Tabaré Vázquez hizo mención de la convocatoria a los distintos actores para llegar a llevar adelante la elaboración de la ley para tratar el consumo problemático del alcohol. Dejó claro que quienes integraron el grupo de trabajo no lo hicieron en función de los partidos políticos sino a título personal por el trabajo que ya tenían realizado al respecto. Hizo especial mención a lo que podría denominarse representantes sociales en la elaboración del proyecto. Tal el caso del gremio de la bebida, con la presencia de Richard Read, o el de comerciantes minoristas con Mario Menéndez. También estuvieron presentes representantes de la Academia Nacional de Medicina, Alcoholicos Anónimos e integrantes de instituciones del estado: Ministerio de Salud Pública, de Economía y Finanzas, Junta Nacional de Drogas y sectores educativos vinculados con la niñez y adolescencia. El trabajo se vio complementado con reuniones abiertas con integrantes vinculados al tema como los estacioneros, dirigentes de grandes superficies comerciales, y otros sectores. De esta forma «se generó el proyecto de ley que complementa el de Tolerancia Cero de alcohol en niveles saguíneos para quienes conducen, el día de reflexión al respecto y material a nivel educativo», dijo Vázquez. El presidente aclaró que no es elaborar un proyecto de ley seca, porque el carácter represivo no lleva a la solución final del problema: «El uso problemático de alcohol es un tema de salud pública, porque afecta no sólo a quien consume sino a otros componentes de la sociedad, fundamentalmente a los jóvenes», expresó. En Uruguay hay 260.00 con dependencia al alcohol, siendo uno de los principales factores de riesgo en la calidad de vida, de ahí la necesidad de una acción educativa: «Los más afectados jóvenes, mujeres embarazadas, y conductores», dijo Vázquez, y agregó: «Es en la adolescencia donde se definen el razonamiento, el comportamiento y las actitudes y es donde se ve la mayor afectación en el caso del consumo de alcohol. Siete de cada 10 jóvenes que consumen alcohol, tuvieron un episodio de intoxicación en los últimos 15 días». También informó que durante el embarazo puede alterar seriamente el desarrollo del feto y su viabilidad, causando el síndrome alcohólico fetal, «con retardo, anomalía faciales, problemas de aprendizaje y trastorno de la conducta», afirmó. Y aseguró que el consumo de esta sustancia genera más morbimortalidad que todas las drogas ilegales juntas, afectando gravemente la salud». Según Vázquez, el contenido del proyecto. adopta un paradigma de regulación en contraposición a uno represivo: «El fin es abordar los riesgos y prevenir los daños asociados», sostuvo. De acuerdo a lo informado, se pretende regular la distribución, comercialización, promoción o patrocinio de bebidas alcohólicas. Por medio de la educación, el Estado debe tratar de retrasar el inicio del consumo y promover programas en el ámbito educativo y comunitario, informar y tomar acciones para que se realice la detección precoz y el tratamiento de las personas afectadas. También se crea registro obligatorio de vendedores de bebidas alcohólicas y actividades conexas, el que abarcará a personas físicas o jurídicas que las distribuyan o comercialicen. En los establecimiento tendrá que estar expuesto que es un local habilitado para la venta de bebidas alcohólicas y que la misma está prohibida a menores de 18 años. A su vez se informó que sigue la prohibición entre las 24:00 y las 6:00 horas: «Se planteó ampliar ese horario desde las 22:00, pero no hubo consenso», señaló Vázquez. Se prohíben los concursos, torneos o espectáculos públicos que promuevan el uso de alcohol, con excepción de la cata, «porque nos pareció que había que contemplar a los profesionales». En espectáculos públicos que se vendan tendrá que haber dispensadores de agua gratuita y venta de agua embotellada. Los envases contarán con un etiquetado que marcará el grado alcohólico y tendrá un mensaje preventivo, diciendo el riesgo que se corre con su consumo. Se creará una mesa coordinadora que desarrollará plan estratégico de fiscalización. Para que se tenga una idea, Vázquez dijo que «hoy, a un inspector de la DGI, le importa si el comercio pagó o no sus impuestos, y si vende alcohol a menores de 18 no es su tarea y no informa. Con este proyecto de ley pretendemos que todos controlen todos los elementos que se debe para la aplicación correcta de la normativa». También aclaró que «la ley será de orden público».
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