La repudiable postura de Bolsonaro no es nueva. El 5 de julio de 2019 el mandatario había justificado el trabajo infantil y la autorización de la portación de armas para menores, que fuera luego rechazada por el Congreso. «Cuando un chico de nueve o diez años está trabajando siempre hay alguien que dice que eso es trabajo esclavo, yo no sé si es así», planteó. «Trabajar no afecta la vida de nadie, pero quédense tranquilos que no voy a presentar ningún proyecto que despenalice el trabajo infantil porque si lo hiciera sería masacrado», ironizó en aquel momento.
El trabajo está permitido en Brasil a partir de los 16 años, pero el Estatuto del Niño y del Adolescente permite desde 1990 una función de «aprendiz» desde los 14. Sin embargo, el gobierno federal cuenta con programas y acciones para erradicar el trabajo infantil. Años atrás, el país se comprometió en Naciones Unidas a poner fin a la explotación ilegal de menores hacia 2025. Hoy parece muy lejos de alcanzar esa meta.
El mismo día en que Jair Bolsonaro defendió el trabajo infantil, Unicef dio a conocer un estudio en el que revela que en Brasil el 63 por ciento de las familias con niños, niñas y adolescentes perdieron parte de sus ingresos durante la pandemia. «La reducción también está más presente en los estratos más pobres: el 67 por ciento de los que tienen un ingreso familiar de hasta un salario mínimo sufrieron una reducción de ingresos, frente al 36 por ciento de los que tienen un ingreso familiar de más de diez salarios», dice el trabajo de Unicef citado por la revista Forum.
Según la misma encuesta, el 52 por ciento de las familias con niños solicitaron una ayuda de emergencia, pero el 25 por ciento de esas solicitudes no fueron atendidas. «Además de los beneficios temporales, es importante que los programas regulares de protección social incluyan a todas las familias vulnerables de manera sostenible. Por lo tanto, deben enfocarse en quienes más lo necesitan, quienes tienen hijos, que ya tenían altos niveles de vulnerabilidad, acentuados por la pandemia», dijo Liliana Chopitea, jefa de políticas sociales, monitoreo y evaluación de Unicef en el país.
Lejos de hacerse eco de ese delicado escenario, Bolsonaro rechazó este miércoles la propuesta del ministerio de Economía de crear un nuevo programa de asistencia social llamado «Renta Brasil». Confirmó en ese sentido que el proyecto ni siquiera será enviado al Congreso. El mandatario aseguró que no está satisfecho con la forma en que se financiaría, lo que habría requerido recortes en otros programas sociales como el plan de subsidios salariales para el que califican muchos trabajadores de bajos ingresos.
«No puedo quitarle a los pobres para dárselo a los pobres. No puedo quitarle a 12 millones de personas el subsidio salarial para dárselo a una Bolsa Familia o Renta Brasil, o lo que sea», dijo Bolsonaro durante un discurso en el estado de Minas Gerais. Bolsa Familia es un programa de bienestar nacional que actualmente ayuda a más de 14 millones de familias pobres.
Introducido por el gobierno del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva en 2004, Bolsa Familia goza de una amplia popularidad y apoyo, con un costo de alrededor de 30 mil millones de reales (5.500 millones de dólares) al año para el Tesoro de Brasil.
