Venezuela: A votación el Decreto de Emergencia Económica

Este viernes es un día clave para el futuro y el equilibrio institucional de la República Bolivariana de Venezuela: la Asamblea Nacional deberá aprobar o denegar la habilitación del Decreto de Emergencia Económica (DEE) emitido por el ejecutivo, y discutido desde el 19 de enero en el legislativo. Pese a que ese instituto está previsto en el texto constitucional en determinadas condiciones, una negativa del Parlamento a su implementación -que debe hacerse sin modificaciones- pondría a Venezuela en el umbral de una nueva confrontación entre el Poder Legislativo y el Tribunal Supremo. En el curso del debate, el Parlamento interpelará a los ministros del área económica y al presidente del Banco Central, Nelson Merentes, acerca de la pertinencia de la medida. El DEE no sólo otorga al Poder Ejecutivo la potestad de confiscar medios de producción, de transporte y servicios, además de darle facultades para intervenir directamente en el abastecimiento y en la cadena de formación de precios en el mercado, sino que también le adjudica plenos poderes sobre decisiones que en condiciones normales corresponden a la Asamblea Nacional. Preparándose para lo que se viene, el presidente Nicolás Maduro y el equipo presidencial en pleno, procedieron a la instalación del Consejo Nacional de Economía Productiva. Se trata de un ente asesor del Ejecutivo, que cuenta con 45 especialistas en diferentes áreas, pertenecientes tanto a empresas afines al gobierno, como a organismos del Estado y representantes de distintas fuerzas sociales. Maduro justificó la creación del organismo, así como el DEE, por la situación “catastrófica” que está viviendo el país, cuyas causas atribuye a la guerra económica desatada contra su gobierno y a la crisis sistémica del capitalismo.   De “rentistas” a “productivos” La circunstancia capital de que durante 2015 Venezuela perdiera el 70 % de los ingresos que le genera la exportación de petróleo, reactivó las mediaciones diplomáticas con los productores de crudo (pertenezcan o no a la OPEP), entre los que juega un papel privilegiado la República Islámica de Irán, con cuyo presidente Hasán Rouhani, se comunicó Maduro para acordar una estrategia conjunta con el resto de las potencias petroleras para enfrentar la crítica coyuntura de un mercado que en la pasada semana llevó los precios al mínimo de 28 dólares el barril. La coordinación con Irán se ve favorecida por el cese de las sanciones internacionales que pesaban sobre la República Islámica (con el solo voto negativo del Estado de Israel) y por la histórica buena relación entre ambos países, que fue determinante al comienzo del primer gobierno de Chávez, para que los países integrantes de la OPEP acordaran la fijación de un techo para la exportación de crudo, que asegurara sus precios en el mercado internacional. Obviamente que el eventual fracaso de un acuerdo con Irán proyectaría los precios aún más a la baja por la incorporación de este país a un mercado desestructurado, entre otros factores, por la crisis del Oriente Medio. La situación “catastrófica” a la que alude el mandatario venezolano se refleja, entre otros guarismos, en la inflación más elevada del orbe, en un déficit del PBI cercano al 23 %, en la escasez de insumos industriales, en el desabastecimiento crónico de productos de primera necesidad, en el incremento de la especulación y el acaparamiento, así como en la persistencia de la corrupción endémica que padece Venezuela. El vicepresidente Aristóbulo Istúriz fue el encargado de exponer los principales puntos de la agenda que deberá abordar el Consejo de Economía Productiva, con el objetivo de “pasar de una economía rentista a una economía productiva”. Las principales líneas de acción del plan abordado -para cuya concreción ya los ministros y sus equipos recorren todo el territorio venezolano- consisten en utilizar los recursos del ejercicio económico-financiero de 2015, en el fortalecimiento de las misiones sociales, la inversión productiva y el abastecimiento. Luego, en dotar de recursos extraordinarios a sectores como salud, educación, abastecimiento y vivienda. A ello se agregarían medidas para reducir la evasión fiscal y la agilización de las compras del Estado y el tránsito de mercaderías, así como de la importación y nacionalización de mercancías. A su vez, se plantea el incremento de la producción (particularmente en rubros no tradicionales), el estímulo de la inversión externa y el fortalecimiento del sistema de misiones y de grandes misiones. En definitiva, según expresó Istúriz, se trata de terminar con un modelo rentista que ya está agotado, que fue impuesto por el capitalismo y que ha beneficiado a las élites económicas, y desplazarlo por un sistema productivo, que garantice y estimule la participación en todos los ámbitos del sistema económico beneficiado. El resultado del mismo en la actual coyuntura, de acuerdo al vicepresidente, se traduce en el acaparamiento de productos, en el sabotaje a la producción de alimentos y al suministro de energía, al desarrollo exponencial de la usura y a la proliferación de las “guarimbas” como instrumento de sabotaje y terrorismo organizado.