Se trata de la "persecución judicial" con móviles políticos que se utiliza para inhabilitar electoralmente a determinados referentes. En los últimos años, diferentes líderes de la izquierda latinoamericana han denunciado ser víctimas de esta maniobra. Así lo hicieron, entre otros, el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva y los expresidentes Cristina Fernández (Argentina), Rafael Correa (Ecuador), Fernando Lugo (Paraguay) y Dilma Rousseff (Brasil).
A raíz de ello, distintos estudios de académicos y especialistas han puesto bajo la lupa el mecanismo de usar al sistema de justicia para desprestigiar a un dirigente político con fines electorales y la propia Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) ha creado el Observatorio Lawfare que tiene por objetivo realizar análisis sistemáticos sobre los diferentes casos de lawfare en América Latina.
A ello se sumó la denuncia formulada por el Grupo de Puebla advirtiendo sobre la existencia en América Latina de una estrategia articulada entre sectores económicos concentrados, la justicia y medios de comunicación, con el objetivo de deslegitimar a líderes políticos mediante procesos judiciales manipulados.
El caso Carrera ha puesto el tema en la agenda uruguaya esta semana. En un documento, el senador emepepista Charles Carrera ha dejado claro que iniciará “acciones legales a nivel internacional” y planteará “vulneración de derechos” o lawfare en el marco de la investigación que lleva adelante la Fiscalía por un presunto abuso de funciones al haberse atendido en el Hospital Policial a alguien que no era policía y haberle pagado tickets de alimentación entre enero de 2013 y noviembre de 2016.
