Eugenio Raúl Zaffaroni estuvo en Uruguay. Invitado por el Centro de Estudiantes de Derecho (CED), el ministro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y exministro de la Corte Suprema de Justicia de la República Argentina brindó la conferencia Memoria y derechos humanos. Durante casi una hora, disertó sobre la actualidad política de América Latina, pero sobre todo sobre la importancia de que el Poder Judicial sea un freno a los poderes punitivos que acechan en todos los rincones del continente. Apenas iniciar, el jurista señaló la importancia que tendrá el derecho penal en este siglo y para eso contextualizó sus palabras. “Estamos viviendo un mundo complicado”, dijo Zaffaroni. Señaló que actualmente dos tercios de la población mundial viven en condiciones de necesidad o de supervivencia y el otro tercio consume lo que no necesita para sobrevivir. Para proveer a este último grupo de esos elementos suntuarios “estamos deteriorando aceleradamente las condiciones de habitabilidad humana del planeta”, agregó. Esto se traduce en una constatación: el capitalismo cambió. “Ahora tenemos un capitalismo predominantemente financiero, que se concentra en grandes corporaciones transnacionales. Se terminó la Guerra Fría, se acabó el totalitarismo comunista y ahora nos avanza un totalitarismo corporativo […] En este esquema, nuestra región está padeciendo una abierta regresión en materia de derechos humanos”, afirmó Zaffaroni. El jurista explicó que las primeras referencias a los derechos humanos refieren a la “timidísima” Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948. ¿Por qué? “Porque se había visto lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, la Shoá y otras atrocidades. Hubo genocidios antes, sí, pero cuando se produjeron en el territorio civilizado y los muertos tenían la mismas carencias de melanina que los otros, se asustaron”. Sin embargo, esa declaración de 1948 no fue producto de un proceso racional, en el que la humanidad se sentó a pensar sobre su importancia, sino que “es el resultado del miedo”. “Se juntan nuestros jefes de manadas –porque somos animales– y un día declaran, nada más y nada menos, que ‘todo ser humano es persona, y por ende debe ser tratado como persona’ […] Hoy día eso es derecho positivo, no tenemos que ir al derecho natural o a la supralegalidad”, afirmó Zaffaroni. “El objetivo político está en el derecho positivo”, resaltó. El problema actual, según dijo, es que ese totalitarismo corporativo “ocupa el lugar de la política” y “los políticos del norte se convierten en administradores o gestores de las corporaciones transnacionales con sede en sus países”. A esto se le suma que en algunas regiones del mundo, como los Estados les molestan, los destruyen (caso de Siria o Mali), y en otras, “como la nuestra, los debilitan”. Esas corporaciones son las que someten a nuestra región a mantener “un desarrollo tremendamente contenido”, con datos significativos: América Latina es el continente con el mayor índice de tasa de homicidios y de peor distribución de la riqueza (medida por el coeficiente de Gini). “Todo esto es resultado de la violación de nuestro derecho humano al desarrollo, que para nosotros es un derecho humano de primera generación”. Si a los muertos por muertes violentas se les suman los muertos por otras carencias de desarrollo (salud, depresión, inseguridad laboral o infraestructura), “nos damos cuenta que con una extraordinaria paciencia estamos armando un Hiroshima y Nagasaki por año, es decir, un genocidio por goteo”, enfatizó. “Este es el mundo en qué nos toca actuar y pensar el derecho penal”. Pero señaló que en este contexto “es difícil pensar y defender un derecho penal con límites, porque este totalitarismo corporativo implica el montaje de un proyecto de sociedad, que nos quieren imponer o modelar, que tiene 30% de incluidos y 70% de excluidos. Y a un descartable hay que contenerlo. El modelo de sociedad 30-70 no cierra sin represión”, afirmó Zaffaroni. La justicia como límite El totalitarismo corporativo se vale de los defectos institucionales de los países de la región, pero fundamentalmente del monopolio de medios masivos de comunicación –sobre todo la televisión– y de la manipulación de segmentos del Poder Judicial. “En base a eso dan golpes de Estado, como en Brasil, y basados eso pueden confundir a una población y dañar el honor de cualquier persona con las difamaciones más absurdas, como