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Política Astesiano | Gobierno | Fossati

Ya no sos mi margarita, pero tampoco un perejil

Astesiano, el gobierno y la persecución de opositores

A cinco meses de ser detenido, la fiscal Gabriela Fossati logró la condena de Alejandro Astesiano por varios delitos, entre ellos el más grave: asociación para delinquir.

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El dictamen dejó abiertas otras cuestiones, la mayoría políticas. Desde jerarcas que mintieron o que en conocimiento de actividades ilegales del acusado nunca lo advirtieron. Todavía falta saber por qué tanta gente recurría a Astesiano para trámites que no tenían que ver con su función. Pero lo que sí sabemos es que el jefe de la seguridad presidencial se prestó para perseguir opositores. Algo que pone en cuestión la calidad de nuestra democracia.

Desde hace muchos años todos hemos aceptado como nomal pedirle a la Justicia que resuelva cuestiones políticas. Los gobernantes lo aplican a rajatabla y el ciudadano lo considera correcto. Pero cuando las resoluciones no son como las que todos quisieran, el desprestigio afecta solo a jueces y fiscales.

En este país donde todo se discute aun sin saber, se va a discutir si Fossati estuvo bien o mal con el acuerdo por juicio abreviado que aceptó; si sus reiteradas quejas contra su jefe o contra el sistema incidieron de alguna manera o si sus públicas discrepancias con la aplicación del nuevo código y la sobrecarga de trabajo estuvieron sobre su mesa, si la investigación fue corta o larga o si su decisión es funcional a la Torre Ejecutiva.

Como sea vale señalar dos asuntos. En un juicio oral y público seguramente la condena no sería mayor y, además, la propia fiscal anunció que la investigación continúa sobre las otras personas mencionadas en el expediente; Astesiano no podrá ser juzgado por los mismos delitos, pero sí por otros. Y puede ser citado como testigo. Por lo pronto el mismo miércoles Fossati logró la condena de otro policía, que le había pasado información reservada al jefe de la seguridad presidencial

Pero ocurre que hay asuntos que no pasan por presuntas ilegalidades y por los que deberían asumir su responsabilidad y consecuencias políticas aquellos jerarcas involucrados

El dictamen de Fossati echa luz sobre varios de ellos.

1) El prosecretario de presidencia, Rodrigo Ferrés, responsable administrativo de la seguridad presidencial, les mintió a los senadores cuando afirmó que “Astesiano no era el jefe de la custodia presidencial, sino un mero integrante”. Ese mismo día el senador Alejandro Sánchez mostró documentos que desmentían a Ferrés. Pero ahora es la fiscal Fossati quien lo señala como “jefe”. Por ese solo hecho Ferrés debería ser destituido, ha perdido credibilidad.

2) El presidente Luis Lacalle Pou, ante preguntas de periodistas, repreguntó: “¿Y este asunto en qué me afecta a mí?”, pretendiendo evadir su responsabilidad en el nombramiento de su jefe de seguridad. Pero ocurre que Fossati dice textualmente en su dictamen: “Astesiano proporcionaba de manera oficiosa la información que recibía a su entorno de Presidencia, como, por ejemplo, al secretario personal del presidente de la República, Nicolás Martínez, o al propio presidente. En ocasiones, y dado que siempre obtenía información, era consultado sobre distintos hechos”, expresa el documento fiscal.

Nadie puede discutir el derecho y la obligación del presidente a estar informado sobre cualquier asunto. Pero ¿era Astesiano el mecanismo institucional para requerir información? Lacalle Pou decidió que fuera así y por eso su custodio se sintió “un jefe político”. Nadie discutía sus pedidos porque todos asumían que detrás estaba el presidente. Y la fiscal Fossati lo dice a título expreso.

3) El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, también les mintió a los senadores cuando afirmó que “Astesiano no tenía acceso a las cámaras de videovigilancia del ministerio ni al Sistema de Gestión de Seguridad Pública (SGSP)”. Con énfasis dijo: “Eso es imposible”.

Fossati lo desmiente: “Astesiano accedía a las cámaras de videovigilancia ubicadas en Presidencia de la República y extraía información de su interés o de terceros; a documentación reservada del SGSP para sí o para proporcionársela a terceros; solicitaba información de los registros fílmicos de las cámaras de videovigilancia del Ministerio del Interior (Divaru); en ocasiones, le enviaban las respectivas filmaciones”. Más claro, échele agua.

Pero Heber tiene otra responsabilidad en estos sucesos. La plana mayor de la Policía se prestó a los turbios manejos de Astesiano, que no eran asuntos que solo tuvieran que ver con la seguridad del presidente. Si el ministro se enteró y no hizo nada, es tan responsable como los oficiales policiales. Y si no se enteró, igual debe ser sustituido por incapacidad.

