Uso y abuso

En el año 2015 los ediles de Maldonado se votaron un sueldo encubierto con sus correspondientes aumentos, que cobran en negro, no tributan IRPF, es inconstitucional, viola le Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos y la Ley de Probidad y Ética Pública. En el presente período legislativo esa práctica continúa. Hoy un edil percibe 65.000 pesos y el 1º de enero próximo recibirán otro aumento.

abuso Maldonado

Por Carlos Peláez

Apenas iniciada la legislatura pasada, exactamente el 21 de julio de 2015, a propuesta de la mayoría nacionalista, la Junta Departamental aprobó por la unanimidad de los 29 ediles presentes (blancos, frenteamplistas y colorados) una resolución por la que se dispuso el pago de una partida de dinero que se asignó a cada sector político en proporción al número de ediles que formen parte del mismo. La resolución estableció su liquidación mensual y el ajuste en las mismas oportunidades y porcentajes que los gastos de representación de los parlamentarios. O sea, el monto se ajusta semestralmente de acuerdo a la variación del Índice de Precios al Consumo en enero y julio de cada año.

Al finalizar ese período de gobierno los ediles de Maldonado cobraron unos 2.500.000 de dólares mediante una resolución definida por el Tribunal de Cuentas de la República como “violatoria de los artículos 86 y 295 y en contravención a lo preceptuado por el artículo 211 literal b) de la Constitución de la República”.

El mecanismo de pago era violatorio de todas las normas que rigen la función pública. Cada mes el presidente de la Junta ordena la realización de un depósito bancario a nombre de la persona designada por cada bancada.

Luego esa persona distribuye el dinero en efectivo entre los ediles. Como se verá, no solo se violentaba la Ley de Bancarización, sino que además ese sueldo encubierto no tiene aportes al BPS y, como no figura en ningún lado, tampoco los ediles pagan IRPF.

La resolución del legislativo departamental estableció los respectivos aumentos, que entonces no refería a porcentajes sino a un monto concreto, y las fechas en que se percibirían. En julio de 2015 los ediles recibieron 25.000 pesos, hoy cobran 65.000 pesos. Un aumento que no ha tenido ningún trabajador público o privado en los últimos 6 años.

Peor. En noviembre del año pasado, ya instalada la actual legislatura, los ediles decidieron, sin explicitar ningún argumento, votarse un aumento del 28,33% retroactivo a octubre.

La resolución no exige a los beneficiarios la obligación de justificar gastos mediante comprobantes o declaración jurada. Por lo que tanto puede ser usada en tareas inherentes al cargo, para refaccionar la casa, viajar a Disney o pagar gastos de la campaña electoral.

La ley establece que ningún cargo electivo se puede votar sueldos o aumentos mientras dure su período. Todos los salarios de las autoridades electas, tanto nacionales como departamentales, son aprobados por sus predecesores. Salvo en Maldonado.

 

Todos los ediles del país incumplen con la Constitución

Según la Constitución, los legislativos ejercen el gobierno departamental junto al intendente. En cada departamento tienen su propia forma de funcionamiento. Si bien hay una ley que los rige a todos, el reglamento es propio de cada Junta. La mayoría se reúne una vez a la semana, otras cada 15 días, la de Montevideo cotidianamente. Pero las diferentes comisiones se reúnen entre sesión y sesión.

El artículo 295 de la Constitución establece que “Los cargos de miembros de Juntas Departamentales serán honorarios”.

Es una decisión de otra época. En este tiempo se puede considerar injusto que un funcionario público no reciba remuneración por su tarea.

Pero para que los ediles cobren es necesaria una reforma constitucional. En los años 90 el asunto fue incluido en un proyecto de reforma que la ciudadanía rechazó.

Sin embargo, los ediles de todo el país reciben algún tipo de pago. Algunas Juntas optaron directamente por una suma de dinero, otras entregan vales de combustible y otra como la de Montevideo entrega una partida para secretaría y combustible.

Hasta 2015 los titulares de Maldonado eran exonerados del pago de la patente de su vehículo, si lo tuvieran, y recibían una partida para telefonía celular. Además, para salidas dentro del país tenían un viático pero debían presentar facturas de gastos. En cambio, si salían al exterior, el viático es de 250 dólares diarios sin necesidad de presentar comprobantes.