en mi país [Argentina]”. El problema principal, empero, es la creación de realidad: “No vivimos una realidad que vemos, sino una realidad que nos construye un medio de comunicación, nos comunicamos sobre datos de una realidad construida […] Y la realidad que se nos construye a través de los medios de comunicación nos impulsa a la vindicación […] Nuestros políticos son rehenes, están presos, de los medios de comunicación y lo más barato que les puede salir estar cinco minutos en televisión es presentar un proyecto de ley penal disparatado, por supuesto”. “Como resultado, en toda la región, tenemos un proceso de descodificación, una multiplicación de leyes penales; quedan muy pocas cosas que no sean delito”. Esto implica que las cárceles se van llenando, no de homicidas y violadores, sino de responsables de pequeños delitos contra la propiedad o de tráfico de tóxicos prohibidos, hasta llegar a casos extremos como Brasil, donde hay 700.000 presos y 600.000 órdenes de captura que no se ejecutan porque no hay lugar para encerrarlos. En este marco, Zaffaroni afirmó que no se debe confundir derecho penal con poder punitivo. “El poder punitivo no lo ejercemos escribiendo libros ni lo ejercen los jueces, el poder punitivo lo ejercen las policías, en el sentido amplio, las agencias ejecutivas […] No somos nosotros quienes salimos a la calle a seleccionar clientes, nos los traen en el coche oficial”. Al contrario de lo que se cree, el poder jurídico –jueces y fiscales– posee un semáforo: “Nos traen un candidato, un pibe que estaba en una plaza fumando un porro, y si somos conscientes, le ponemos la luz roja al poder punitivo y le decimos que se vaya para la casa –hay algún idiota que no hace eso–; nos traen a un tipo que mató a su mujer o la quemó y le damos luz verde, que pase. Y en el medio tenemos una luz amarilla, que dice que hay casos que no están tan claros”. “Ese es el poder que tenemos, un poder de contención y de filtraje del poder punitivo”. “No ejercemos el poder punitivo […] el poder punitivo lo ejercen las agencias ejecutivas; nosotros podemos contenerlo si servimos para algo”. Sin embargo, Zaffaroni afirmó que los jueces deben tener en cuenta que cada sentencia “es un acto de poder” y que “no hay ningún poder apolítico”. “Lo que hacemos en nuestra doctrina jurídico penal es un proyecto político”, señaló. En este contexto, puntualizó que la doctrina jurídica de América Latina tiene una fuerte impronta de la doctrina alemana, pero debe tenerse en cuenta que “en Alemania nada fue ascético” y que cada doctrina fue producto de un momento histórico y político específico. “Todo lo que trajimos lo hemos vaciado de contenido ideológico, nos creíamos que importábamos los modelos de la Volkswagen, cuando estamos importando proyectos políticos. Tenemos que dejar de copiar a los alemanes, tenemos que imitarlos, no copiarlos y hacer nuestros propios proyectos políticos”. Por eso se debe tener cuidado con la metodología dogmática que se utilizará. “No podemos hacer una dogmática que nos prive de la incorporación de los datos de realidad porque no se puede hacer ningún programa político sin tener en cuenta los datos de la realidad, salvo que lo que hagamos sea un delirio, algo absolutamente suicida”, agregó Zaffaroni. “Si nos salimos del campo de la dogmática, vamos a caer en el campo del romanticismo […] Sigamos en el camino de la razón, pero ese camino requiere datos de la realidad. No se puede hacer dogmática penal sin incorporar datos de la realidad de la sociedad en que nos toca vivir”, dijo. Y se preguntó cuál era el sentido de qué el poder jurídico maneje bien el semáforo: “Es muy importante penar a los genocidas, sí. Pero cuidado, eso no previene el genocidio. El genocidio, sociológicamente hablando, se produce cuando se descompone el semáforo y no hay contención jurídica del poder punitivo. Cuando desaparecen los tribunales y los jueces, el poder punitivo no desaparece, sino que ese poder punitivo, ejercido por las agencias ejecutivas, se ejerce sin límites. Eso es un genocidio”. “Fíjense lo que pasó en el siglo pasado: no hubo ningún genocidio sin intervención de agencias ejecutivas, como la KGB, la Gestapo y la CCS. También hubo militares y ejércitos, pero no en función bélica, sino en función policial”. “Proyectar la contención jurídica, que es la función de la doctrina jurídica penal, es proyectar contención y prevención del genocidio”, concluyó Zaffaroni.
