La heroica proclama “Obreros y estudiantes unidos y adelante”, un combativo alarido militante, siempre estuvo en el corazón de una izquierda otrora dispersa, que, hace sesenta años, en las elecciones de 1966, sumó apenas el 10 % de los votos válidos. Por supuesto, cuando le tocó ser gobierno desde 2005 y durante 15 años consecutivos, consagró un auténtico hito en materia de bienestar colectivo, con un radical abatimiento de la pobreza, con aumentos de salarios y jubilaciones que multiplicaron el poder de compra de trabajadores activos y pasivos, con fuero sindical y con derechos ciudadanos inéditos para el país.
Si bien nadie niega la crucial incidencia de las reformas del período batllista hasta mediados de la década del cincuenta, no menos cierto es que el Partido Colorado enterró el legado de José Batlle y Ordóñez y de otras personalidades descollantes como Domingo Arena, Baltasar Brum, Julio César Grauert, Tomás Berreta y Luis Batlle Berres.
Por eso, el único discurso sincero fue el del senador comunista Óscar Andrade, un político formado en la fragua del trabajo pero también de la militancia sindical contra el abuso patronal y el inicuo modelo concentrador.
El orador evocó algunos episodios clave de las luchas obreras, como la huelga de Cuñapirú, protagonizada a finales del siglo XIX por “mineros principalmente italianos”, que fue reprimida y abortada por el Ejército; la firme postura del movimiento sindical de paralizar el país para resistir el golpe de Estado; la convocatoria, en agosto de 1965, al primer Congreso del Pueblo; la represión de las medidas prontas de seguridad del pachecato, que derivó en la privación de libertad de 5.300 trabajadores, y la épica contra la dictadura desde la clandestinidad, desafiando la prisión arbitraria, la persecución y la tortura. Obviamente, no soslayó la lucha contra la impunidad de los delitos de lesa humanidad, la lucha por la defensa de las empresas públicas y el trabajo militante para enfrentar los estragos provocados por la demoledora crisis de 2002, provocada por el Gobierno de coalición derechista encabezado por Jorge Batlle.
Lo realmente insólito fueron las palabras pronunciadas por la senadora nacionalista Graciela Bianchi, quien evocó a sus abuelos italianos comunistas, quienes emigraron a Uruguay huyendo del fascismo. Lo que parece olvidar la legisladora, que es además profesora de Historia, es la admiración y la amistad del caudillo blanco Luis Alberto de Herrera con el dictador italiano Benito Mussolini. Hoy, ella integra una colectividad que coqueteó con el fascismo en la década del treinta, luego con el franquismo a través del expresidente Luis Lacalle Herrera, quien en su juventud era un ferviente admirador del dictador español Francisco Franco, y con la dictadura cívico militar, a la cual aportó un mandatario, Aparicio Méndez, y un político que presidió el Consejo de Estado que usurpó las funciones del disuelto parlamento, como Martín Recaredo Echegoyen, entre otros colaboradores que ocuparon cargos de confianza en ministerios, gobiernos departamentales y empresas públicas. Todos eran herreristas, el ala monopólica del Partido Nacional encabezada por Luis Lacalle Pou.
La legisladora afirmó que respeta “enormemente al movimiento sindical”. Sin embargo, ha criticado ácidamente y combatido a los sindicatos, particularmente a sus colegas de la educación pública.
Por su parte, el senador colorado Tabaré Viera proclamó que “el país necesita una central sindical fuerte, inteligente y moderna”, y valoró “la grandeza” de los sindicalistas que fundaron la CNT hace ya sesenta años. Viera es otro desmemoriado u otro oportunista, porque esos mismos dirigentes que él elogia fueron los que debieron enfrentar los excesos del gobierno autoritario colorado de Jorge Pacheco Areco, que llenó las cárceles de trabajadores, a quienes reprimió con dureza, y hasta llegó a militarizar a los bancarios que estaban en huelga.
En efecto, su partido gobernó con medidas prontas de seguridad y suspensión de garantías individuales en la segunda mitad de la década del sesenta y en los primeros años de la década del setenta, hasta el golpe de Estado consumado el 27 de junio de 1973, que fue encabezado por el mandatario colorado Juan María Bordaberry. Incluso, olvidó que el 1º de julio de 1988, en una cadena emitida por radio y televisión, el entonces presidente colorado Julio María Sanguinetti proclamó que “yo nunca perdí una huelga”, como si atropellar a la clase trabajadora fuera un motivo de orgullo.
El legislador colorado afirmó que el “camino correcto” es “ganar competitividad con más productividad, más capacitación, más innovación y mejores condiciones para invertir”, parafraseando el discurso de las cámaras empresariales.
Parece insólito que los partidos tradicionales, que salvo en el ya finado período batllista siempre han sido enemigos de la clase trabajadora, elogien a la central obrera cuando, en reiteradas oportunidades, han intentado reglamentar el funcionamiento de los sindicatos y amputar sus derechos.
Tanto Graciela Bianchi, quien es una derechista conversa luego de ser comunista en su juventud y de haber ocupado sendos cargos de confianza en dos gobiernos del Frente Amplio, como Tabaré Viera impartieron una inmoral lección de demagogia de la peor laya. Obviamente, soslayaron que, en el pasado gobierno de coalición, castigaron a la clase trabajadora con rebajas salariales de hasta un 4 %, entre julio de 2020 y julio de 2022. Lo perdido nunca fue recuperado.
Sin embargo, sesenta años después, contra viento y marea, el movimiento sindical, hoy nucleado en el PIT-CNT, que tiene más de 400.000 afiliados, sigue incólume su corajuda épica militante en defensa de los derechos de la clase trabajadora, en la lucha contra la impunidad de los delitos de lesa humanidad perpetrados por la dictadura, en su repudio al imperialismo y en la cotidiana pugna por la construcción de una sociedad más justa, sin explotados ni explotadores.
