¿Vivir sin miedo?

La altisonante propuesta “Vivir sin miedo”, mediante la cual el grupo político Alianza Nacional busca someter a democracia directa unas pocas y fuertes medidas supuestamente contra la inseguridad y la criminalidad, tiene como voceros al senador Jorge Larrañaga y al intendente de Colonia, Carlos Moreira, quien fuera subsecretario del Ministerio del Interior (MI). La apuesta a modificar la Constitución para lograr ciertas medidas es explicada por ambos debido a la imposibilidad de conseguir mayorías legislativas en esos temas, lo que obliga a intentarlo por la vía de un plebiscito. Ambos políticos nacionalistas aseguran que sus planteos coinciden con la opinión pública, aunque políticamente no hayan concitado hasta el momento apoyo alguno entre los otros grupos del Partido Nacional, recibiendo incluso críticas del propio Luis Lacalle Pou. De plano, parece altamente demagógico encarnar la opinión pública en un tema técnico que debería ser liderado por especialistas y políticos que convirtieran la opinión técnica en discurso accesible a la gente. Si los temas de interés público fueran resueltos según los sondeos de opinión, deberíamos abolir las universidades y quedarnos sólo con la ‘universidad de la calle’ y los resultados de la prédica mediática. Cobraría sentido aquella peligrosa propuesta del candidato estadounidense independiente Ross Perot, de que se gobernara desde múltiples opciones exhibidas en grandes pantallas entre las cuales la gente escogería las medidas a adoptar mediante la marcación electrónica de las alternativas elegidas. Arrancamos mal, muy mal, si líderes políticos creen que deben gobernar según el sentir y saber populares. No sólo es demagógico y populista, sino también profundamente ignorante del papel de iluminación y liderazgo que los políticos deberían tener y han tenido en el pasado. Es además una muy prosaica interpretación de la representatividad en política. Es más oportunismo electorero que una seria propuesta técnica que contribuiría a aproximarse a soluciones reales. En efecto, al menos dos de las medidas endurecen la normativa respecto de manifestaciones criminales recientemente ocurridas con una espectacularidad que dura en la retina de la opinión pública. En otro orden de cosas, también parece poco saludable que la gente se acostumbre a creer que sus neófitas convicciones, adquiridas sin formación específica, puedan competir con las de especialistas de larga formación y experiencia. Y que se piense que debería gobernarse según el absurdo latino de que Vox Populi es Vox Dei, que la voz del pueblo es la voz de Dios; nada más alejado del camino de la adecuación técnica que este radical populismo inconducente, sobre todo en estos tiempos de ciencia y tecnología avasallantes y de máxima alienación histórica de las masas. Veamos, de todos modos, las principales medidas propuestas por el plan “Vivir sin miedo”.   Guardias nacionales Hace mucho tiempo que en Uruguay, después que en el resto del mundo, se proponen guardias nacionales. Si no recuerdo mal, fue el ministro del Interior durante el episodio del Filtro, Ángel Gianola, quien las propuso por primera vez. Era entonces una moda continental difundida por Estados Unidos, que, de vuelta de la alianza con los militares aceitada con la versión continental de la Guerra Fría -el llamado plan Cóndor-, cambiaba su política de Seguridad Nacional por la de Conflictos de Baja Intensidad. La mala ventura de las dictaduras militares o cívico militares y la necesidad de no apoyarse tanto en el belicismo exterior, sino en el interior, llevaba a utilizar a las policías y a las guardias nacionales. En la medida que las hipótesis de conflicto no eran político ideológicas, sino de un enfrentamiento de magnificados peligros públicos que ameritasen una profundización del control y una caída del garantismo, asuntos como el sida, la infraccionalidad, la criminalidad, las drogas, el narcotráfico y, en algunos lugares el terrorismo, se convertían en conflictos de baja intensidad, justificadores de la mantención de espionaje, la inteligencia, y la erosión del aprecio popular por el garantismo y las libertades a cambio de seguros demagógicos contra miedos e inseguridades inyectadas. Los militares son entonces reciclados en apoyo de los ahora preferidos grupos de control geopolítico neoimperial: las policías, capaces de lidiar con los conflictos de baja intensidad y sin el estigma que las dictaduras del plan Cóndor habían arrojado sobre los militares. Pero