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Luego de seis meses y muchas idas y vuelvas, este lunes el fiscal de Gobierno Miguel Ángel Toma, volverá a su cargo tras una separación preventiva, aunque la investigación sigue en curso.
En diciembre de 2020 fue ordenada una investigación administrativa por el presidente Luis Lacalle Pou para indagar sobre posibles irregularidades en los viajes y misiones oficiales del exjerarca de gobierno. Se investigaban presuntas irregularidades en las misiones oficiales de Toma y la comitiva que lo acompañó a Roma y Washington, en el año 2019, cuando ejercía como secretario de la Presidencia.
Los viajes que realizó Toma al exterior tenían que ver con la investigación del Plan Cóndor y por el juicio de la minera Aratirí.
A mediados de marzo, la Justicia falló a favor de Toma después de que presentara un recurso de amparo ante el Tribunal de Apelaciones considerando que se había vulnerado su derecho a la legítima defensa.
El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 7° Turno dio la razón al recurso del exfuncionario aceptando el recurso interpuesto, y concluyó que el presidente Luis Lacalle Pou podría haber incurrido en prejuzgamiento en una investigación administrativa que afirmaba que Toma cometió “hechos irregulares”.
Lacalle había dicho públicamente que lo de Toma era “un hecho muy grave”, a pesar de que por ese entonces apenas se había ordenado la investigación y que ciertamente no había conclusiones y todavía no las hay.
Toma había denunciado además que el Poder Ejecutivo habría realizado supuestamente filtraciones a la prensa, al divulgarse en medios detalles de la investigación que no deberían ser públicos hasta que hubiese un dictamen. Fue en ese recurso donde Toma agregó la acusación de prejuzgamiento contra Lacalle por emitir “juicios de valor” en su contra y sobre el proceso disciplinario.