La actualización del protocolo —cuyo antecedente inmediato databa de 2020 y había surgido por iniciativa de militantes, en particular de la Unidad Temática por los Derechos de la Ciudadana— se apoyó en la experiencia acumulada durante la resolución de casos concretos en los últimos años. Con el fin de ajustar la herramienta a las complejas realidades de la militancia y la gestión, se conformó una Comisión de Adecuación integrada a espejo del Secretariado del FA, garantizando la representación de las bases y de todos los sectores políticos.
Principales características del protocolo
Entre las principales novedades, el nuevo marco contempla la creación de una comisión especializada dedicada a atender casos de violencia política basada en género. Asimismo, explicita la intervención ante situaciones ocurridas en el ámbito privado —aspecto no desarrollado en la redacción anterior— e incorpora principios rectores como el cuidado de la privacidad, la protección de datos personales y el manejo riguroso de la confidencialidad y los tiempos de procesamiento.
Uno de los giros conceptuales más relevantes radica en el cambio de enfoque disciplinario. De acuerdo con la entrevistada, “hay un fuerte hincapié en todo lo que tiene que ver con la reparación. El protocolo anterior estaba muy enfocado en sancionar las conductas de violencia y nosotros entendemos que hay que sancionarlas, pero también fortalecer el abordaje de la prevención y de la reparación en el sentido poder mejorar el acompañamiento y el tratamiento de estas situaciones con el fin de contribuir a erradicar”.
En cuanto al alcance de las obligaciones, la normativa extiende su cobertura a adherentes, militantes y a personas que, sin estar afiliadas, ejerzan funciones de representación o hayan sido contratadas o designadas por la fuerza política en cualquier ámbito público o privado. Respecto a este punto, que constituyó uno de los ejes de mayor debate interno, Astori señaló que atañe también “a quienes están en acuerdo o en alianza en lugares de representación política por el Frente Amplio”, bajo la premisa de que quienes representan al partido en la administración pública o legislativa “responden a un programa” y, por ende, “deben adherir a este protocolo”.
Según señaló Astori, tras la ratificación por parte del órgano del partido, la Comisión de Género y Feminismos asume la siguiente fase de trabajo, orientada a la reglamentación técnica y a la instrumentación práctica del documento en la cotidianeidad de la militancia política.
