El principal punto de la demanda es una transferencia de 1,338 millones de dólares que Juan José Zapag habría ordenado debitar de una cuenta de Cargo Line para enviar a una cuenta personal ubicada en un paraíso fiscal. Al enterarse, Blas y Nora Zapag exigieron explicaciones al Directorio y al síndico sobre esta operación, pero no obtuvieron respuesta.
El otro tema controversial es la construcción del edificio Nextar, un proyecto valuado en aproximadamente 10 millones de dólares, registrado a nombre de Cimportex pero financiado por Cargo Line. En los documentos entregados a la Justicia se establece que el financiamiento se dio mediante el pago anticipado de alquileres por más de 15 años y que “Juan José Zapag firmó el contrato en representación de ambas sociedades, mientras María Arlette Zapag lo firmó como directora de Cimportex y al mismo tiempo como directora de Cargo Line”.
Pero no existen actas sobre la aprobación del Directorio, ni qué empresa se ocuparía de la construcción y qué presupuesto exigiría la obra.
La intervención judicial sin plazo supone limitaciones importantes para la operativa empresarial durante el tiempo en que los auditores nombrados por la Justicia determinarán la entidad de la denuncia. Si efectivamente el fraude fuera probado, el caso pasará a la Justicia penal.
Hasta el momento, nadie de la familia Zapag, denunciantes y denunciados, se ha referido públicamente a estos hechos.
Cargo Line es una empresa naviera paraguaya perteneciente al Grupo Copetrol S.A., todos parte del Grupo Zapag, fundada en 2011. Su función principal es proveer soluciones para el transporte fluvial de combustibles y cargas a granel de granos a lo largo de la Hidrovía Paraguay-Paraná. Realiza tareas de carga y descarga en los principales puertos fluviales de Paraguay, Argentina, Brasil, Bolivia y Uruguay. Cuenta con 11 remolcadores, 83 barcazas tanque de 3.000 metros cúbicos cada una y 24 barcazas graneleras de 2.500 toneladas cada una.
En tanto, Cimportex Paraguaya I.C.S.A. es una sociedad anónima de propiedad de la familia Zapag que opera en el sector inmobiliario, tenencia de bienes y de gestión de inversiones y proyectos asociados a su grupo empresarial, además de registrar antecedentes en el ámbito de litigios comerciales y reclamos de indemnización al Estado.
Sus negocios llegan hasta el fútbol
Además de las empresas Cargo Line y Cimportex, la familia Zapag es dueña de Copetrol, la principal distribuidora de combustible de Paraguay con una red de 360 estaciones de servicio. Cuando se privatizó Petrobras, el que compró la franquicia fue Raúl Zapag, que sumó esa red a la que ya poseían.
También son socios de la productora de pasta de celulosa Paracel, ubicada en la zona de Concepción y que está en la etapa de fundaciones y obra civil. Esta obra cuenta con una inversión de 3.200 millones de dólares aportados por el grupo Girindus Investments (Suecia) y Copetrol, propiedad del empresario paraguayo Blas Zapag que logró formar parte gracias a una inversión de 1.400 millones de dólares del banco Goldman Sachs.
El ingeniero uruguayo Fernando Puntigliano, expresidente de la Administración Nacional de Puertos y ex CEO de Aratirí, se ha desempeñado como asesor logístico de Paracel.
El Grupo Zapag es propietario de decenas de miles de hectáreas en su país, que dedican a producción ganadera, agrícola, arrocera y forestal. Además, son dueños del club Cerro Porteño que presidió durante 13 años el denunciado Juan José Zapag. De ese club fue dirigente Juan Ángel Napout, quien años después, ya como presidente de Conmebol, fue detenido, extraditado a EEUU y remitido a prisión hasta el 2027 por el escándalo FIFA Gate.
El Grupo Zapag y sus negocios en Uruguay
En el año 2021, el grupo Zapag, a través de Copetrol, la empresa uruguaya Acodike Supergás y el grupo argentino Delta Patagonia crearon el holding corporativo Nexzur S.A., a través del cual adquirieron el 100 % del negocio de distribución de combustible y lubricantes de la marca Axion Energy en Uruguay, hasta entonces propiedad del grupo Bridas de Alejandro Bulgheroni.
El conglomerado controla 100 estaciones de servicio de la marca Axion, ubicadas en su mayoría en el litoral, sur y este de Uruguay. Pero este no es su mayor negocio en nuestro país.
