Uruguay, ¿un país para viejos?

Es un lugar común referirse a Uruguay como un “país de viejos”, marcado por una estructura poblacional envejecida y por una importante proporción de adultos mayores en su clase política. Según el Atlas sociodemográfico y de la desigualdad de Uruguay, en 2011 la población nacional mayor de 64 años de edad suponía 14 por ciento del total y más de 500 personas superaban los 100 años. Esto implica que, de cara a 2050, se espera que las personas mayores de 65 años superen en número a las menores de 15. Sin embargo, los adultos mayores en este país, siempre han estado relegados en la política pública, marcada por una construcción social de la vejez asociada exclusivamente al deterioro, la pasividad y la incapacidad. Asimismo la Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que cuanto mayor es el envejecimiento de la población de un territorio, más aumentan los casos de maltrato a las personas mayores debido entre otras cosas a que sus necesidades no pueden atenderse plenamente por la falta de recursos. Así, los casos de abuso y de violencia contra las personas mayores no se pueden explicar únicamente aludiendo a la crueldad humana, sino a las deficientes estructuras asistenciales y de contención pública que hacen que la carga de los cuidados y atención recaiga sobre personas ya de por sí sometidas a situaciones de explotación, de vulnerabilidad o de sobrecarga asistencial. Asimismo, Una señal del abandono que sufre este sector social es la práctica inexistencia de datos estadísticos acerca del abuso y el maltrato a los adultos mayores. La directora del Instituto Nacional de las Personas Mayores (Inmayores) del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Adriana Rovira, explicó en entrevista con Caras y Caretas que la falta de estudios y encuestas específicas sobre el tema evidencia que las diferentes formas de violencia (física o simbólica) dirigidas contra la población mayor se encuentran aún naturalizadas en la sociedad. Del mismo modo la inexistencia de datos imposibilita la creación de una agenda política de protección. “El tema del abuso y el maltrato de las personas mayores es como una zona oscura. Los datos de las personas viejas se extraen de la Encuesta continua de hogares o del Censo de hogares y personas [el último, de 2011], por tanto, no hay nada sobre esas variables”, explicó Rovira. Por ello, las únicas pistas que se tienen del tema son datos generales recabados por la OMS. Según esta institución, entre cuatro y seis por ciento de las personas viejas de América Latina sufrirían algún tipo de abuso, violencia, maltrato y abandono. Entre ellos se ubica la negligencia y el aislamiento. Sin embargo, el inexistente hábito de denuncia y la dificultad para reconocer y visibilizar estos casos en los entornos familiares hace que los expertos supongan que en estas proporciones se está subrepresentando el problema. En este sentido, Rovira explicó que en la encuesta de violencia de género realizada por la ONU mujeres e Inmujeres en Uruguay, se reveló que este problema tiene un impacto en 30 por ciento de mujeres mayores. Otra pista que deja entrever la situación que viven muchos mayores uruguayos son los datos proporcionados por el servicio de atención, asesoramiento y seguimiento de casos de abuso y de violencia de Inmayores. Allí se reciben entre 120 y 150 casos -al año- que obedecen a situaciones de violencia intrafamiliar. En este servicio, ocho de cada diez personas mayores atendidas son mujeres. Según la directora de Inmayores, la violencia psicológica es la que los profesionales de esta institución detectan con mayor frecuencia. Asimismo la jerarca destaca una intensa presencia del abuso patrimonial y un crecimiento de la violencia física. La violencia vinculada al abuso patrimonial aparece con frecuencia porque las personas viejas habitualmente tienen propiedades o activos. A todo ello se suma el problema estructural del abandono, la negligencia o la omisión. Esto ocurre cuando la persona mayor precisa determinado apoyo o acompañamiento que no es prestado ni por la familia ni por las instituciones públicas. Estos casos suelen estar asociados a situaciones de aislamiento e incluso de privación de libertad que no se dan únicamente en el seno de las familias, sino en las mismas instituciones de cuidados. En este sentido, Rovira explica que pueden ocurrir situaciones en las que a personas que viven en lugares de cuidados no les permita salir. Sin embargo, insiste en que “la persona tiene derecho a salir y a comunicarse. En estos lugares muchas veces se imponen restricciones de llamadas telefónicas y de visitas que también incrementan el aislamiento. “Todas estas cuestiones hacen que aspectos como el abuso, la negligencia y la omisión sigan estando ahí de una forma soterrada, y que aún deben visibilizarse a nivel público”, subraya Rovira. Problemas estructurales A este tipo de problemas vinculados con la violencia y el abandono se suman otros cuya raíz tiene que ver con la misma estructura de clases y de género que transversaliza a la sociedad. Una de las principales cualidades de la vejez en Uruguay es su tendencia a la feminización debido a la mayor esperanza de vida de las mujeres respecto a los hombres. En este sentido, si bien las féminas mayores acceden a mayor