Mojones malditos

Algunos sucesos de los últimos días ofician de mojones de señalamiento en el camino elegido por este gobierno, por si a alguien le quedaran dudas en nuestro país de la dirección en que camina.

Rápido y furioso

Cuando Juan López cometió el terrible crimen de poner las necesidades de la gente por encima de las mezquindades políticas y alzó su mano para aprobar el fideicomiso propuesto por el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, las autoridades del Partido Nacional actuaron de manera fulminante. El edil nacionalista no había terminado de bajar la mano en la Junta Departamental cuando ya le habían puesto las maletas en la puerta.

Sin embargo, y tal como lo hizo notar Georgina Mayo, tardaron 63 horas en reconocer la denuncia por violación de una adolescente durante una fiesta en la granja San Francisco, de Paso de la Arena.

El responsable de la granja es el senador del Partido Nacional Sergio Delpino. Cerca de las 4 de la madrugada del 2 de abril cinco hombres violaron a una chica de 16 años en un baño del local, durante un evento organizado por la Comisión Departamental de Jóvenes de este partido. La violación fue constatada por el médico del Centro de Salud del Cerro, y fue el mismo profesional quien inmediatamente denunció del hecho.

Aparte del delito, se cometieron faltas como no contar con el permiso del INAU para la concurrencia de menores y duplicar la capacidad habilitada.

Pese a todo, la titular de banca, Gloria Rodríguez, respaldó a Delpino.

Atracción fatal

El maestro y subdirector técnico de la cárcel de Florida, Carlos Otaiza, fue denunciado por una funcionaria de la Unidad 19 por acoso sexual. Según trascendió, el denunciado le habría chupado el cuello y enviado audios para que no lo denunciara.

la diaria informó que “la mujer comunicó la situación a la directora de la Unidad 19 Florida, pero no se activaron los mecanismos correspondientes establecidos por ley. En cambio, contrario a lo que establece la normativa, que plantea que ante una situación de violencia de género se debe trasladar al agresor, le ofrecieron trasladarla a ella a la cárcel de Durazno o a la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida (OSLA)”.

Sin embargo, y luego de varias vueltas, se dispuso el traslado del denunciado a la OSLA, oficina que controla las penas alternativas.

Con todo, es mucho más grave el caso de Humberto Allende, alcalde de Cerro de las Cuentas (Cerro Largo) por el Partido Nacional, que fue imputado el 17 de marzo por la violación de una anciana de 77 años, y continúa en el cargo.

Aguas oscuras

Nunca comprenderé por qué el gobierno, teniendo personal, maquinaria y toda la logística necesaria para hacer algo que le compete, contrata a personas o empresas particulares. Bueno, sí sé por qué; pero no lo puedo decir.

El directorio de OSE impulsa la construcción de una planta potabilizadora en San José que extraerá agua del Río de la Plata. OSE ha cedido a una empresa privada la tarea potabilizadora; pero tal como señala el director frenteamplista Edgardo Ortuño, lo más barato y constitucional es que la potabilice OSE.

El “Proyecto Neptuno” implica la construcción de la nueva planta con una red de cañerías de 80 kilómetros que le conectaría con Montevideo, creándose también una laguna artificial para extraer su agua cuando se eleven los niveles de salinidad del Río de la Plata. La idea del gobierno es contratar a una empresa privada para construir la planta, cediéndole la potabilización del agua por 28 años. Esto último no concuerda con lo que marca la Constitución desde el plebiscito de 2004 y nos costaría 12 millones de dólares más por año de lo que saldría si lo continuara haciendo OSE.

El tope de inversión de OSE era de 1.000 millones de dólares; pero el neoliberal Lacalle Pou lo bajó a 71 millones, justo cuando más precisamos de la inversión pública para contrarrestar la caída del empleo, tema que no parece preocupar a quien gana 21.000 dólares por mes, el salario presidencial más alto, y por lejos, de América Latina.

La turbiedad de este gobierno es enfermante y enfermiza. Los directores de la ANP declararon hace unos días ante la Fiscalía que se enteraron por la prensa del acuerdo del gobierno con la empresa belga Katoen Natie. La Justicia estudia varias irregularidades; entre ellas, que el informe de asesoramiento de la ANP (exigido por la ley para validad semejante entrega) fue presentado un mes después de sellado el acuerdo.

Por otra parte, el Partido Colorado debe 5 millones de dólares a la intendencia. Desde la década de los 90 no paga tributos ni por su sede en Andrés Martínez Trueba ni por su cine en Piedras Blancas. Con ese dinero se podría hacer el saneamiento en varios barrios de Montevideo.

Buenos muchachos

Otro que anda amenazando con la privatización de un servicio es el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani. Hay un problema con la distribución de medicamentos, hay que solucionarlo y eso se espera de un jerarca en tal cargo; que realice una buena gestión. ¿Por qué para la derecha lo mejor es privatizar servicios? ¿Por qué esa desesperación por pasar los cometidos del Estado (pagando más) a los privados?

