gil Iribarne consideró clave que la prensa –“que es una de las patas mediante las cuales la sociedad, la ciudadanía, se expresa”– y los partidos políticos denuncien posibles casos de corrupción. “Pero también es preciso que las estructuras estatales persigan con objetividad, seriedad y profesionalismo a la corrupción, dando un mensaje de que para el Estado uruguayo no hay corrupto de tal o cual partido, de tal o cual organismo. A todos los corruptos hay que castigarlos”, expresó.

Esa será una las responsabilidades de la Jutep: demostrar que la investigación de estos hechos no es un tema de partidos políticos. “Es difícil, porque en medio de los tiroteos político-partidarios, estas cosas se desdibujan. Pero en la medida en que una serie de actores empecemos a mostrar un camino de seriedad, de equidad y de imparcialidad, es más fácil que un montón de otros actores que tienen la intención de perseguir en serio a la corrupción se sumen a un planteo más sólido y más convincente para la gente”, señaló Gil Iribarne.

“En este cargo no soy ni de izquierda ni de derecha ni de nada, [porque] la corrupción existe en todas las esferas, en todos los partidos y en todos los gobiernos. ¿Hay que suicidarse porque los hombres somos humanos? No. Lo que hay que hacer es pelear en serio contra la corrupción. Eso lo pueden hacer los gobiernos del partido que sean y lo deberían hacer de manera seria y coordinada todos los partidos políticos. Hay que hacer los mayores esfuerzos para que se logre; eso daría a la ciudadanía una tranquilidad que hoy, tal vez, está debilitada”, estimó.

El riesgo de la chacrita

La denuncia de un hecho de corrupción suele dividir las aguas del sistema político, no por el hecho en sí mismo, sino por el partido político al que pertenece la persona involucrada. En general, sus aliados políticos suelen defenderla o buscar justificaciones, al tiempo que sus adversarios suelen ser duros en la crítica y en las acusaciones.

Gil Iribarne dijo que no tiene elementos para afirmar que eso sucede en Uruguay, pero consideró que a veces la ciudadanía lo percibe de esa forma, lo que no es bueno para el sistema. “La gente percibe que, según quién lo haga, los partidos políticos reaccionan de manera distinta, y que se utiliza con fines políticos y electorales. Tenemos que demostrar que, sea quien sea, la vara [para medir] es la misma”.

Lo mismo sucede cuando la ciudadanía entiende que una denuncia de corrupción tiene por detrás un interés partidario. “Se comienza a perder confianza en todo el sistema. Se comienza a perder confianza en los denunciados, pero también en los denunciantes. ‘No creo en nada porque todo esto es manejo’. Por eso, se debe dar un mensaje de que no todo es manejo, de que todo el sistema será serio, imparcial y duro para mostrarle al ciudadano que no hay dos varas y que no se trata de sacar réditos [políticos]. Algunos actores tienen que demostrar que es posible hacerlo así”.

Señaló que tras la presentación de una denuncia de corrupción será la Justicia la encargada de establecer qué hechos son delitos y cuáles no, pero todo el proceso tiene su incidencia. “Muchas veces el resultado posterior no logra sanar todo lo que generó en la opinión pública en materia de desconfianza […] El volumen de difusión que se produce en un momento, no se mantiene cuando el caso se cierra, y siempre puede quedar la idea de que no se fue a fondo o de que hay cierto grado de impunidad. Eso es terrible y hay que combatirlo”, afirmó.

“Cuanto más serio se sea en el trabajo, menos dudas se generan”. “Por eso es importante reconocer que tenemos corrupción, pero también decir que no todo es corrupción, y no jugar a patear el tablero diciendo que todo es joda, porque eso no es bueno para el país. Hay que asumir que existe corrupción, pero asumirlo de una manera seria, sistemática, lo más profesional posible, para que la gente recupere la confianza en un sistema que no debería ser ambiguo con respecto al tema de la corrupción”, expresó.

Reformas legales

Un combate eficiente de la corrupción requiere la aprobación de diversas reformas. Algunas de ellas son de carácter operativo. Por ejemplo, la Jutep debería integrarse a la Comisión Coordinadora de Lucha contra el Lavado de Activos, ya que la corrupción es un delito precedente y tendría aportes para realizar en ese ámbito. Además, debería integrar los equipos multidisciplinarios que asesoran a la Justicia Especializada en Crimen Organizado para aportar sus conocimientos en la investigación de casos de corrupción.

