Para continuar, hacete socio de {}. Si ya formas parte de la comunidad, .
{# Opciones de Suscripción #} {# DESCOMENTAR AL IMPLEMENTAR: #} {# {% for n, m in this.getPaywallPlans('thinkindot', 'plans') %} {% if (m.tab == "all" or m.tab == "mensual") %} #}{{m.shortDescription}}
El Proyecto de Rendición de Cuentas en Uruguay ha suscitado preocupación debido a las modificaciones planteadas en el artículo 162, que impactan en la Defensa de la Competencia en el país.
Martín Vallcorba, reconocido economista y ex-coordinador de Inclusión Financiera en el gobierno del Frente Amplio, ha expresado su alarma sobre estas modificaciones, argumentando que podrían significar un retroceso en la protección de los mercados y los consumidores uruguayos.
Uno de los cambios más llamativos en el artículo 162 del Proyecto de Rendición de Cuentas es la disposición que establece que la Comisión de Defensa de la Competencia no necesitaría autorización previa en ciertas compraventas cuando una de las partes haya facturado menos de 30 millones de Unidades Indexadas anuales en alguno de los últimos tres ejercicios, aproximadamente equivalente a unos 4,5 millones de dólares. Esta disposición llevaría las regulaciones de la ley 19833 del año 2019, que define prácticas prohibidas, directamente a esta transacción sin la intervención de la Comisión.
Vallcorba manifestó su preocupación en una entrevista en Dato Mato Relato, programa de Caras y Caretas, sobre el posible impacto negativo de esta modificación en la Defensa de la Competencia en Uruguay. Según el economista, si se aprueba este artículo, se estarían favoreciendo estrategias que permiten a grandes jugadores adquirir comercios relativamente pequeños, lo que podría poner en peligro el funcionamiento justo de los mercados y afectar a los consumidores.
La Defensa de la Competencia es esencial para garantizar un ambiente económico justo y competitivo. En economías pequeñas como la uruguaya, la concentración de poder económico en una sola empresa puede tener graves consecuencias para los consumidores, ya que se corre el riesgo de que esta empresa abusiva establezca precios excesivos en detrimento de los compradores.
En este sentido, la labor de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia es crucial para velar por el cumplimiento de la normativa anticoncentración y sancionar prácticas anticompetitivas que afecten a los consumidores y distorsionen el funcionamiento del mercado.
La revisión y debate sobre estas modificaciones resultan vitales para garantizar el bienestar de todos los ciudadanos y preservar una competencia leal en Uruguay.