Y a ellos hay que agregar la enorme cantidad de muertos que se suman cada día, presuntamente, victimas del narcotráfico. Pero como casi todos los asesinados tenían antecedentes penales, difícilmente sus muertes se aclaren. Es casi una forma de impunidad.
La gente teme y con razón. Y no sólo temen los vecinos que viven en barrios donde los pequeños traficantes se han hecho fuertes, también temen las familias de policías, fiscales o periodistas.
Instalados como una realidad, los sicarios matan a quien sea por unos pocos pesos. O sea cualquiera puede ser su víctima, aún por asuntos muy diferentes al narcotráfico.
Políticas de Estado
El ministro de Defensa afirmó que “el combate al narcotráfico necesita una política de Estado y si no entendemos eso, no hemos entendido nada”.
Es una expresión por lo menos curiosa, sobre todo proviniendo de un notorio integrante de un gobierno que nada ha hecho para construir vínculos políticos con la oposición y más bien los dinamitó todos.
Hubo apenas un intento el año pasado cuando el ex ministro del Interior, Luis Alberto Heber absolutamente superado, le cedió espacio a Diego Sanjurjo quién convocó a representantes de todos los partidos políticos para establecer algunos criterios comunes.
Pero renunciaron a Heber y Sanjurjo desapareció de la escena. Justo es señalar que Nicolás Martinelli, nuevo ministro de Interior, sin aparecer permanente en radio y TV, como hacía su antecesor, ha mostrado tener una visión radicalmente diferente.
Por lo pronto ya no se habla de la “guerra contra las drogas” y de endurecer penas.
Así y todo, es cierto que para enfrentar al crimen organizado – que es más que el narcotráfico – se necesita una política de Estado. Pero la coalición de gobierno ni siquiera logró ponerse de acuerdo para votar una ley de financiamiento de partidos políticos y la LUC alivianó los controles antilavado.
O sea, como expresa el dicho popular, García tiene razón, pero tiene poca y la poca que tiene no vale nada.
Allanamientos nocturnos
Este año se reinstaló la idea sobre que los allanamientos nocturnos serían una especie de panacea para combatir al narcotráfico.
Nadie explica los resultados que ha tenido en los países donde no existe esa prohibición constitucional. Vean sólo lo que ocurre en México o incluso EE.UU.
Pero en Uruguay existen algunos datos que lo muestran como inconveniente.
La semana pasada, en medio de un importante operativo antidrogas planificado con mucho tiempo porque requirió apoyo de otras Jefaturas, la policía de Salto allanó erróneamente de día una casa, rompió un portón y una puerta, detuvo y esposó a todos los ocupantes del lugar. Pero se equivocaron de dirección y la familia que tuvo que vivir esa peripecia nada tenía que ver. Al que buscaban vivía al lado.
En junio del 2021 el ministerio del Interior decidió sustituir al subdirector de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, comisario mayor Álvaro García.
Dos fuentes del Sindicato Policial dijeron a Caras y Caretas que "con García había malestar generalizado dentro y fuera de la Dirección Antidrogas porque se le descubrió en varias oportunidades apropiándose de objetos de valor durante allanamientos. Era un vulgar rastrillo", señalaron los informantes.
Cuando les preguntamos por qué no se habían hecho las denuncias ante la justicia, una fuente respondió: "Lamentablemente barrer bajo la alfombra es un procedimiento que se ha hecho común".
El Ministerio le ofreció a García la renuncia o pasar a un cargo de menor jerarquía, que fue lo que aceptó porque si no quedaría al borde del retiro obligatorio. Por eso pasó al cargo de Coordinador, el tercero en jerarquía, en la Jefatura de Florida.
Años atrás un ex juez penal relató a este cronista como actuaban funcionarios policiales corruptos de Montevideo. Entonces varios jueces penales habían detectado que los encargados de las investigaciones solicitaban una cantidad exagerada de órdenes de allanamiento, las cuales en su inmensa mayoría no arrojaban resultados positivos. Uno de esos jueces siempre fue reacio a otorgar órdenes de allanamiento sin fundamentos claros y específicos.
Con otros funcionarios judiciales comenzaron a indagar a los detenidos respecto a si habían sufrido algún abuso policial. Pero fue entonces cuando algunos abogados defensores, tanto de oficio como privados, comenzaron a confiarles relatos que les hacían sus defendidos y que en muy buena medida explicaban las razones del fracaso de las órdenes de allanamiento.
Supieron entonces que los policías les sacaban la droga a sus defendidos, así como todos los efectos que tenían en su poder por la venta de los estupefacientes, tales como electrodomésticos, instrumentos musicales, y los más variados objetos. Les decían que iban a informar al juez que no habían encontrado nada y que por tanto no los detendrían, pero que en 10 o 15 días iban a volver y tenían que entregarles a cambio 200.000 pesos.
Si no lo hacían, juntarían más droga de otros procedimientos, pedirían un nuevo allanamiento a otro juez, los detendrían y los pondrían a disposición judicial listos para ser procesados. Era una inversión segura: ningún detenido iba a denunciar el procedimiento policial deshonesto, pues supondría auto incriminarse. Es obvio que no podrían denunciar lo ocurrido, pues no podrían justificar cómo tenían en su poder los efectos.
Esta modalidad era la más peligrosa, pues conllevaba un aumento desmedido de los delitos de hurto y de rapiña, porque los dueños de las bocas de venta de droga le urgían a sus clientes que salieran a robar y a rapiñar para conseguir el dinero que debían entregar a los policías corruptos”, dijo el ex magistrado.
Otra modalidad similar consistía en que un par de policías que patrullaban en móviles entraran de noche en cualquier boca de drogas y mediante amenazas con armas, se llevaban todos los efectos que se encontraban en el lugar. Ante las protestas de los dueños de la boca, los policías les decían que no se hicieran problemas, que fueran a la seccional a denunciarlos. Obviamente no iban a denunciarlos, pues nadie iría a una dependencia policial a decir que les habían robado los efectos de un delito”
¿Alguien necesita más evidencias sobre por qué los allanamientos nocturnos generarán más problemas que soluciones?
El mayor problema es la corrupción
Uruguay es un país con altos índices de corrupción. Es más, estamos acostumbrados a ella.
Ocurre que bajo la denominación de corrupción, muchos denuncian lo que pueden ser errores de gestión que no es lo mismo.
Pero es muy obvio que nuestro país ha servido para el lavado de dinero sucio de muchísimos delincuentes internacionales. Y para eso ha contado con leyes y la asistencia de “prestigiosos” estudios para armar sociedades anónimas que permitieron esconder bienes y dinero.
Alguno de esos “prestigiosos” estudios estaba dirigido por políticos.
Los narcos manejan cifras escandalosas de dinero. Y con él pueden corromper a policías, militares, profesionales, funcionarios del Estado.
No sabemos si han llegado a corromper a políticos. Pero el campo lo tienen hecho orégano.
Los ejemplos sobran en el mundo. México, Paraguay y Colombia son ejemplos que hay que mirar con mucha atención. .
Si el Estado estuviera decidido a combatir la corrupción en todas las áreas y la sociedad toda asumiera la gravedad del problema, los narcotraficantes encontrarían escollos muy importantes para su nefasto negocio.