cantidad de prestaciones que los varones, estas tienden a ser de peor calidad que las que reciben ellos. Esto se debe a que la cuantía a percibir viene definida por la trayectoria profesional de cada individuo, lo que hace que las desigualdades inherentes al patriarcado se extiendan durante la última etapa de vida. En el caso de los mayores de 84 años, 91 por ciento de varones presenta cobertura por la seguridad social, mientras que, en el caso de las mujeres, este ratio desciende a 85 por ciento. Entre los 75 y los 84 años la diferencia es de 93 por ciento en el caso de ellos, contra 89 por ciento en el caso de ellas. A esto hay que sumar la menor cuantía que las mujeres tienden a percibir en concepto de pensión. Por otro lado, este grupo etario afronta un problema de vivienda que tiene cierto componente paradójico. Su principal dificultad no es el acceso a la vivienda, como en el resto de sectores sociales, sino el mantenimiento de la misma. Alrededor de 84 por ciento de personas mayores de 65 años son propietarios de un inmueble. Sin embargo, la transición de la condición de asalariado a la de pensionista conlleva un cambio en el nivel de ingresos de la persona que, sumada al costo de adaptación de su inmueble a las nuevas necesidades que trae consigo la edad, configura una nueva problemática para los individuos. “Una política de vivienda activa para las personas mayores debería poner el énfasis en la adaptación de la vivienda para propiciar la autonomía y a su vez la mejora constante de esa vivienda para que algo que es un bien no se transforme en un problema a gestionar para la persona vieja”, explica Adriana Rovira. Por último, uno de los aspectos que requiere atención para avanzar en la protección de los derechos de las personas mayores es acelerar los procesos de resolución judicial referidos a necesidades asistenciales de los adultos mayores. Rovira explicó que los procesos de institucionalización de una persona en un servicio de cuidados permanentes se inician mediante una judicialización que tarda en resolverse entre seis meses y un año en muchos casos. “Una persona que está en esa situación de riesgo de muerte no puede adaptarse a los tiempos prolongados de las instancias judiciales. Tampoco una persona que vive en un establecimiento de cuidados donde detectamos una situación de abuso patrimonial o de abuso físico o psicológico. Esa persona no puede estar conviviendo durante un año con la situación de abuso porque eso repercute muchas veces en aspectos esenciales de su bienestar e incluso en su esperanza de vida”, señala Rovira. Atajar el problema Un hito importante fue la creación del Instituto Nacional del Adulto Mayor mediante la promulgación de la Ley Nº 18.617 de 2009, con el objetivo de contener los problemas de la vejez desde una perspectiva integral. La directora de este organismo explicó que esta mirada implica entender que “el envejecimiento se da en todo el ciclo de vida y en cada dimensión que la persona vive”. En este sentido, un derecho básico del individuo como el acceso a la salud es atravesado por otras dimensiones como el nivel de ingresos de la persona, su capacidad de traslado o su acompañamiento familiar. Esto se explica porque en muchos casos los adultos mayores presentan importantes limitaciones a la hora de desplazarse para realizarse chequeos médicos o perciben jubilaciones ajustadas que no les permiten afrontar su presupuesto. Por ello, una política integral debe ser capaz de dar una respuesta que articule todos los componentes vinculados a la vida de las personas mayores. En este sentido, en 2016 Uruguay aprobó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores ante la OEA. Este documento establece un marco legal vinculante (Ley Nº 19.430) en el que las personas mayores son enunciadas por primera vez como sujetos de derecho humano, incorporando la perspectiva de género y de ciclo de vida. Este hecho supone otro hito sustancial, ya que implica unificar los derechos de los adultos mayores, haciéndolos más fácilmente reconocibles y, por tanto, exigibles. Este marco fija plazos de entre cinco y diez años para que los gobiernos lleven a cabo medidas como la adecuación de presupuestos y la creación de instrumentos institucionales para hacer cumplir los derechos. Apenas transcurrido un año desde la ratificación, Adriana Rovira señala que la Convención está ganando visibilidad, “por lo que ahora estamos tratando de coordinar con organismos públicos para empezar a ajustar la agenda”, explicó. Asimismo en el marco del Mes de las personas mayores, organizado por el Mides, se han llevado a cabo varias iniciativas de debate y difusión de la dignidad en el proceso de envejecimiento. El pasado jueves tuvo lugar el acto “Personas mayores parlamentarias por un día”, en el que organizaciones sociales de adultos mayores sesionaron junto a parlamentarios en el Palacio Legislativo. Allí plantearon una agenda en materia de leyes presupuestales y ajustes vinculados a la política pública. Por otro lado, otra actividad destacable tendrá lugar el 31 de octubre en el piso siete del Mides. Allí se presentará una publicación realizada por Inmayores en la que se da cuenta de la línea de trabajo que ha realizado cada intendencia departamental en materia de políticas públicas para las personas mayores.