En los primeros días de enero pasado, y después de más de tres años de gestiones, el Ministerio de Ambiente otorgó la autorización ambiental previa al proyecto de construcción de un puerto ubicado cerca de playa La Agraciada en Soriano, dando luz verde a una obra en la que se invertirán 150 millones de dólares.
La autorización fue concedida a la empresa Woil S.A., propiedad del grupo Zapag. El puerto, que operará en régimen de zona franca, funcionará como estación de transferencia fluvial para celulosa y combustibles renovables producidos por los inversores, con salida hacia Estados Unidos, Europa y Asia.
De acuerdo a la información suministrada al semanario El Eco por la Dirección Nacional de Hidrografía, el proyecto “Argoline Paraguay S.A./Woil S.A. plantea realizar dos construcciones off shore alineadas. La primera será un área especializada para manejo de cargas multipropósito y la segunda para manejo de combustibles líquidos”.
La memoria descriptiva establece que “la primera de las construcciones será un muelle ubicado aguas abajo (muelle multipropósito) que se proyecta para el atraque y operación de buques oceánicos del lado exterior, y del lado interior un área para el manejo de barcazas fluviales”. Uno de los muelles tendría 1.400 metros de longitud sobre el río Uruguay.
“En la segunda de las construcciones emplazada aguas arriba del primero, a aproximadamente a 193 metros de distancia entre los cerramientos externos de los muelles y con la misma alineación del anterior, se proyecta la operación de buques oceánicos, y en el lado interior también la operación de barcazas fluviales. Se trata de una plataforma central para las instalaciones fijas”.
El proyecto también establece que “ambos muelles oceánicos se interconectan con una pasarela fija que facilita el tránsito de camiones livianos para mantenimiento y constituye un carril especializado donde posicionar las conducciones de los derivados líquidos, tuberías de incendio, señales débiles, ductos eléctricos, etc.”.
Un dato por demás curioso es que con la exclusión de navegar a 600 metros que tiene cualquier puerto comercial y debido a la extensión de los muelles, se cortaría la navegación a unos 1.800 metros de la ribera. O sea, las embarcaciones deportivas y de pesca uruguayas tendrían que pasar por aguas argentinas para transitar río arriba.
La Intendencia de Soriano ya dio el visto bueno a una serie de importantes obras complementarias como carreteras de acceso al nuevo puerto y otras varias obras.
El emplazamiento de esta estación portuaria no es un dato menor ya que se ubica a unos 10 kilómetros hacia el norte del puerto de Nueva Palmira. Se trata de una zona que, con una infraestructura portuaria consolidada, se vuelve especialmente sensible para la planificación de servicios, la competencia logística, el ordenamiento de accesos y la futura coordinación operativa de la navegación. Y, por supuesto, también de los controles que se supone se harán en forma cotidiana ya que la hidrovía es una ruta de salida muy importante de la droga que se produce en Bolivia.
El proceso de autorización de este puerto comenzó en las presidencias de Luis Lacalle Pou (Uruguay) y Mario Abdo (Paraguay), y su construcción se iniciará durante los gobiernos de Yamandú Orsi (Uruguay) y Santiago Peña (Paraguay).
Una fuente muy al tanto de este proceso aseguró a El Eco de Carmelo que hay una disputa entre el capital trasnacional por el control de la zona donde está ubicada la pastera Paracel. "El expresidente Horacio Cartes instaló una cementera y Paracel hizo una inversión altísima de más de 3 mil millones que la siguen ampliando con capitales canadienses, europeos y el capital inicial de Zapag.
Ese punto de distribución estratégico baja por el río y tiene que usarse la hidrovía. La disputa por el control del territorio y de los capitales que están ahí es un punto fuerte de conflicto inter-elites porque al haber intereses trasnacionales desde la punta más alta hacia abajo, se requiere más control de la hidrovía y eso tensiona la triple frontera", añade la publicación.
En tiempo pasado, Blas Zapag y Horacio Cartes fueron socios, pero desde hace tiempo están duramente enfrentados, ya que el primero intentó apoderarse de las empresas del segundo.
