El planteo sindical apunta a que la discusión no se limite a reconocer formalmente el derecho a retirarse antes, sino que contemple si las personas pueden hacerlo sin quedar expuestas a prestaciones insuficientes. La situación es especialmente relevante para quienes tienen salarios bajos y no cuentan con otras fuentes de ingresos.
El costo de seguir trabajando
Para ilustrar el impacto económico de postergar el retiro, Karina planteó el caso de una persona con un salario mensual de 100.000 pesos. Si continúa trabajando cinco años más, hasta los 65, y aporta el 20% de su salario, habrá realizado aportes por 1.200.000 pesos adicionales durante ese período.
Si la diferencia entre la jubilación que obtendría a los 60 años y la que recibiría a los 65 fuera de 6.000 pesos mensuales, recuperar ese monto mediante el ingreso jubilatorio adicional llevaría aproximadamente 17 años, según el ejemplo expuesto.
"Yo con lo que pagué esos cinco años y lo que tuve que trabajar, me financio a mí misma 17 años casi de esa diferencia de 6.000 pesos", señaló.
No obstante, el ejemplo corresponde a un caso hipotético y el resultado depende de las condiciones particulares de cada trabajador, su historia laboral y las reglas de cálculo aplicables.
Prestaciones insuficientes y suplemento solidario
La discusión sobre la edad jubilatoria también se vincula con el monto de los ingresos que reciben quienes se retiran con salarios bajos o atraviesan situaciones de vulnerabilidad.
Durante la entrevista, advirtió que una persona puede acceder a una jubilación de alrededor de 10.000 pesos, según su historia salarial y las condiciones aplicables. En esos casos, el suplemento solidario previsto en la reforma previsional puede complementar los ingresos, aunque su acceso está sujeto a determinados requisitos.
Entre las condiciones mencionadas se encuentran los criterios de residencia y la situación económica de la persona. La representante sindical cuestionó que ese complemento dependa de circunstancias que pueden variar y que no tenga necesariamente las mismas características que una prestación jubilatoria calculada sobre las reglas generales.
También advirtió sobre los efectos que esa distinción puede tener en la vida cotidiana. Si una persona percibe una parte de su ingreso mediante el suplemento solidario, el total que recibe no necesariamente se considera de la misma manera para otros trámites o evaluaciones económicas.
A su entender, el sistema debe garantizar ingresos suficientes y previsibles para quienes dejan de trabajar, en lugar de depender de complementos sujetos a condiciones particulares.
La espera y los tiempos políticos
Otro de los cuestionamientos se refiere al tiempo que puede llevar la aprobación e implementación de los cambios. Aunque el planteo de la jubilación anticipada se incorporó a la discusión del diálogo social, su instrumentación requiere definiciones legales, reglamentarias y operativas.
Señaló que los cambios también implicarán ajustes en los sistemas informáticos y en los procedimientos del BPS. Por ese motivo, consideró que la implementación puede llevar tiempo, aun cuando exista una definición política favorable.
La representante sindical sostuvo que esa demora debe analizarse desde la perspectiva de las personas que necesitan resolver su situación laboral y económica. Para quienes ya no pueden trabajar o tienen dificultades para sostenerse con sus ingresos, los tiempos de negociación y aprobación legislativa no coinciden necesariamente con sus necesidades inmediatas.
En ese marco, cuestionó que el debate se concentre exclusivamente en la sustentabilidad financiera del sistema y planteó la necesidad de discutir la suficiencia de las prestaciones y las condiciones reales en las que las personas llegan a la edad de retiro.
Una discusión que continúa abierta
La propuesta de habilitar la jubilación a los 60 años con 30 años de aportes no resuelve por sí sola las dificultades del sistema previsional. Su alcance dependerá de las condiciones que finalmente establezca el proyecto, de los montos de las prestaciones y de las restricciones que puedan aplicarse a quienes opten por esa causal.
Advirtió, además, que podría generarse una diferencia entre quienes se jubilen anticipadamente y quienes lo hagan a los 65 años, especialmente si los primeros reciben una prestación menor y tienen limitaciones para continuar trabajando.
Por eso, el planteo sindical apunta a que el retiro anticipado no sea solamente una opción formal, sino una alternativa que permita a las personas dejar de trabajar con ingresos suficientes para vivir. La discusión, sostuvo, debe contemplar tanto la sustentabilidad del sistema como las condiciones de vida de cientos de miles de jubilados y jubiladas.