Heber hizo algo peor: puso la policía al servicio de un partido político.

Ninguno de estos tres puntos es pasible de reproche penal. Pero queda claro que se trata de gravísimos asuntos políticos que deben ser dirimidos en ese plano.

Desde la dictadura no ocurría algo tan grave

La historia de este país revela que los cruces entre partidos políticos con graves acusaciones han sido cosa de todos los días. Pero hay una diferencia sustancial entre una acusación probada y la decisión de perseguir opositores como sea.

Para mejor entender este punto es necesario explicar algo que ocurrió en el departamento de Maldonado. En el año 2015 el blanco Enrique Antía hizo su campaña a la intendencia con una serie de, lo que parecían, graves acusaciones contra su antecesor el frenteamplista Óscar de los Santos. Ganó esa elección.

Apenas asumió contrató auditorías vinculadas a su partido, y también como abogado externo a Raúl Moller para presentar y hacer el seguimiento de siete denuncias penales contra De los Santos.

Algunos de los medios de comunicación más importantes del departamento, pagados por la intendencia, motorizaron esas denuncias durante los cinco años. Antía volvió a ganar.

Pero ocurrió que, por falta de pruebas, la Justicia archivó una tras otra las siete denuncias. O sea, Antía usó dineros públicos con el único objetivo de desprestigiar a su adversario. Pero la sociedad aún califica a De los Santos como corrupto.

Nadie recordó que por el año 2005 Antía había denunciado a De los Santos por difamación e injurias a raíz de declaraciones del intendente frentista. Pero cuando debía declarar por presunto enriquecimiento ilícito suyo y de varios de sus jerarcas, decidió retirar la denuncia.

La fiscal Olga Caraballo entendió que en las afirmaciones de De los Santos había cosas que “tenían viso de realidad” y por eso envió el expediente a una sede penal de Maldonado para que continuara la investigación.

Esa sede estaba a cargo de la jueza Adriana Graziuso, quien casi con urgencia ordenó el archivo. En el año 2015 Graziuso renunció al Poder Judicial para asumir como directora de Jurídica de la intendencia ahora a cargo de Antía. En la elección de 2020 fue electa como edil y suplente del intendente habiendo asumido en más de una oportunidad.

El relato se relaciona con algo que viene ocurriendo desde que asumió el gobierno de la coalición multicolor.

La idea expresada por varios legisladores es que “el FA nunca más vuelva al gobierno”.

Eso, que se hubiera podido lograr con una buena gestión, derivó en una multitud de denuncias, algunas increíbles.

Debutó el ministro por 60 días, Pablo Bartol, cuando descubrió la existencia de café vencido en el edificio del Mides. Luego con el hallazgo de múltiples objetos adquiridos por la administración anterior para beneficiarios de diferentes planes sociales. La denuncia no fue por el faltante, sino por el hallazgo.

Hasta armas encontraron en una vieja caja fuerte en la ex sede del Banco de Crédito. Mucha bulla como si desde allí se estuviera organizando un movimiento armado, hasta que se supo que esas armas habían pertenecido al banco y fueron olvidadas.

Luego, en cascada, se empezaron a presentar denuncias penales que aún están bajo investigación. En medio hubo una fuerte campaña de desprestigio contra el fiscal de Corte, a quien desde diferentes partidos de la coalición, y por lo menos dos legisladores, acusaban de “comunista” y estar al servicio de la izquierda.

El ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, hizo campaña y presentó denuncias contra algunas ollas populares, mientras una organización elegida por él, que no era del todo regular, hacía negocio con los víveres para personas que sufrían hambre.

Todo eso alentó a militantes de pequeños grupos de derecha para acusar de zurdos a todo lo que se moviera, fueran fiscales, jueces, músicos, escritores, periodistas etc.

En ese marco persecutorio se inscribe la denuncia contra Nicolás Cendoya por adjudicar una radio comunitaria. La Ursec se olvidó de que Julio María Sanguinetti siendo presidente le adjudicó cinco radios FM en Maldonado a conocidos testaferros del senador colorado Wilson Sanabria. Sin contar las decenas adjudicadas al final de su gobierno por Luis Lacalle Herrera a amigos y correligionarios. Si Cendoya estuvo mal, también lo estuvieron Sanguinetti y Lacalle padre.

Pero en el 4º piso de la Torre Ejecutiva había otros movimientos.

La senadora frentista Liliam Kechichian afirmó en el programa Legítima Defensa que “en la denuncia por irregularidades con la casa del senador Óscar Andrade participó Astesiano”. Si en el ánimo de la denuncia hubiera estado corregir irregularidades deberían haberlo hecho también con el diputado Daniel Peña (Partido de la Gente), que se hizo una casa lujosa, no un rancho, en Punta Ballena, sin permisos y violentando normas de construcción. Pero casualmente solo se ocuparon de Andrade.

