Para continuar, hacete socio de {}. Si ya formas parte de la comunidad, .
{# Opciones de Suscripción #} {# DESCOMENTAR AL IMPLEMENTAR: #} {# {% for n, m in this.getPaywallPlans('thinkindot', 'plans') %} {% if (m.tab == "all" or m.tab == "mensual") %} #}{{m.shortDescription}}
Los 1º de marzo, cuando hay cambio de gobierno luego de elecciones democráticas, hay mucho que festejar además de escuchar el himno cantado por la cantante “exilada” y la oración de monseñor Sturla. Lo primero para aplaudir es que se escuchó la voz del pueblo que quiso elegir al presidente que asumirá y, más importante aún, es que los que fueron derrotados en las urnas reconocieron sin objeciones la derrota.
Me encuentro entre estos últimos, siendo ya bastante viejo, y me siento muy ducho en estas cosas de perder.
Habrá tiempo de analizar las causas que motivaron el resultado de las elecciones de octubre y noviembre y los méritos que hicieron unos y otros para merecer este lamentable resultado final.
Hoy no cabe otra cosa que saludar al que ganó y desear lo mejor a los uruguayos, especialmente a los más humildes, que me temo que serán defraudados y sufrirán mucho este gobierno que se inicia.
Ahora bien, ni por ser prudente, equilibrado y políticamente correcto, voy a escribir que a este gobierno le deseo lo mejor y mucho menos repetir que cuanto mejor les vaya, mejor le irá al país.
Yo sé que en este equipo hay gente bien intencionada, honesta, democrática y verdaderamente liberal; sin embargo, también sé que si sus políticas y sus propósitos tienen éxito, iremos para atrás.
Si a Lacalle Pou y el núcleo hegemónico de esta administración les va muy bien, a los que viven de su trabajo les irá muy mal.
Es más, debe saberse que los que siempre son más postergados perderán beneficios y derechos que han conquistado en los últimos 15 años de gobierno frenteamplista y estos beneficios se transferirán a los más poderosos, aquellos que perdieron privilegios y que hicieron lo imposible para que el Frente Amplio perdiera el gobierno.
Que conste que yo pienso que ganaron los ricos y eso no me alegra.
En realidad, eso es el ajuste fiscal que han anunciado que harán y que se ejecutará recortando el gasto en mil y tantos millones de dólares, apropiándose de derechos adquiridos, rebajando los controles e inspecciones precarizando el trabajo, devaluando la moneda y bajando los salarios y jubilaciones.
Ahora bien, no hay duda de que la gente eligió esto y que los elegidos van a procurar gobernar para quienes los llevaron al poder. Así es la historia.
El 1º de marzo no nace un gobierno de los obreros, ni de los jubilados, ni de las capas medias, ni de los profesionales, ni de los pequeños comerciantes ni de los trabajadores del campo. Tampoco nace un gobierno de los intelectuales, los estudiantes, los científicos, los empleados y trabajadores públicos, los pequeños y medianos productores del agro y la ciudad.
Nace un gobierno de claro corte oligárquico neoliberal, al servicio de los intereses de los grupos privilegiados de nuestro país, capitaneados por las cámaras empresariales, dominadas a su vez por la Asociación Rural del Uruguay.
Este carácter no solo está definido por la pertenencia de las principales figuras del partido de gobierno, el Partido Nacional, a la oligarquía agropecuaria tradicional, que traicionó a José Artigas (el autor del «Reglamento de Tierras») y también a los principales caudillos de la colectividad de Oribe y Wilson; también lo está por su programa, expuesto en el proyecto de Ley de Urgente Consideración (LUC) presentado por el Partido Nacional a consideración de sus socios de la «coalición multicolor» y a la ciudadanía con el nombre de «Uruguay seguro, transparente y de oportunidades», de 457 artículos, y que es el auténtico reflejo del pensamiento neoliberal, punitivo, excluyente y restaurador que, al menos, tiene el sector hegemónico de esta coalición de partidos que constituye el gobierno.
Tal vez sea necesario recordar que el propio presidente y media docena de sus ministros -Luis Alberto Heber, Álvaro Delgado, Meme Arbeleche, Irene Moreira- es parte de la llamada “familia rural”, que será acompañada este domingo por algunos centenares de jinetes que le pondrán sello a la ceremonia.