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La batalla antes de la masacre
Eugenio Zaffaroni afirmó, en diálogo con Caras y Caretas, que el totalitarismo corporativo pretende imponer una sociedad 30-70, algo que sólo puede hacerse con represión. “Se necesita un aparato represivo que se monta con el pretexto del pibe de gorrita de la villa. Siempre que hubo emergencias y el poder punitivo se desbordó, lo hizo en función de otros peligros y sirvió para otras cosas: Satán, las brujas, los herejes, la sífilis, el comunismo internacional, el alcoholismo, la droga. Sin embargo nunca resolvió ninguno de esos problemas”. En este sentido, Zaffaroni afirmó que la forma de confrontar ese proyecto es hacer política “en todos los frentes”. “No es una cuestión que la vamos a resolver desde el derecho penal, es una batalla cultural. Una batalla cultural que, por supuesto, se puede ganar. No sé si antes o después del genocidio, pero se puede ganar. Si estamos hablando, es porque antes se ganaron batallas de esta naturaleza, si no, no existiríamos. Hay que tratar de ganarla antes de que se produzca una masacre”, afirmó Zaffaroni.
“En Argentina hay una regresión en materia de derechos humanos”
¿Cómo visualiza el Poder Judicial argentino? ¿Se ha convertido en una corporación? No. La idea corporativa es una idea piramidal. El Poder Judicial argentino no es una corporación. Es un poder en el cual hay muchos grupos internos y, fundamentalmente, hay un sector consciente; hay otro sector que está al servicio de una retaliación –que me recuerda mucho a 1955 y el gorilismo de la revolución libertadora o fusiladora, como más guste– y hay una enorme masa, en el medio, de gente que dice que va a hacer su trabajo, que llega a las 7.00 de la mañana, lee sus expedientes, hace sus sentencias, y dice que no sabe nada de política, y a la larga pasa lo que pasa siempre cuando alguien dice eso. Cómo decía Perón, “el que no sabe nada de política, no hace política y se la hace otro”. Temo que el enorme desprestigio que ante la opinión pública está ganando el Poder Judicial argentino, mañana, cuando esto de alguna manera se acabe -porque se va a acabar, como acabaron los dos anteriores planes económicos similares, el de [José] Martínez de Hoz y el de [Domingo] Cavallo-, cuando se cierre el embudo y venga la crisis, el chivo expiatorio será toda la Justicia, incluso ese segmento del medio. Por eso les digo constantemente que pongan distancia de esa minoría que se está jugando a una política de retaliación, de venganza, de maniobra política, de esa minoría que está haciendo con Cristina Fernández lo mismo que la Justicia de Brasil está haciendo con Lula o lo mismo que la Justicia paraguaya quiere hacer con Fernando Lugo. Pongan distancia porque, si no, los van a ensuciar a todos. ¿La Justicia argentina se ha politizado? La palabra no es politizado, hay un grupo que está claramente partidizado. La Justicia siempre es política, pero hay un grupo abiertamente partidizado. En toda mi vida, que es larga, no vi otro momento de una persecución política tan agresiva de parte del Poder Judicial como este, salvo en 1955. ¿Cómo percibe la regresión que ha tenido el desarrollo jurisprudencial argentino con la aplicación de la teoría del 2×1 para los responsables de graves violaciones a los derechos humanos? Es lamentable. Pero no sólo el 2×1, también el caso Fontevecchia. Nos ha causado un enorme desprestigio en la región. Estamos haciendo un papelón con eso y con el caso de Milagro Sala. Un verdadero papelón internacional. Cuando ando por ahí, siento cómo la gente, con una sonrisa, me pregunta: “¿Cómo anda Macri?”. Es como decirme: “Argentinos soberbios, ¿qué les está pasando?”. Siento ese tonito de cargada; es el desprestigio internacional que estamos teniendo. ¿Los avances en la jurisprudencia en materia de derechos humanos están en riesgo? Si, efectivamente. Pero no me preocupa la jurisprudencia, porque eso se puede arreglar. Me preocupa lo que está sucediendo: me preocupa la forma en que están agrediendo a los beneficiarios de Anses [Administración Nacional de la Seguridad Social], la forma en que están desfinanciando universidades, cómo se pierden unos 1.500 empleos diarios, cómo se desfinancia el desarrollo tecnológico. Eso es regresión en materia de derechos humanos. La posición de la Corte Suprema es una jurisprudencia que se puede dar vuelta en cualquier momento con otra integración. Lo otro es directamente una afectación de nuestra soberanía.