Pero el que sea generalizado no lo hace menos inconstitucional e ilegal.

 

Qué opinaron la Jutep y el TCR

En el año 2017 la Junta de Transparencia y Ëtica Pública (Jutep), presidida por Ricardo Gil Iribarne en un extenso dictamen estableció lo siguiente: “A enero de 2018 la partida a pagarse a cada edil era de 37.294 pesos.

Y que hasta entonces los montos anuales pagados en total eran:

Año 2015: $ 4.683.036; año 2016: $ 11.129.155; año 2017: $ 13.285.980”.

Pero para el año 2021 el gasto llegará a $ 24.180.000.

La Jutep señaló que todos los años ese gasto era observado por el TCR. En su resolución el organismo de contralor de la ética pública estableció con claridad que el pago –y consiguiente cobro– era violatorio del artículo 295 de la Constitución. Que el mismo violentaba la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos. Y también varios artículos de la Ley 17.060 sobre Probidad y Ética de los funcionarios, así como varios decretos sobre uso de fondos públicos.

La resolución expresó finalmente que “al no publicarse en la web de la Junta Departamental la resolución que estableció el pago de estos fondos” no se respetaron principios de transparencia y se violó la Ley de Acceso a la Información Pública”.

Por su parte, el Tribunal de Cuentas de la República (TCR) señaló que “esa partida de dinero no estaba incluida en el presupuesto quinquenal, por lo que se trataba de una partida extra presupuestal de origen desconocido”.

En un nuevo informe del TCR, emitido el 3 de febrero de este año, reitera las observaciones al gasto con los mismos argumentos empleados cada año.

En el párrafo 4 y siguientes de su informe dice: al tratarse de una partida de carácter remuneratorio, se vulneraron los artículos 86 y 295 de la Constitución de la República;

– que asimismo, las actuaciones cuentan con principio de ejecución, en contravención a lo preceptuado por el artículo 211 literal b) de la Constitución de la República;

–  que en el acto administrativo que dispuso el incremento de la partida en forma retroactiva, no constan los motivos de la decisión;

El párrafo 7 dice algo nuevo: “ Si bien se propone por la División Jurídica dar cuenta de las actuaciones a la Fiscalía General de la Nación, este Tribunal, por unanimidad de sus integrantes entiende que no existe mérito para proceder en ese sentido”.

 

El ciudadano que denunció en Fiscalía

Germán Bonilla tiene 43 años, vive en San Carlos, es empleado del sector comercio en la ciudad de Maldonado.

Tuvo una muy corta militancia política entre el 2013 y el 2015, integrando el sector batllista del Partido Colorado. Ese año fue candidato a alcalde de San Carlos por la agrupación que lideraba Eduardo Elinger.

Bonilla era un ciudadano más de Maldonado, hasta que en 2015 una resolución de la Junta Departamental despertó su indignación.

Apenas asumieron, a propuesta del Partido Nacional, los ediles se votaron una cifra mensual que perciben como sueldo.

Entonces, con una constancia admirable estudió,  buscó documentos, elevó notas, mantuvo reuniones con organismos de contralor e integrantes de todos los partidos políticos, denunció en la fiscalía. Lo hizo casi en silencio.

“No buscaba notoriedad, solo me interesaba obtener justicia. Porque no es justo, ni ético ni transparente que se viole la Constitución, la ley y se usen arbitrariamente los dineros públicos”, dijo.

Bonilla fue entrevistado por este cronista.

 

¿Cómo calculan la cantidad de dinero a entregar?

En el pedido de acceso a la información que hice en 2017 eso no lo respondieron. Pero el tema es así: ellos tomaron como cifra base la que se fija como gasto para los representantes nacionales y luego se multiplica por la cantidad de ediles titulares de cada partido.

Ahora si usted toma ese monto y lo divide por la cantidad de ediles, da unos 65.000 pesos mensuales, pero la partida para gastos de los representantes nacionales es 41.605 pesos a enero de este año. O sea, supera el monto de lo que dice la resolución que ellos votaron.