Esa Ley de Urgente Consideración, a la que hace muchos meses llamamos «la madre del borrego», será presentada con importantes mutilaciones y cambios y eso representa una derrota monumental del gobierno que aún no ha nacido. También es una derrota que aún no hayan podido integrar las autoridades de los organismos del Estado, principales entes autónomos y servicios descentralizados por no ponerse de acuerdo los principales actores del gobierno. También lo es que Manini y Sanguinetti hayan reclamado un organismo de coordinación porque están desconformes con el papel monárquico que ha asumido Lacalle Pou, coordinando uno a uno a los principales líderes de la coalición que presumiblemente va a gobernar.
Las peores derrotas son las morales o de principios
El bebé que nace se parece a Frankenstein. Nace mutilado y golpeado por episodios oscuros.
Además de las derrotas de principios que hay en la LUC (entregas monumentales de la soberanía nacional, entrega de la tierra a sociedades anónimas extranjeras, declaración de que los colonos del INC no tienen por qué trabajar la tierra ni vivir en ella, etc.), debilitamiento de Antel frente a la competencia de Movistar y Claro y de las empresas del Estado, el futuro gobierno encabezado por Luis Lacalle Pou viene de sufrir muy concretas derrotas en el campo de la ética pública.
El director designado de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Ec. Isaac Alfie, con funciones de primer ministro de Estado, declaró en estos días contra su país en el juicio que los actuales titulares de la empresa Aratirí llevan contra Uruguay por un monto de nada menos que 3.556 millones de dólares.
A nadie escapa que eso se hizo a cambio de algo y que el Ec. Alfie pudo sin ningún problema, de haberlo querido, no acudir a ese convite en Washington mencionando que había sido designado para un cargo público de primer nivel.
El futuro gobierno ha dicho que la vida privada debe ser separada de la vida pública.
La pareja del designado ministro de Educación y Cultura y hombre de gran influencia en el futuro gobierno, el neoliberal Dr. Pablo da Silveira, socio de Ramón Díaz, fue arrestada cuando se iban a pasar semana de carnaval en Buenos Aires, justo antes de la asunción, porque desde hace ocho meses estaba requerida por Interpol por «lavado de activos», entre otros delitos. No importa que su relación sentimental solo tuviera seis meses, lo que importa es que Da Silveira conocía la intervención de su novia en el episodio de las coimas de Odebrecht y no le pareció “tan grave”.
Lo grave es que a Da Silveira y a todo su entorno social, la especulación, el lavado, la defraudación impositiva, las coimas, el lavado, los barrios privados, los colegios de élites, los depósitos en paraísos fiscales, la quiebra de bancos, les parece normal. Lo que les parece raro es vivir en el Cerro, ir a la escuela pública, firmar el reloj en la fábrica las ocho horas, limpiarle la cocina a la patrona, cobrar la jubilación mínima y atenderse en el hospital Maciel.
A pocos días de la asunción de Lacallle Pou, algunos de sus intendentes, particularmente el de Soriano, Bascou, y el de Artigas, Caram, también integrantes de la “familia rural”, han sido severamente cuestionados por la Junta de Transparencia y son indagados por la Justicia penal. El Dr. Carlos Moreira, a quien Lacalle Pou hizo renunciar al Senado por cuestiones éticas hace seis meses, ahora será candidato del Partido Nacional y muy probablemente volverá a ser intendente de Colonia.
En estos días previos a la asunción del nuevo presidente, no se habló de proyectos ni de esperanzas.
Discutimos sobre si el Dr. Pablo Da Silveira sabía o no sabía que su novia estaba involucrada en maniobras de coimas y lavado de dinero, si los colorados estaban o no contentos con los cargos que les adjudicó Lacalle, si el padre de la candidata a intendente Laura Raffo estaba o no involucrado en coimas cuando era ministro en el gobierno de Lacalle Herrera, de la multa multimillonaria que deberá pagar el gobierno al consorcio constructor del ferrocarril si a Alfie se le ocurre parar la obra contratada y la cantidad de trabajadores que irán al seguro de paro si las obras se detienen.
A este gobierno, que verá sus propuestas en seguridad y en educación enfrentadas por los sindicatos, y que, aunque nunca más lo dijo, planea imponer un ajuste fiscal de entre 900 millones y 1.300 millones de dólares, no le aguardan días fáciles y a nosotros tampoco.