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Medios salteños denuncian que Albisu busca tercerizar personal a través de fundaciones
Existen denuncias sobre ingresos a la Intendencia de Salto Albisu mediante fundaciones; mientras tanto 291 trabajadores cesados demandarán a la comuna.
15 de abril de 2026 - 18:54
Tras una declaración en la Junta Departamental, se acusa al gobierno de Salto liderado por Carlos Albisu de instalar un mecanismo de contratación a través de Fundaciones sin concurso y sin exeder el rubro cero. Mientras tanto, los 291 funcionarios cesados avanzan con una demanda judicial.
Hace días se comenta abiertamente en Salto la posibilidad de instalar dos fundaciones en la órbita de la Intendencia. Según los trascendidos de la prensa local el objetivo sería poner gente a trabajar en la actividad pública sin asumir el costo político ni legal de contratarlos como funcionarios. Hablamos de tercerizaciones.
La declaración
El 26 de marzo, en la Comisión de Deporte y Turismo de la Junta Departamental, comparecieron Lucía Molinari (coordinadora de Juventud) y Marcelo García da Rosa (director de Deporte). En medio de un intercambio según recoge el medio local "El Enfoque".
García da Rosa dijo “ahora, a fines de abril, empiezan a ser funcionarios pagos por la Fundación, no van a ser funcionarios municipales”.
Más allá de las denuncias sobre las dos nuevas fundaciones, existe al menos un antecedente concreto de vinculación entre la Intendencia de Salto y una organización de este tipo.
El intendente Carlos Albisu mantuvo reuniones con representantes de la Fundación Piso Digno encabezados por su director, Pablo Bartol (exministro de Desarrollo Social) para analizar la instalación de pisos elevados de madera en asentamientos de Salto. El objetivo declarado fue reducir riesgos sanitarios y mejorar las condiciones de vida en zonas vulnerables .
Si bien esta iniciativa no implica necesariamente la contratación de personal, sienta un precedente de gestión mixta que, según los denunciantes, abre la puerta al modelo que ahora se critica.
Los 291 cesados se organizan y avanzan con una demanda judicial
En paralelo a esta polémica, un colectivo de 291 trabajadores que fueron cesados por la actual administración al asumir el gobierno ya no esperan más. Están organizándose para iniciar acciones judiciales contra la Intendencia de Salto en los próximos días .
La dirigente sindical de ADEOMS, Alicia Olivera, confirmó que el sindicato puso a disposición de los trabajadores sus instalaciones y el asesoramiento de dos abogados, que junto a otros cuatro profesionales llevarán adelante la defensa en la Justicia. Sin embargo, aclaró que, según el estatuto vigente, estos trabajadores dejan de ser socios del gremio al momento del cese, por lo que la directiva no puede actuar formalmente en representación de ellos, más allá de brindar el espacio físico para reuniones y facilitar la organización.
Los 291 trabajadores viene llevando adelante actividades de recaudación mediante rifas, ventas e iniciativas comunitarias para afrontar los costos de los juicios que comenzarán a partir de este mes.
La versión oficial
El intendente Carlos Albisu, al anunciar los ceses en septiembre de 2025, defendió la medida como “dolorosa, pero fundada en sólidos argumentos jurídicos”. Sostuvo que el convenio colectivo por el cual se pretendió dejar como permanentes a estos funcionarios “es claramente violatorio de normas legales y constitucionales” .
Albisu también desmintió versiones sobre un aumento en los cargos de confianza, afirmando que la administración anterior tenía 74 y la actual ha designado 42, y que varios de ellos ya eran funcionarios municipales. Hasta el momento, no ha habido una respuesta oficial de la Intendencia respecto a las denuncias sobre la instalación de las dos fundaciones ni sobre la declaración de García da Rosa en la Junta Departamental.
