El Departamento de Estado también indicó la víspera que suspendería por solo 30 días la posibilidad de iniciar acciones judiciales por igual concepto en contra de otras compañías cubanas o extranjeras con vínculos comerciales o económicos en la isla.
Desde su entrada en vigor en 1996, la ley Helms-Burton ha procurado universalizar el bloqueo económico, mediante presiones brutales e ilegales contra terceros países, sus gobiernos y sus empresas, advirtió.
En ese sentido, condenó el empeño en asfixiar la economía cubana, y promover o aumentar las carencias de la población con el propósito de imponer en Cuba un gobierno que responda a los intereses de Estados Unidos.
Por sus pretensiones ilegítimas y contrarias al Derecho Internacional, la ley Helms-Burton y el bloqueo concitan el rechazo universal, reiterado durante casi tres décadas, en los más importantes organismos regionales e internacionales, subrayó la Cancillería.
La declaración cubana repudió además el título II de la ley Helms-Burton, que dispone que tras el derrocamiento del gobierno revolucionario vendría la devolución o pago a los antiguos propietarios de todas las propiedades que sean reclamadas por antiguos dueños o sus descendientes, hayan sido estadounidenses o no al momento de las nacionalizaciones o de que las abandonaron.
En todo ese período, el bloqueo económico permanecería en pleno vigor.
Por consiguiente, los cubanos estarían obligados a devolver, restituir o pagar a reclamantes de Estados Unidos por la casa donde viven, el terreno donde se edifican sus comunidades, la tierra agrícola donde cultivan y producen, la escuela donde se educan sus hijos o el hospital donde reciben servicios médicos.
Es una pretensión solo concebible en las mentes de quienes identifican a Cuba como una posesión colonial, subrayó.
Según dispone la ley Helms-Burton, el bloqueo económico sólo se podría levantar cuando se haya alcanzado esa ambición.
Cuba a través de su Cancillería afirmó que esta ley descansa sobre dos mentiras fundamentales: la noción de que las nacionalizaciones llevadas a cabo poco después del triunfo revolucionario fueron ilegítimas o indebidas y que Cuba constituye una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos.
Las nacionalizaciones cubanas se llevaron a cabo amparadas por leyes, con estricto apego a la Constitución y en conformidad con el Derecho Internacional, explicó.
Asimismo reiteró que todas las nacionalizaciones contemplaron procesos de compensación justa y adecuada que el gobierno de Estados Unidos se negó a considerar.
Cuba alcanzó y honró acuerdos globales de compensación con otras naciones que hoy invierten en Cuba como España, Suiza, Canadá, Reino Unido, Alemania y Francia.
La isla igualmente ratificó a los socios económicos y las empresas extranjeras que operan aquí todas las garantías para la inversión extranjera y los proyectos conjuntos, al amparo de la nueva Constitución de la República, recién respaldada en las urnas por la inmensa mayoría de los cubanos.