El ministro Martín Lema ha anunciado que el Mides continuará apoyando a las ollas populares con 67,5 millones de pesos. Muy bien. Lo que no entiendo es por qué esa cifra la tiene que gestionar Uruguay Adelante, en lugar del INDA o las intendencias.

Menos entiendo el empecinamiento de las intendencias blancas de contratar (con licitaciones prácticamente calcadas) a la fundación blanca A Ganar, pese a las observaciones del Tribunal de Cuentas.

Paralelamente, continúan los escándalos de acomodos y dedazos en la administración pública. La coalición gobernante usa los dineros públicos para beneficiar a cuanto familiar, amigo o militante se les antoje. Sumándose a los casos de ASSE, CARU y muchos otros, a mediados de abril se denunció que el MSP está gastando fondos del fideicomiso Renadro (Red Nacional de Drogas) para renovar cargos por contratación directa. Los beneficiarios de estos contratos arbitrarios y discrecionales son, fundamentalmente, militantes de Cabildo Abierto.

El MSP le asignó a Renadro unos 20 millones de dólares. De ahí se estaría sacando dinero, según fuentes de Caras y Caretas, para extender por seis meses más los contratos a los cabildantes, aun cuando sus funciones concluyeron con el fin de la emergencia sanitaria. Nada de selección por concursos o llamados abiertos.

Por estos días también trascendió que el presidente de Antel, Gabriel Gurméndez (quien en 2020 había dicho que “La transparencia es un mandato legal y un compromiso de este gobierno” y había criticado a Carolina Cosse cuando ocupó ese cargo, por mantener en reserva los gastos de publicidad), acaba de hacer lo mismo que criticaba y declaró reservados los gastos en ese rubro.

Por otra parte, en el Municipio Ch salió la alcaldesa Matilde Antía y fue suplantada por Jorge Larrañaga Vidal. La joven es sobrina del intendente de Maldonado y él es el hijo del exministro del Interior.

Como para que a los Pérez, Rodríguez y González les quede bien claro que si desean llegar a algo en política, tendrán que lucharla cien veces más.

Justicia ciega

En la noche del sábado 23 de abril una decena de personas lincharon a un joven de 25 años en Lezica, Montevideo. La turba lo persiguió hasta una casa donde intentó ocultarse, acusándolo de ladrón. Lo apuñalaron y balearon.

Supongamos que intentó robar algo. ¿Quién es más criminal? ¿Por qué estas personas estaban armadas? ¿Les importaba tanto lo robado o lo usan como excusa para liberar su instinto asesino?

En la misma fecha, y en el barrio La Teja, un hombre de 78 años disparó varias veces su arma al oír ruidos en la puerta de su casa y mató a una señora de 55 años.

Ya hemos escrito varias veces sobre lo ocurrido en noviembre en el barrio Peñarol, cuando un hombre de 72 años asesinó a su vecino de 28, que se encontraba arreglando unos cables en el límite de los techos de sus respectivas viviendas, al confundirlo con un ladrón. También escribimos sobre lo sucedido en Pinares, Maldonado, donde varios energúmenos golpearon, persiguieron, atropellaron, intentaron secuestrar y amenazaron de muerte a un joven porque tenía lo que Gandini y Zubía catalogan como “apariencia delictiva”, cuando, en realidad, era el hijo de un profesor que había arrendado una casa en la misma calle de los gorilas.

Por otra parte, y en este lamentable mes de abril, un policía golpeó a un enfermero porque le exigió que se pusiera tapabocas para custodiar a un enfermo de tuberculosis.

La culpa no es de este milico mononeuronal, sino de Heber y Larrañaga, que lo convencieron de su derecho de llevarse a todo el mundo por delante.

Todos ellos son culpables; pero los autores morales de sus crímenes y atropellos son los que con sus discursos de políticos de cuarta inyectaron odio y miedo en la población.

Ninguno de estos casos debería asombrarnos; son la consecuencia lógica y esperable de la prédica derechista.

Mientras tanto, hay escasez de alimentos y medicamentos en la cárcel de mujeres y hay varias pasando hambre. Récord histórico de homicidios y suicidios en el resto de los penales. Aumentaron las muertes dudosas de 80 a 150 por año para hacer creer que bajaron los homicidios. Las comisarías tienen que pedir ayuda a los vecinos para comprar artículos de limpieza, mientras el gobierno se llena la boca diciendo que apoya a la Policía. Día a día aumenta la cantidad de personas que van a pedir auxilio al Mides o a las ollas populares.

Todo es turbio y secreto; y lo peor es que estos casos son solo algunos de los múltiples mojones, malditos mojones que señalan el rumbo del lacallato.