Para los congresistas, los ‘vetos niegan derechos y garantías fundamentales para la vida de los pueblos tradicionales, como el acceso al agua potable, a las camas de la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos), los productos de higiene y la distribución de alimentos’.
Al respecto, el Instituto Socioambiental también calificó de criminales los vetos presidenciales.
‘Los vetos revelan que el plan del presidente es no tener ningún plan. A esta altura, su reiterada omisión caracteriza una postura genocida’, señaló la organización no gubernamental.
Tras la publicación de la ley en el Diario Oficial de la Unión, un juez del Supremo Tribunal Federal pidió al gobierno un plan de protección para las comunidades indígenas.
Aparece entre las medidas determinadas por el magistrado Luis Alberto Barroso la instalación de una sala interdisciplinaria para administrar las medidas de protección a los pueblos indígenas durante la pandemia y la garantía de que esas comunidades tendrán acceso al sistema de salud originario.
Hasta el momento, la Articulación de Pueblos Indígenas registra 12 mil 48 contagios y 445 víctimas mortales de la Covid-19 en ciudades y regiones no urbanas del gigante suramericano.
Según el último censo nacional, unos 900 mil brasileños se reconocen como indígenas. Sin embargo, en las últimas décadas, los expertos aseguran que aumentó este número. Se trata de familias mixtas expulsadas de sus territorios a lo largo del tiempo y que ahora buscan recuperar su identidad colectiva.