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ASOCIARMEEl nuevo protocolo contra la violencia de género del Frente Amplio (FA) se aprobó el pasado sábado, en el Plenario Nacional de la fuerza política.
Frente Amplio aprobó un nuevo protocolo contra la violencia de género
Natalia Rovira/ FocoUyCaras y Caretas Diario
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El Plenario Nacional del Frente Amplio aprobó el pasado sábado un nuevo protocolo de actuación para abordar las situaciones de violencia basada en género hacia mujeres y disidencias dentro de sus filas.
La iniciativa, que representa una actualización profunda de las herramientas vigentes de la fuerza política, busca "prevenir, sancionar y contribuir a erradicar la violencia basada en género hacia las mujeres y disidencias en la vida partidaria que impide el pleno ejercicio de sus derechos humanos y limita sus derechos políticos".
El protocolo se aplicará obligatoriamente a "adherentes y militantes del Frente Amplio, así como a personas que sin estar afiliadas ejerzan una función de representación del Frente Amplio y/o hayan sido designadas o contratadas para una función específica por el mismo, independientemente del nivel jerárquico" o del cargo público o privado que desempeñen.
Incluso, si la denuncia involucra a menores de 18 años, el marco exige resguardar su interés superior y su autonomía progresiva, permitiendo que estén acompañados en todo momento por un adulto de referencia.
Una de las novedades del protocolo es que, además de abordar los casos de violencia política, incluye una guía de actuación ante situaciones de violencia privada, aunque reconoce que la fuerza política "no tiene competencia para determinar responsabilidades penales, civiles o de familia ni para sustituir la atención de los organismos estatales especializados". En estos casos, indica la "derivación responsable" a servicios públicos y sociales de atención.
El protocolo también establece que en caso de que exista una causa judicial en marcha contra un militante o dirigente del FA, regirá el "deber de colaboración", por lo que la persona denunciada debe ser quien informe la situación a la Presidencia del partido.
Luego de que se informe la situación, el FA podrá habilitar medidas temporales de alejamiento de los espacios de militancia y representación mientras se sustancia la causa judicial y el Tribunal de Conducta Política (TCP) realiza el seguimiento.
Para abordar las situaciones de violencia política basada en género, se crea una nueva Comisión especializada para el tratamiento de denuncias de violencia política basada en género. Según indica el documento del FA, se trata de un órgano técnico e interdisciplinario de tres integrantes con al menos tres años de militancia e idoneidad probada.
La denuncia podrá radicarse de forma verbal o escrita. Si es formulada por un tercero, el protocolo resguarda la voluntad de la persona afectada de manera absoluta: la Comisión deberá convocar a la víctima para que preste su consentimiento expreso antes de iniciar cualquier investigación; de lo contrario, la denuncia se considerará sin efecto.
Una vez admitida, la instrucción del caso se rige por plazos estrictos. El proceso deberá concluir en un plazo máximo de treinta días, prorrogables de forma fundada por la complejidad del caso.
Durante esta etapa, rige un principio inquebrantable de confidencialidad y preservación de la denunciante. A su vez, para evitar la revictimización de quien denuncia, el protocolo establece que "quedan prohibidos los careos y cualquier otra instancia de confrontación directa entre la persona denunciante y la persona denunciada".
Las partes podrán concurrir acompañadas por personas de su confianza y tendrán derecho a tomar vista del expediente por siete días hábiles para presentar descargos antes del informe final.
Una vez finalizada la investigación, la Comisión especializada redactará un informe fundado. Si se encuentran indicios de conductas sancionables, el expediente se elevará al Tribunal de Conducta Política. Este órgano recomendará la sanción a la Presidencia, la cual remitirá el caso a una Comisión Delegada del Plenario Nacional para salvaguardar la reserva de la identidad de los implicados.
La resolución definitiva sobre la sanción política quedará en manos del Plenario Nacional
Por otro lado, el protocolo estipula mecanismos de reparación para la víctima, que pueden incluir desde la retractación pública o privada hasta la restitución en cargos o responsabilidades partidarias.
