«Partimos de la base de que, aun sin que el Transpacífico esté vigente y con el acuerdo con la Unión Europea teniendo apenas unos pocos meses de adhesión, la realidad es que la industria nacional lleva más de una década perdiendo participación en el empleo y en el PIB nacional. Por lo tanto, ya teníamos problemas de antes, pero consideramos que el ingreso al Transpacífico implicaría la pérdida de, por lo menos, entre 15.000 y 20.000 puestos de trabajo», afirmó Dárdano.
Incompatibilidad con la Estrategia Nacional de Desarrollo
El dirigente gremial también criticó la falta de coherencia entre los ámbitos de diálogo sobre la política industrial que promueve el Gobierno y las negociaciones comerciales internacionales, haciendo especial referencia a herramientas clave como las compras públicas del Estado.
«Existe una contradicción flagrante entre la Estrategia Nacional de Desarrollo, el Consejo Nacional de Industria y los núcleos industriales. Son dos ámbitos y organismos que están intentando diseñar una política industrial (...) Si cotejamos, como hicimos nosotros, capítulos del Transpacífico con artículos del TOCAF, son totalmente contradictorios. Lo hemos venido planteando públicamente en el Ministerio de Industria, en la Cancillería y ante el Ministerio de Economía. Y eso lo vamos a colocar en la parte oratoria: ¿cuál es la decisión del país, para un lado o para el otro?», cuestionó.
Planificación a largo plazo, compras públicas y subsidios
De cara a los retos de competitividad de la industria uruguaya, Dárdano instó a superar las soluciones coyunturales y avanzar hacia una estrategia de desarrollo a largo plazo.
«Está claro que desarrollar la industria no es fácil, porque somos un país con muy poca escala. Tenemos que buscar nichos especiales, ver también cómo le agregamos valor y cómo utilizamos la compra pública (...) para agregar valor e innovación tecnológica y lograr que tengamos una industria de nuevo tipo», remarcó.
En relación con las exoneraciones impositivas y los beneficios estatales al sector empresarial, el titular de la CSI remarcó la exigencia de transparencia y control:
«Nosotros no estamos en contra [de los subsidios]; estamos a favor si hay una contrapartida clara y controles. Hay que revisar los subsidios, porque son millones de dólares los que se dan. Eso tiene que estar bien direccionado (...) ¿Qué recibe la sociedad en su conjunto, que es la que resigna esos recursos? Acá hay que planificar. Lo que necesita el Uruguay es pasar de cuestiones que son según la coyuntura a una mirada larga, con luces largas y planificación», sentenció.
Ronda de contactos políticos
En el marco de esta campaña, la dirección de la CSI ya mantuvo un encuentro con el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, y confirmó que ha solicitado reuniones formales con referentes con representación parlamentaria como Álvaro Delgado (Partido Nacional) y Andrés Ojeda (Partido Colorado) para trasladar de primera mano la postura del sector industrial antes de que la discusión ingrese al ámbito legislativo.
(Con información portal PIT-CNT)