Uruguay en medio de un conflicto estratégico
Además de la producción de celulosa, el Grupo Zapag está involucrado en otras inversiones millonarias en Paraguay. A la mencionada Paracel, que atrae más inversiones y genera una movimiento muy importante alrededor de ese negocios en el norte, tiene otra empresa que se llama Omega Green, de hidrógeno verde, producción de etanol y que proyecta 20.000 barriles por día, produciendo una mezcla de combustibles como HVO (aceite vegetal hidrotratado, también conocido como diésel renovable), SPK (Queroseno Parafíno Sintético, también conocido como Sustainable Aviation Fuel, o biojet), y nafta verde (utilizada en la industria química para fabricar plástico verde, entre otros productos).
La obra la lleva la empresa contratista estadounidense Honeywell UOP, propietaria de la tecnología de refinación de combustible renovable y Crown Iron Works, otra empresa estadounidense que ofrece equipamientos de pretratamiento. El socio local de estas dos empresas es Copetrol, de Zapag.
El punto en común de estos proyectos millonarios no solo son los capitales estadounidenses y sus socios locales, sino la zona geográfica: Villeta y Concepción, donde se están concentrando grandes inversiones y ambas dependerán de la hidrovía.
A su vez, el expresidente Cartes también construyó una cementera luego de salir del gobierno y se sospecha que utilizó información clasificada para constituir una empresa con el Instituto Nacional del Cemento, propiedad del Estado paraguayo.
El otro lobby fuerte es el uso electrointensivo de la electricidad donde entran la minería y la criptominería con capitales que vienen de Estados Unidos y Asia, incluso capitales chinos. En la provisión de carne y soja aparece otro jugador llamado Luis Alberto Pettengill, un empresario poderoso de la obra pública y dueño del Frigorífico Concepción, quien además está estrechamente vinculado al sector político liderado por el actual presidente Santiago Peña.
Pettengill abrió una sede de su frigorífico en Bolivia, desde donde exporta a China. "También se menciona la ventaja que busca Paraguay en el TLC con India y Singapur tratando de utilizar esos tratados para contactarse con empresas y capitales chinos", explicó una fuente al periódico La Política Online.
Agregó que "a todas estas empresas hay que sumar Ball Corporation, que se dedica a proveer latitas a todo el continente para Coca-Cola, Pepsi y otras, e ingresaron al mercado durante la presidencia de Abdo. Por eso Estados Unidos lo apoyaba".
La jugada de Estados Unidos en Paraguay cuenta entonces con varios frentes abiertos. Una suerte de limpieza del sistema político, la reconfiguración de las alianzas con las elites locales (que explican la disputa Cartes-Zapag) y el control de un área estratégica que va desde el norte de Paraguay hasta la hidrovía, incluyendo la triple frontera, donde Estados Unidos quiere instalar una base militar. No son datos menores a la hora de analizar el papel que juega Uruguay en esta batalla de poderosos intereses estratégicos.
El interés de EEUU en la hidrovía
La reseña anterior revela el alto interés que tiene Paraguay para EEUU y particularmente su manifiesto interés en la hidrovía. Hace tres años el periodista Mempo Giardinelli escribió en Página 12 que “el Gobierno del Paraguay decidió sumar, oficialmente, el concurso de militares norteamericanos a lo que también ellos llaman ‘Hidrovía’”.
La elaboración de un plan maestro para la navegación del río Paraguay (que desemboca en el Paraná en la chaqueña Isla del Cerrito, a la que todos los estudios y análisis llaman "punto de confluencia") se hará con "apoyo técnico del cuerpo de ingenieros militares de los Estados Unidos", escribió Giardinelli.
“Esto se veía venir desde hace mucho”, sostiene el periodista, “si bien hasta ahora todo lo relacionado con la continuidad hídrica Paraná-Paraguay dependía más bien de las indecisiones argentinas respecto del control y gestión del río y la puesta en marcha del Canal Magdalena. Lo que podría desembocar en otra maliciosa tanda de licitaciones como desde hace 30 años.
Eso explicaría, por cierto, la presencia reciente de la poderosa empresa holandesa de dragado Boskalis, que estaría poniendo en marcha un lobby para dominar el negocio y con la pretensión de coordinar dragados, puertos y agroexportadoras”, escribió Giardinelli.
Boskalis es la misma empresa que dragó la bahía de Montevideo y acaba de adjudicarse el dragado del canal Martin García.
