Víctimas del terrorismo de Estado piden activar causas por violación a DDHH

Sobre un estrado levantado a pocos metros de la sede de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) se proyectó un video son testimonios de expresos políticos y familiares de desaparecidos. Hubo actuación de cantores populares y la lectura de una proclama. Dicho acto se realizó en el marco del 165 Período Ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDDHH) que se realiza en Montevideo.

Indican los organizadores que se trata de un conjunto de acciones y medidas llevadas a cabo por diferentes grupos de víctimas desde la apertura democrática que “hemos recorrido todos los caminos legales posibles, en forma de testimonios, libros, acciones de organizaciones de DDHH nacionales e internacionales ante las instituciones, frente a la sociedad toda”.

“A lo largo de estos años, hemos logrado algunas leyes parciales de reparación y restitución, instancias de memoria y reconocimiento; traducidas en normas y agendas de derechos que se institucionalizaron”, subrayan.

No obstante, “es insuficiente, puesto que la cultura de la impunidad sigue presente en el antes como en el ahora, y sigue insatisfecha la demanda de justicia”.

De esta manera, aprovechando la reunión de la CIDDHH en Montevideo, es que decidieron compartir “una gran preocupación”: “Esta se motiva en la extraordinaria demora que sufre el trámite de 300 causas penales iniciadas hace ya muchos años”.

Recordaron que los crímenes de Lesa Humanidad “se siguen perpetuando en el tiempo, y son una afrenta y ofensa a la dignidad de las víctimas directas, a la sociedad uruguaya y a la humanidad”.

Los demandantes reclaman que “se cite a quienes hemos acusado, queremos que se den curso a los expedientes, queremos que se condene a aquellos que los jueves encuentren culpables. Hay decenas de pedidos fiscales de procesamiento por estos delitos, la justicia tiene que expedirse y no permitir ser demorada por las chicanas y dilaciones que están interponiendo los acusados”.

“Exigimos que el Estado uruguayo cumpla con las sentencias internacionales, que cumpla con la Constitución de nuestra República, que desarrolle una política pública de persecución penal a los delitos de lesa humanidad, delitos que no son prescriptibles según el derecho internacional”,

“Queremos vivir en un país en el que haya justicia. Por nosotros, que fuimos víctimas del terrorismo de Estado, pero, especialmente, lo queremos por la sociedad uruguaya, la de hoy y la de nuestros nietos”, termina la declaración leída en el acto de la Plaza de Cagancha.