los militares, sobre todo en territorios fronterizos, podrían reforzar las tareas policiales, aumentando el número de las ‘fuerzas conjuntas’ con las cuales imperar por el orden público y la seguridad. Es el caso de la propuesta de “Vivir sin miedo”, en los 20 kilómetros de territorio binacional, con preparación policial, un estatuto adecuado y coordinación con las policías, las guardias nacionales contribuirían numéricamente a las funciones policiales, que, se rumorea, estarían desbordadas por la criminalidad y en especial por formas nuevas de criminalidad tributarias del modus viviendi y operandi de los grupos de narcotraficantes, repúblicas parcialmente sustraídas al dominio del Estado y a las normas de convivencia medianamente aceptadas por el grueso de la sociedad integrada. Es una falsa solución. Es sólo un agregado numérico a las policías. El argumento de que son regidos desde una verticalidad y disciplina de las que carecería la Policía es de doble faz: por un lado sugiere que hay algo del problema debido a la insuficiencia de la verticalidad de mandos y de la disciplina militares; por otro, es fácil advertir que acciones e investigaciones policiales podrían necesitar más fluidez, improvisación y creatividad que verticalidad y disciplina. Es cierto que hay guardias nacionales en distintos países modernos; pero en ningún caso se ha dicho si han funcionado bien y si han reducido la criminalidad en buena yunta con las policías; y de eso no se nos ha dicho nada probablemente porque no han hecho ninguna diferencia, que es lo que sería lógico esperar teóricamente desde este puramente cuantitativo invento. Son fuegos artificiales para la población con perfil militarista, incitada por el coyuntural aumento de la criminalidad en territorios fronterizos.   Allanamientos nocturnos Es cierto, como dicen los defensores de las medidas de «Vivir sin miedo», que los hogares no son solo bucólicos altares de la familia modelo, y que en muchos y crecientes casos, el narcotráfico, sobre todo en la venta al menudeo, se radica en casas de familia de bajos recursos que funcionan como bocas de expendio o como lugares de estoqueo de mercadería. Los allanamientos nocturnos facilitarían la detección intervenida de bocas de venta, aunque en realidad la multitud de ‘arreglos’ de los vendedores con los agentes de la ley no hará tan útil la medida, porque facilitará amenazas extorsivas u ofertas de advertencia sobre allanamientos. De todos modos, siempre hay que ver si en la santa indignación por la vigencia de la ley no se sacrifican valores importantes para la vida cotidiana de las más diversas personas, grupos y empresas. Bien decía el exministro de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) Pérez Manrique que la ‘seguridad’ no es el único valor y derecho a proteger. Un ejemplo de enorme molestia muy superior a sus beneficios es la ‘tolerancia cero’ a determinados consumos estigmatizados; los índices de accidentalidad y de fatalidad no mejoran sustantivamente, pero sí queda dificultada toda la vida laboral, empresarial y familiar; todo el ocio, entretenimiento y diversión sepultados en aras de fanáticos higienistas desmesurados.   Reclusión permanente Otra disposición casi ad hoc, como reacción excesivamente veloz a delitos de alta visibilidad pública y muy cruentos, lo que nunca se debería hacer para legislar penalmente, como sostenía la Dra. Adela Reta. De ese modo, los códigos se convertirían en una hiperinflada acumulación reactiva a hechos masivos y no a una madurada jerarquización de conductas típicas. Se establece, para unos pocos delitos ‘gravísimos’ la reclusión permanente (se trata de la nominación de delitos de abuso de menores con muerte, sicarios únicos y múltiples, delitos reactivos oportunistas) hasta el fin de la pena sentenciada, con revisión por la SCJ a los 30 años. Se eliminan fianzas, libertades condicionales, salidas transitorias, libertad anticipada y cualquier instituto que pueda impedir el cumplimiento continuado de la pena, con la finalidad de impedir reiteraciones, recidivancias y recaídas que permitan actuar delictivamente a algunos reclusos. De nuevo, es oportunista y altamente conflictiva con cualquier proceso de rehabilitación que incluya a esas medidas como escalones y apoyos para el proceso. Los proponentes confiesan que son medidas necesarias pero muy insuficientes. De acuerdo, sólo que no es seguro de que sean siquiera necesarias, salvo para cazar votos de incautos, que, nobleza obliga, abundan.