Cerealera Vicentin pasa a control estatal en Argentina

Lo que no parece ser relevante es que la empresa, que había celebrado su aniversario número 90 en setiembre pasado, estaba declarada en default. Vicentin está fundida y su principal acreedor es el Estado argentino, a quien le adeuda 18.300 millones de pesos argentinos (casi 30 millones de dólares) por medio del Banco de la Nación y otros 1.600 millones de pesos (2 millones y medio de dólares) por medio del Banco Provincia de Buenos Aires.

Entonces los altavoces de la derecha afirman que el gobierno de Alberto Fernández ha expropiado una empresa, lo que suena a tomar el control de un bien en perfecto funcionamiento, cuando la realidad es otra. Dentro del modelo capitalista imperante, se ha dado ya como costumbre que las grandes empresas que por una u otra razón entran en default son financiadas, subsidiadas e intervenidas por los Estados con el fin de salvaras, obviamente manteniendo la propiedad sobre las mismas. En otras palabras, los Estados y sus ciudadanos subsidian a las empresas, que, una vez recuperadas, mantienen la concentración de las ganancias en sus propietarios, mientras que, seguramente, también serán beneficiarias de alguna exención tributaria para estimular su funcionamiento.

Las grandes empresas, durante las bonanzas de los commodities, mantuvieron las condiciones laborales de sus empleados igual que antes y fueron los escenarios de negociación colectiva los que permitieron el avance en los beneficios de sus trabajadores. Sin embargo, cuando llegan las vacas flacas, ha sido ya una costumbre que la sociedad en su conjunto salte al agua para salvar a las empresas. La contracción económica que está generándose con la pandemia está dando buena cuenta de ello en países como Chile, Colombia y Perú, donde los Estados tienen débiles políticas de asistencia social a las capas más sumergidas, pero se están destinando gruesos aportes para financiar las crisis empresariales de las aerolíneas y otros sectores.

Entonces, el primer factor a tener en cuenta en la situación que hoy corresponde a Vicentin es que el Estado argentino está dispuesto a intervenir la empresa con el fin de que continúe su producción, pero con el propio control estatal, ya que es su principal acreedor, y la misma ya fue declarada en default. Por lo tanto, la expresión “expropiación” no sería la más exacta para este caso, pues si quien pasa a hacer el cobro no fuese el Estado argentino sino una entidad financiera, se estaría hablando posiblemente de un embargo.

Uno de los asuntos que entra a jugar en esta situación, para que se muestre configurada como expropiación, es el carácter de interés prioritario del Estado en el tipo de producto generado por la empresa, pues se trata de la producción de alimentos, por un lado, y del potencial generador de divisas por el otro, al ser una empresa con amplio perfil y experiencia en exportación.

Es ahí donde entra el debate de la soberanía alimentaria, que la docente de la Universidad de La Plata Nora Tamagno expresa en su artículo “Vicentin y la Soberanía Alimentaria. Una disputa de sentidos necesaria”, publicado en el portal Contrahegemonía, pues asegurar la producción alimentaria local es una cosa, que esta producción esté destinada a cubrir primero la demanda interna que la externa es otra, y que esto permita a la población el acceso al producto y la producción autónoma de alimentos es otra diferente: “Sobre la producción agropecuaria de nuestro país y para hablar desde el sentido común (casi perdido en la política de los últimos años), resuenan siempre frases como: somos (fuimos) el granero del mundo y producimos alimentos para 400 millones de habitantes, entre otras afirmaciones que son utilizadas para los fines más dispares: justificación de prácticas extractivistas y del avance de frontera agrícola y defensa de la biotecnología y de la propiedad privada de las semillas. Pero también se usan para sostener reclamos de cambios de ciertos aspectos, como por ejemplo: tenencia de la tierra, producción familiar, etc. Últimamente se han sumado en los discursos conceptos como el de soberanía alimentaria y la importancia de la producción familiar, que aparecen también en el anuncio del presidente. Sobre estos es necesario avanzar en el análisis para ver en definitiva si todas y todos hablamos de lo mismo cuando los mencionamos”.

En ese sentido, el paso a control estatal de Vicentin es importante en el reconocimiento de la necesidad de priorizar el sector alimentario desde la perspectiva macroeconómica en un país que sufre profundas deficiencias sociales como Argentina. Pero, por otro lado, abre la posibilidad de avanzar en un debate que no ha logrado posicionarse en la agenda política central, pero que lleva años dando vueltas por los discursos de la izquierda y es el de la soberanía alimentaria, que básicamente es la posibilidad de los miembros de una nación para decidir el tipo de alimentos que pueden producir y las maneras como los pueden producir, sin estar sujetos a los vaivenes del mercado, en un contexto de autonomía e independencia.

El caso de Vicentin no resuelve lo anterior, pero lo vuelve a posicionar en el debate, sobre todo en estos momentos, en que la mayor parte de  la gran economía tiene sus ojos puestos en el extractivismo de recursos no renovables destinados a combustibles, o peor aun, en tiempos en que muchos de los agronegocios están destinados también a la producción de biocombustible y no a la alimentación de los seres humanos.

Por otro lado, Vicentin es una empresa con una larga tradición exportadora, que está dentro de las más grandes de la región; sobre ese particular, Nora Tamagno plantea: “Pero, si consideramos que las exportaciones agropecuarias en Argentina están en manos de pocas empresas multinacionales, y que además exportan la producción (al igual que las mineras) por puertos privados y bajo declaración jurada (esto es: el Estado debe creer las cantidades que ellos dicen exportar), lo que genera sangría de recursos y evasión impositiva, no es necesario ser experto para darse cuenta de la importancia del control estatal en una empresa de esa envergadura. El Estado, si la controla, podrá tener una empresa testigo para el sector, lo que le permitirá, además del control de dólares de sus operaciones, tener conocimiento directo e injerencia en muchos eslabones de la cadena, entre otros beneficios”.

Este es uno de los grandes temores que se levantan dentro de los grandes sectores empresariales a la hora de hablar de control estatal de las grandes empresas relacionadas con la venta de productos por fuera de los servicios públicos domiciliarios (y a veces incluyéndolos), y es que los Estados puedan entrar como un jugador más al mercado y lograr regular las condiciones internas del mismo, cosa que el esquema capitalista “globalizado” rehúye, pues busca que el Estado controle desde afuera las reglas de entrada y salida, pero que nunca participe en el juego. Así garantiza cosas como los acuerdos sectoriales que pongan los precios por arriba de los márgenes de ganancias o los monopolios encubiertos.

El caso del control estatal de Vicentin se ha convertido en el primer ejemplo de una posible realidad pospandemia, en la que los Estados (que quieren) revisarán sus fragilidades y la dirección que desean tomar con respecto a sus sociedades, sin desvirtuar, como en principio parece ser, que el sistema en que vive esta humanidad sigue siendo el mismo que antes del Covid-19.