 

¿Usted conoce el mecanismo que usan los ediles para repartir el dinero asignado?

El dinero se deposita en una cuenta bancaria a nombre de las personas designadas por cada sector. Esa persona retira el dinero y lo que pasa después es una incógnita.

En la última observación del Tribunal de Cuentas remitida a consecuencia del nuevo aumento del 28,3 % de esa partida de dinero votada en octubre del 2020. La Junta no fundamenta ese aumento y entonces la División Jurídica aconseja pasar todo este asunto a la Fiscalía penal, pero los ministros del Tribunal por unanimidad desechan ese planteo.

Primó lo político por sobre lo jurídico. Es muy grave porque los ministros del TCR en conocimiento de un presunto delito, no lo denuncian como obliga la ley a todo funcionario público. O sea, terminan siendo cómplices.

 

¿Esas cuentas bancarias están a nombre de los secretarios de bancadas?

Esa es la información que tengo. Pero no son los únicos, hubo personas que nada tenían que ver con la Junta, pero recibían el depósito al ser designadas por su sector.

 

¿Ese dinero que reciben los ediles no paga ningún impuesto?

Como no hay recibos, no pagan BPS ni IRPF. Y luego se lo gastan en lo que quieren porque no deben rendir cuentas. La resolución de la Junta establece que “esa partida se otorga para el mejor cumplimiento de sus fines”, pero en ningún lado establece cuáles son esos fines.

Entonces pueden pagar alquiler de locales partidarios, espacios radiales, arreglar el baño de su casa, cambiar el auto o cualquier otra cosa que se les ocurra, porque, reitero, no deben presentar comprobantes de gastos ni declaración jurada.

 

¿Le consta que haya ediles que no cobren?

Sé de un edil suplente que integra la Vertiente Artiguista (FA). Presentó una nota en la misma Junta, amparado por el artículo 295 de la Constitución y en el informe de la Jutep diciendo que él no quería percibir ese dinero y lo planteó en su sector político. Pero la Vertiente le dio razón al edil titular, que sí cobra, y a él lo marginó. También sé que un edil del PVP (FA) y otro del batllismo tampoco cobraron.

 

¿La Junta contrató cuatro abogados para defender a sus ediles?

Después de que presenté la denuncia en Fiscalía pasaron 9 meses para asignar un fiscal. Entonces ellos presentaron un informe firmado por los abogados Alvaro Garcé, Gonzalo Fernández, Carlos Delpiazzo y Gonzalo Aguirre.

A la población la Junta nunca le informó en qué se gasta el dinero ni cuánto costaron esos abogados. Porque la gente debe saber que todo el dinero sale del mismo lado. Lo pone la Intendencia de Maldonado que por otro lado jamás presentó una objeción a este asunto.

 

Qué hizo la Fiscalía

Después de algo más de dos años el fiscal Schubert Velázquez decidió el archivo. Y lo hizo basado en el informe de los cuatro abogados de la Junta y en un nuevo informe de la Jutep, ahora presidida por Susana Signorino (Cabildo Abierto), radicalmente diferente al anterior, que también se basó en el informe de los abogados de la Junta.

Ese informe hace ver la resolución de la Junta como un “acto administrativo”, lo que de alguna manera la  blinda. Las observaciones del TCR van al Senado, este no las trata y cobran fuerza de ley departamental. Ocurre que si un edil que en el pasado no cobraba podría presentar un recurso de inconstitucionalidad, pero al declararlo “acto administrativo”  lo blinda, porque a la SCJ solo puede ir una ley.

Después de la resolución fiscal, a Bonilla le quedaba el recurso de pedir un reexamen y entonces pasaría a otro fiscal. Pero para hacerlo necesitaba que lo presentara un abogado, que él no podía pagar.

“Como le dije, soy un empleado del montón, no puedo pagar un abogado”, dijo el denunciante. “Fui a la Defensoría de Oficio a ver si un abogado podía firmar la nota para presentarla en Fiscalía. Pero resulta que por unos pocos pesos –le juro que por unos pocos pesos– no califico para tener un defensor de oficio. Entonces esto se terminó”.

