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El colorado Robert Bouvier está inhibido de participar de actos partidarios, como todos los directores de entes autónomos, y es investigado por la Jutep
Según fuentes de la Coalición Republicana consultadas por Caras y Caretas la situación de fondo a la que se refirió Bordaberry, tienen que ver con el director de la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE) por la oposición, Robert Bouvier.
Este dirigente colorado participó de un acto partidario de la Lista 10 (Vamos Uruguay) en Florida el primero de Agosto de 2026, que tuvo cobertura de varios medios periodísticos bajo el rótulo de “Encuentro Nacional” y en donde Bordaberry dio declaraciones políticas de varios asuntos tanto a Televisión Nacional del Uruguay, Subrayado, Tv Florida y la emisora de radio CW33.
Entre tanto, en la sesión del Plenario del Senado Bordaberry aseguró que detrás de la investigación hay “un tema de una profunda inhumanidad”, porque “todos sabemos que hace dos meses” un diputado “se recuperó de un percance de salud grave que puso en riesgo su vida”. Se comunicaron “senadores, legisladores, gente de todos los partidos, lo llamó hasta el presidente de la República a interesarse por su salud”, agregó. Se refería al legislador colorado Walter Cervini.
“Sus amigos hicimos un asado para festejar su recuperación y el señor Asti, un genio de la maldad y la degradación más grande que se pueda que se pueda imaginar, resulta que va e investiga eso”, fustigó. “Rata rastrera”, insultó. A su turno el senador nacionalista Sebastián Da Silva dijo que le daba “asco” toda la situación.
La vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, como presidenta de la Cámara debió interrumpir las presentaciones, apagando los micrófonos, cuando realizaron alusiones personales, lo cual no está permitido por el reglamento, y eliminar de actas taquigráficas las expresiones de insulto.
Por otro lado, la senadora Bettiana Diaz apuntó que la “une un gran afecto con el senador Cervini” que es “de público conocimiento” porque compartimos cámara, trabajaron en varios proyectos en conjuntos y quiere “apartar lo que es un procedimiento institucional que parte de la jurídica de un organismo de lo que tiene que ver con la situación personal del senador suplente”.
Durante la sesión Bordaberry argumentó qué no es competencia de la Jutep investigar crímenes electorales, lo cuál le corresponde a la Corte Electoral. Quien en última instancia puede resolver la destitución de Bouvier o no, y su inhabilitación de dos a diez años para ocupar cualquier cargo público, como dicta el Artículo 77 de la Constitución en el inciso cuarto.
“Muchas denuncias se investigan y luego el directorio resuelve que se remitan a otros organismos del Estado, como la Corte Electoral”, ahondó. “El procedimiento habitual es que una funcionaria del organismo realice la investigación sobre la denuncia, recopile información, y los oficios se envían con el aval del director de mayor rango presente en el momento”, expresó. No se trata de un interrogatorio “sino de consultas”, matizó.
“La competencia de la Jutep es distinta a la de la Corte Electoral, en este caso no se habla de corrupción sino de la ética pública, y sin adelantar un juicio de valor, es sobre eso que se está indagando”, puntualizó Ferraris.
En la sesión del Senado Bordaberry intentó obtener apoyo de toda la Cámara para rechazar de forma institucional la investigación pre dictamen de la Jutep. Esta moción fue rechazada porque no obtuvo el apoyo del Frente Amplio. Por lo que en una conferencia de prensa el Partido Colorado y Nacional informaron que iban a denunciar penalmente por abuso de funciones al vicepresidente de la Jutep, Alfredo Asti.
Durante la conferencia el senador colorado Andrés Ojeda acusó al gobierno de convertir a la Jutep en “una verdadera Gestapo persecutoria. Esa es la realidad de hecho que venimos viviendo desde el día uno”.
La senadora frenteamplista Constanza Moreira posteó en X: “Otra vez un escándalo. Otra vez insultos en el Senado. Se le pide a un senador que informe sobre la participación en un acto político de un correligionario que está impedido constitucionalmente de hacerlo y termina llamando ‘rata’ a la autoridad que se lo solicita. Insultan y gritan. Violentan y golpean con sus palabras a quienes representamos la mitad del país. Puede parecer una actuación. Pero no hay que engañarse. Es la lógica amigo-enemigo de la guerra. Nosotros seguimos defendiendo la política, las ideas, la democracia y las palabras”.
El convencional del Partido Colorado Esequiel Ibarra presentó en agosto una denuncia ante la Jutep contra Robert Bouvier, por su participación en el acto político partidario de la Lista 10 en la Asociación Rural de Florida. Como fuera informado originalmente por TV Florida.
Según el texto de la denuncia a la que accedió Caras y Caretas, Bouvier incumplió la prohibición establecida en la Constitución de la República, que impone a los directores de entes autónomos el deber de abstenerse de participar en actos de carácter político, salvo el voto. La denuncia solicita que la Jutep investigue los hechos y, si concluye que existió una infracción, remita los antecedentes al órgano competente para que evalúe su destitución.
El denunciante afirma que la actividad "no constituyó un acto institucional del Gobierno Nacional ni una actividad oficial vinculada con los cometidos de AFE, sino un acto de carácter político-partidario, ajeno por completo a las funciones del organismo que el denunciado integra". El documento señala que, aunque Bouvier no realizó una intervención durante el evento, ello no modifica, a juicio del denunciante, la eventual configuración de la infracción. "Si bien el denunciado no hizo uso de la palabra en dicho acto, tal circunstancia resulta jurídicamente irrelevante a los efectos de la configuración de la infracción", sostiene.
Como fundamento, la denuncia cita el texto constitucional, que dispone que los directores de entes autónomos "deberán abstenerse de ejecutar acto alguno público o privado de carácter político, salvo el voto". A partir de esa redacción, argumenta que la prohibición alcanza cualquier forma de participación en una actividad partidaria y que "el constituyente no distinguió entre actos en los que el Director hubiere tomado la palabra y actos en los que se hubiere limitado a una presencia pasiva".
Asimismo, el escrito sostiene que el bien jurídico protegido por la norma es "la neutralidad institucional" y argumenta que "es la sola presencia —difundida, fotografiada, capitalizada políticamente por los organizadores del acto— la que comunica al cuerpo social una identificación entre el cargo público y una fracción política". La denuncia también invoca disposiciones del Código de Ética en la Función Pública y el denominado principio del "ser y parecer".
En ese sentido, afirma que las normas de ética pública "se vulneran tanto por una conducta que efectivamente comprometa la imparcialidad, como por cualquier obrar que, sin acreditarse un perjuicio concreto, genere en un observador razonable la apariencia de una falta de neutralidad". Como prueba, Ibarra anuncia la incorporación de registros fotográficos y audiovisuales del acto, además de publicaciones periodísticas sobre la actividad. También solicita que la Jutep, si lo considera pertinente, requiera de oficio material adicional a los medios de comunicación y a los organizadores del evento.