Ojeda fue consultado sobre su reunión con el vicepresidente de El Salvador Félix Ulloa, esta semana, y la posibilidad de aplicar en Uruguay algo de lo que llevó adelante el gobierno de Bukele, cuestionado por organizaciones de defensa de los derechos humanos.
El senador colorado sostuvo que existen herramientas de esa experiencia que podrían utilizarse en Uruguay y volvió a plantear la necesidad de reforzar la presencia policial en barrios afectados por la actividad delictiva.
Los cuestionamientos a Bukele
Brenta, pr su parte, puso el foco en los antecedentes de presuntos acuerdos entre el gobierno de Bukele y dirigentes de las maras salvadoreñas. Su cuestionamiento se vincula con investigaciones periodísticas que documentaron negociaciones entre funcionarios del gobierno y líderes de esas organizaciones criminales.
El senador frenteamplista aludió también a un reportaje de la televisión alemana a uno de los líderes de esos grupos, en el que se abordaron los vínculos y acuerdos con el gobierno salvadoreño. A partir de esos antecedentes, cuestionó que la experiencia de Bukele sea presentada como una referencia para combatir el crimen organizado.
El modelo salvadoreño ha recibido reconocimiento por la fuerte caída de los homicidios, pero también críticas de organizaciones de derechos humanos por las detenciones masivas, las denuncias de abusos y las restricciones a las garantías individuales bajo el régimen de excepción.
La discusión en Uruguay se concentra, precisamente, en qué aspectos de esa experiencia podrían ser considerados sin trasladar medidas que impliquen restricciones de derechos o debilitamiento de las garantías democráticas.
El cruce vuelve a colocar la seguridad pública en el centro de la discusión política y expone las diferencias entre el oficialismo y el senador colorado sobre las referencias internacionales, los instrumentos para enfrentar al narcotráfico y los límites de las políticas de seguridad.