 

¿Se terminó?

Algunos ediles actuales que no estaban en el período anterior, y no están cobrando por decisión propia, han estado analizando la forma de denunciar esta situación. Aunque de todas maneras los dineros siguen llegando a la bancada.

La causa podría ser reabierta si aparecen nuevos denunciantes y otros elementos.

Bonilla dijo que “es una pésima señal sobre la ética y la transparencia del sistema político. Vea usted, en plena pandemia muchísima gente perdió su trabajo, otros muchos fueron al seguro de paro, pero los ediles se aumentaron un 28,3 % sus ingresos aún sabiendo que estaba en plena investigación fiscal. Eso revela falta de empatía y de conciencia social.

La Junta Departamental de Maldonado está muy lejos de la sociedad. A una empleada doméstica se le aumenta un 0,89%, a un empleado de comercio, 2%, pero estos señores se aumentaron un 28% una partida que ni se sabe en qué la usan.

Ocurre que todo el sistema, partidos políticos, Parlamento, organismos de contralor y la Justicia se abroquelaron para defender el mal uso de los dineros públicos.

Otro asunto no menor son la mayoría de los medios de comunicación departamentales que nunca pusieron en agenda este tema. Por eso el  sistema siguió operando sin críticas ni resistencia ciudadana, porque no mucha gente lo conoce. Tal vez tenga que ver con la enorme cantidad de dinero que la Junta gasta como publicidad.

Pero en Maldonado sucede algo muy interesante: la agenda periodística departamental la dirige la Dirección de Comunicaciones de la intendencia, porque los medios copian y pegan sus comunicados. Y abajo está la publicidad de la intendencia y la de la Junta”, dijo Bonilla.

 

Los gastos de publicidad

El 21 de agosto del año pasado, la periodista Mónica Robaina informaba en el semanario Brecha que “apenas asumió su primer período, en julio de 2016, el presidente de la Junta, Rodrigo Blás, convenció al plenario de instrumentar una campaña institucional de bien público para combatir los accidentes de tránsito y promover el pago de tributos a partir de una amnistía para deudores de la contribución inmobiliaria. Ese fue el punto de partida para una escalada en los gastos de publicidad que, además de «mejorar la imagen» de la Junta ante la ciudadanía, pretendían «respaldar a los medios de comunicación del departamento», según declaró Blás al terminar su segundo mandato, en julio de 2018.

De acuerdo a las facturas presentadas durante el ejercicio 2016, la Junta ejecutó 2.590.000 pesos en pauta publicitaria en medios del departamento; en 2017 llegó a 4,3 millones y, en 2018, a 5,8 millones. El ejercicio 2019 cerró con 7 millones de pesos y, en lo que va de 2020, ya se han gastado más de 4 millones. Hasta julio de este año, de 2020 se destinaron un total de 20 millones de pesos del presupuesto de la Junta en este período a contratar espacios publicitarios”, decía Robaina.

El 17 de noviembre pasado, la bancada de ediles frenteamplistas recurrió a la Justicia para acceder a información sobre los gastos en publicidad realizados en su año de gestión por el presidente de la Junta, José Luis Sánchez (PN).

Después de innumerables gestiones y pedidos de informe, tuvieron que recurrir a la Ley de Acceso a la Información.

Sánchez dijo que “el monto final a diciembre de 2021 por este concepto será de 14 millones, y no de más de $ 20 millones como sostiene el Frente Amplio. Tiran números al azar, pero lo real es eso”, afirmó.

El presidente de la Junta  negó que se hubiera contratado a medios de comunicación fuera del departamento y explicó que procuró “colaborar con los medios locales en el momento más complicado de la pandemia. Se dieron pautas publicitarias a medios locales del departamento, todos los que están en las pautas son del departamento de Maldonado. Se trató de apoyar a los medios locales”.

La Justicia ordenó que se entregara la información requerida por los ediles de la oposición. Y de esa información surge que Sánchez mintió, porque sí se otorgó publicidad a medios de comunicación de Montevideo y Rocha.