Después vinieron la denuncia y la comisión investigadora contra el senador Charles Carrera por un asunto ocurrido en La Paloma hacía casi diez años, cuando el ahora legislador se desempeñaba como director general del Ministerio del Interior. ¿Tuvo que ver Astesiano o alguno de los jerarcas policiales que colaboraban con él? Es algo que no sabemos: pero, aun si Carrera fuera culpable de algo, a partir del odio y desprecio hacia “estos comunistas de mierda”, expresado en los chats por Héctor Ferreira, exsubdirector nacional de la Policía, todo puede ser posible.

Enseguida se supo, también por la publicación de los chats, que desde la empresa norteamericana Vertical Skies, propiedad de exmilitares uruguayos, se habían contactado con Astesiano para solicitarle información sobre la vida privada de los senadores Mario Bergara y Charles Carrera a los efectos de “apretarlos” para que retiraran su denuncia contra la adjudicación de la terminal de contenedores a la empresa Katoen Natie. Astesiano no rechazó de plano el pedido, al contrario, aceptó y habló varias veces con quien le había hecho la solicitud. Le dijeron que le pagarían por eso y giraron 1.500 dólares que Astesiano dijo que “le debían por un préstamo que él les había hecho”. .

A principios del año pasado el presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, chocó contra varios autos estacionados al costado del Club de Golf. Estaba alcoholizado, pocos saben que por entonces vivía un duro episodio familiar. No hubo lesionados, solo daños materiales, Abdala no huyó del lugar. Pagó su falta con trabajo comunitario.

Pero ese día, y a través de sus fuentes policiales, Astesiano se enteró antes que los medios de comunicación. Reclamó en la Policía el resultado de la espirometría y enseguida avisó al secretario privado del presidente, Nicolás Martinez, y le dijo: “A este hijo de puta hay que matarlo”. Luego usó el sistema de videovigilancia para rastrear hacia atrás lo que había hecho Abdala ese día desde las 6 de la mañana. Le pasó todo a Martínez, quién en ningún momento le advirtió que lo que hacía era ilegal.

Ese día decenas de militantes nacionalistas difundieron la información antes que los medios. El objetivo estaba logrado.

Por la misma época el responsable de seguridad del barrrio La Tahona le ofreció a Astesiano un vínculo con un policía que tenía información privada sobre el exdirector nacional de Policía, Mario Layera. El jefe de seguridad dijo que “a Luis le interesa” y acordaron un encuentro. Layera había criticado la LUC.

No se sabe si la información existe, o si se entregó. Pero el chat es muy claro y revela la disposición de Astesiano para conseguir los documentos. Nunca dice “no, eso es ilegal”.

Uno de los últimos chats publicados dan cuenta del ofrecimiento por parte de un también integrante de la seguridad presidencial, de los nombres y números de teléfono de varios docentes y alumnos del liceo 41, que tienen una postura crítica sobre la reforma de la educación, “todos comunistas”, dijo. Astesiano también acepta el ofrecimiento, pero tampoco se sabe si la información llegó.

Aunque ninguno de los ofrecimientos o pedidos de información se hubieran concretado, surge claramente la disposición a realizar una actividad ilegal, porque las pesquisas secretas están prohibidas por ley.

Y de en actividad ilegal participaron algunos de los más altos jerarcas de la Policía Nacional. Uno ya fue formalizado. Pero no será el pavo de esta boda.

Este fue el jerarca que a pedido de Lacalle, a través de Astesiano, ingresó al sistema de Interpol para saber el destino de un viaje de la exesposa del presidente. Por razones que no son públicas, la señora no había informado a nadie de ese viaje, ni siquiera a su propia seguridad.

El hecho existió más allá de la valoración personal que hayan hecho Lorena Ponce de León y el propio presidente.

Lo que nadie ha explicado es por qué Lacalle Pou no llamó directamente a Jorge Berriel para pedirle esa información, sino que recurrió a Astesiano.

Esto revela que el jefe de la seguridad no era el perejil o el mitómano, como lo calificaron dirigentes nacionalistas, era un hombre de extrema confianza del presidente.

Tal vez así ahora se entiendan mejor no solo los mútiples pedidos que recibía de terceras personas, sino también el ofrecimiento de negocios varios.

Alguno lo informó la diaria el pasado miércoles, pero hay muchos otros que se conocerán en próximos días.

Sin embargo, lo que más debería preocupar a propios y ajenos es la forma tan antidemocrática de perseguir adversarios.

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