La hidrovía y el tráfico de drogas
Carlos del Frade (63 años) es un periodista rosarino que ha investigado y escrito 50 libros, la mayoría sobre el narcotráfico en su provincia, y particularmente en Rosario. Para este periodista, el narcotráfico es principalmente “ese gran negocio paraestatal del capitalismo, absolutamente consolidado desde los años sesenta junto al petróleo, las armas, los medicamentos y la trata”.
Del Frade propone un punto de partida para la historia de la Hidrovía como ruta de la droga: el 24 de abril de 1978 llega al puerto de Rosario un cargamento de azúcar desde Bolivia que en realidad encubría 200 kilos de cocaína. “Leopoldo Galtieri era el comandante del Cuerpo II del Ejército, y junto al almirante Eduardo Massera recibió oficialmente con ese cargamento a los militares bolivianos que luego propiciarían lo que se llamó el narcogolpe en ese país, encabezado por Luis García Meza y Luis Arce Gómez. Ambos militares trabajaban con Roberto Suárez Gómez, el principal impulsor del desarrollo de la cocaína desde Bolivia hacia el mundo y primer proveedor de Pablo Escobar Gaviria. Ahí ya se armó un negocio paraestatal y multinacional, en el que el Estado Argentino empezó sus negocios corruptos mientras continuaba con los crímenes, desapariciones y violaciones a los derechos humanos”.
Otro punto crucial que señala el periodista Del Frade, en su libro “Ciudad blanca, crónica negra–Historia del narcotráfico en Santa Fe”, fue la privatización en 1998 del puerto de Rosario a un grupo filipino que iba a exportar autos de General Motors y jamás exportó ninguno. ¿Qué hacían? “Construyeron el sistema físico para el tráfico y la geografía financiera para el lavado de dinero. Hoy te encontrás con puertos y empresas que son un país dentro del país, que ni siquiera pueden ser investigados en el lugar que más dinero mueve en Argentina”.
El grupo que heredó esa privatización estaba encabezado por Jordi Pujol (hijo), cuyo padre fue durante años presidente del gobierno de Barcelona y terminó acusado por gravísimos delitos de corrupción. Su hijo siguió el mismo camino y ahora está prófugo y buscado por Interpol. Por error se informó hace dos semanas que había sido detenido.
Según datos de 2019, en Santa Fe se abrieron 2.323 causas por delitos relacionados con el narcotráfico y apenas 18 causas por lavado de dinero.
Rosario es el segundo puerto granelero del mundo, después del de Nueva Orleans. Por la hidrovía circulan anualmente decenas de miles de barcazas. Sólo al puerto de Nueva Palmira llegan unas 3.000 por año.
La soja es la mercadería de mayor circulación desde Paraguay al sur. Ocurre que el grano paraguayo es de mejor calidad que el argentino o el uruguayo, ya que contiene más proteínas porque recibe mayor cantidad de horas de sol. Por eso es común mezclarlo con la producida de más al sur. Además, muchos plantadores argentinos evadían las detracciones enviando la soja de contrabando a Paraguay y luego legalmente hacia Rosario, donde se cargaba con destino de exportación.
Del Frade asegura que “hay un esquema de empresas y puertos que hacen negocios legales e ilegales, pero que nadie puede investigar en serio. Desde el punto de vista del lavado creo que eso se ve en las importaciones infladas para cobrar reintegros, y en las exportaciones de cereales y otras materias primas, donde se declara mucho menos que lo real, generando masas de dinero negro que van al lavado”.
El periodista rosarino agregó que “los informes de Naciones Unidas ubican a la Argentina como segundo exportador de metanfetaminas de América hacia Europa, detrás de Brasil, y tercero de cocaína. Se habla de combatir al narcotráfico pero esto, que es el negocio en serio, se mantiene intacto y en crecimiento. Yo relaciono el narcotráfico con el negocio extractivo y con el modelo económico, impuesto de afuera hacia adentro. Por eso el desprecio a la naturaleza en toda América Latina, y la directa relación del extractivismo con cualquier cosa que salga por los puertos. Combatir realmente al narcotráfico implica ir contra el capitalismo. Por eso los gobiernos y los grandes partidos no hacen nada. Es algo que no quieren cambiar”.
No resulta ocioso recordar que el narcotraficante Sebastián Marset había sido calificado por autoridades uruguayas y paraguayas como “El Gerente de la Hidrovía”.
La gran pregunta al final es: ¿qué garantías otorga a nuestro país un grupo empresarial donde se roban entre ellos?