Pero, además, en el informe presentado por el Departamento Financiero-Contable de la Junta Departamental de Maldonado se establece que “no tiene resoluciones con respecto a esas compras. En algunos casos son órdenes de servicio, en otros presupuestos firmados por el presidente a modo de aprobación y en otros solo se presentan facturas. En todos los casos fue por compra directa, no hay contratos, ni información de las empresas ni sobre su cumplimiento”.

Además, según surge de las planillas entregadas, se dio dinero no solo a medios, también a personas, algunas desconocidas en la actividad.

6 comentarios en «Uso y abuso»

  1. paulina Marie Antoinette du Louis XVI et des dames exaltées Mdmes. Lamballe, Polignac, Elisabeth Louise Vigée Lebrun, Campan et Lamonjitaquepinte  | el 5 diciembre, 2021 a las 3:54 pm |

    Ya que uno de mis vasallos ‘mutante con pequinés’,
    me copia el nombre para agredir foristas,
    les diré que:

    Vosotros me turbáis y me azoráis…
    No tenéis derecho en hablar estas fruslerías
    tan populacheras y/o populistas cafres…
    Apóstatas…
    … redimíos…

    ¿Acaso no os enterásteis que en estos días…:
    una princesa de ojos rasgados de Japón,
    renunció al trono… «poor amoor…»?…

    ¡¡Cieelos y dios-tuyo!!
    ¿Acaso no comprendéis que estamos en un reino?
    Hablad “solo’” de reinas y/o princesas, (solo);
    /pues… vosotros poseéis
    reinas chetas-medio-pelo que pinchan los
    teléfonos de su corte. Y de su plebe chusma
    mal vestida, desagradable (y sin fumar «Lady Slim»
    o «Cohiba», ni poseer camisas Rigar’s,
    ni saben de Don Perignon ni de Ralph L.;
    u Cocó, Polo, Cartier…
    ni de la sigla: «VIP»… ps… ).

    No seáis antimonárquicos… apóstatas…
    ……………..turba morralla,
    ps…/;

    me producís náuseas, basca, angustias;
    siendo tan…: ‘sans culotte’… (exiguos);
    sois feos, bajos, díscolos y rebeldes;


    gentuza vulgar.

    Orad… regeneráos, y salváos,
    Y…:
    ………….Load al reyecico y su corte…
    ………….y permitidle el:
    …………»derecho de pernada»;
    … ateos…;
    hez canalla de pésimo aspecto poco dinástico.
    Chusma mal vestida.

    God Save The Tic

    • paulina Marie Antoinette du Louis XVI et des dames exaltées Mdmes. Lamballe, Polignac, Elisabeth Louise Vigée Lebrun, Campan et Lamonjitaquepinte  | el 5 diciembre, 2021 a las 4:05 pm |

      P.D.:
      ……¿¿-…»Maldo-qué…??…
      allí guardamos los
      palos de golf, la mosca de badminton, los implementos
      de cricket y la tabla de surf recién parafinada por mami…

      (En el chiquero los lechones colonos con acento
      campechano y golillas y boinas, para convencer
      a los giles vasallos de que somos de campo adentro…
      Si.
      Nuestra lechonada habla…
      Los reinos somos así…
      Imprevistos.
      Ajo y agua

  2. La política interna de la IM de Maldonado hace tiempo que es un nido de corrupción, acomodos y negociados. Crónicamente y severamente endeudada, hace del clientelismo el testaferrismo y el manejo discrecional de los dineros publicos, su forma de «funcionar».

  3. Y el director de tránsito de la intendencia de Rocha, DESTITUIDO POR ROBARLE 5000 PESOS, SÍ, 5000 PESOS!!!de la cuenta de Brou a una persona que dejó olvidada su tarjeta de débito en un cajero!!!! Si algo tienen estos pillos es la capacidad de no dar nunca por colmada la capacidad de indignación. Un asco.

  4. eduardo caballero | el 5 diciembre, 2021 a las 6:58 pm |

    QUE INSULTO AL PUEBLO URUGUAYO!!!!!!!

  5. Náuseas tengo con las noticias de todos los días que los canales de aire no dan….. Facho Álvarez….. Para cuándo esta investigación?? 🍼🍼😫😫😫

Comentarios cerrados.

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