Durante una explosiva reunión ministerial el 22 de abril, Bolsonaro pidió armar a la población para evitar que pueda instaurarse una dictadura en Brasil, hecho que, según su criterio, sería posible teniendo en cuenta las acciones gobernadores y alcaldes durante la pandemia de Covid-19.
El exmilitar mantiene airadas desavenencias con las autoridades de los estados por su rechazo al aislamiento social, principal medida para contener el avance de la Covid-19, como recomendó la Organización Mundial de la Salud.
Bolsonaro minimiza el virus, al que comparó con un resfriado o gripecita, y aboga por el retorno del empleo y las actividades comerciales.
El 24 de abril Moro se apartó del gobierno al alegar injerencia política de Bolsonaro en la Policía Federal (PF) y condicionar su salida con la destitución del delegado Mauricio Valeixco en la jefatura del poderoso órgano de investigación, como realmente sucedió.
Ante tales acusaciones, el Supremo Tribunal Federal (STF) expidió un informe sobre la intromisión del mandatario ultraderechista y la PF pidió, como respuesta, una prórroga de 30 días para concluir las indagaciones sobre el caso.
Por esa demanda, el juez Celso de Mello, decano del STF, pidió al fiscal general Augusto Aras que se encargara de decidir si, al final de la pesquisa, denunciar a Bolsonaro o cerrar la causa.
Se espera que el excapitán del Ejército sea interrogado por escrito o de forma presencial al final de la investigación.