La Jutep también podría trabajar en la prevención, como puede ser la capacitación de los funcionarios de los distintos organismos públicos para detectar “señales de alerta” de posibles casos de corrupción en licitaciones o compras estatales. Además, podría trabajar en la capacitación de jueces, fiscales y policías, ya que la investigación de un delito de corrupción requiere conocimientos diferentes que la investigación de una rapiña o el robo de un auto. “Es un rol que nos interesa cumplir”, señaló Gil Iribarne.

Pero, sobre todo, existe la necesidad de impulsar algunas reformas legales. Una de ellas sería repensar las competencias de la Jutep y otorgarle la potestad de investigar ante el indicio de un acto ilícito o una denuncia de la ciudadanía. Esa investigación debería poder realizarse en estrecha relación con el Poder Judicial o –de cara al nuevo Código del Proceso Penal– con la Fiscalía; que la Jutep opere como un órgano de apoyo en un tema difícil, señaló Gil Iribarne.

Por eso, uno de los cambios normativos que se pretende impulsar es habilitar a la Jutep a efectuar controles periódicos de las declaraciones juradas de funcionarios públicos que están en su poder. “Si tengo decenas de miles de declaraciones juradas guardadas hasta que un juez o un fiscal las solicite, en realidad no estoy haciendo prevención. El día que las pidan, lo harán porque existe un problema. Eso es algo que ya pasó”. “¿Por qué no tomar un porcentaje de esas declaraciones juradas, analizarlas, hacerles un seguimiento y detectar algún problema?”, preguntó. Para esto, planteó la posibilidad de que se pueda abrir 5% de las declaraciones juradas en forma aleatoria y chequear si su contenido se ajusta a la realidad, sin que eso implique “salir a cazar brujas”.

Esta potestad debería acompasarse con la creación del delito de enriquecimiento ilícito, una figura penal polémica y que genera cierta resistencia, pero que permitiría un control más efectivo sobre el incremento patrimonial de los funcionarios públicos sin causa justificada, sin violentar normas básicas del derecho. Si la Jutep llegara a analizar la declaración jurada de un funcionario cuyo patrimonio no tiene una “explicación clara” que lo justifique, hoy por hoy el Estado estaría inhibido de avanzar en la investigación. Primero se debería demostrar que el funcionario es corrupto y dónde, cómo y cuándo obtuvo los recursos para adquirir esos bienes.

Con el delito de enriquecimiento ilícito, la acumulación de un conjunto de indicios que no cierren sería suficiente para investigar. “Los funcionarios públicos tenemos que asumir que nuestros patrones, que son los ciudadanos, nos pueden exigir eso, que no se está violando la intimidad”, dijo. En este sentido, se trataría de una figura destinada exclusivamente a los funcionarios públicos, sobre todo de los cargos más altos.

Asimismo, planteó la posibilidad de crear el delito de corrupción privada. El caso paradigmático son los actos de corrupción detectados en FIFA y Conmebol, pero también podría haber otros en los que una licitación entre privados se resuelve con un “sobre por debajo de la mesa”. “Desde el punto de vista de la legislación uruguaya, una coima a nivel de FIFA, como finalmente se demostró y tenemos enjuiciados en nuestro país, no es corrupción. Se han encontrado otros delitos que abarcan ese comportamiento como, por ejemplo, la estafa”. La creación de estas dos figuras le daría al país más herramientas para atacar la ocurrencia de casos de corrupción, concluyó Gil Iribarne.

***

Los riesgos de la obra pública

Los principales casos de corrupción que tienen en vilo al sistema político en Argentina y en Brasil están vinculados con la concesión de obra pública por cifras multimillonarias. Teniendo en cuenta esta realidad, el presidente de la Jutep, Ricardo Gil Iribarne, señaló la necesidad de incrementar los controles sobre este aspecto en Uruguay, de forma de evitar que situaciones similares se repitan en el país.

“Si la obra pública ha sido centro de brutales casos de corrupción en los países vecinos, se tiene que asumir que, aunque no haya ningún elemento de corrupción en obras públicas en Uruguay, es una zona de riesgo, una zona para preocuparse y trabajar”. Esto se podría hacer mejorando el sistema de licitaciones y el respaldo a los funcionarios técnicos que actúan, y abriendo canales para que la ciudadanía denuncie situaciones de apariencia ilícita. “Si el barrio está complicado en eso, no nos hagamos los distraídos como que acá no pasa nada”, afirmó Gil Iribarne.