Una teoría que se desvaneció
Diverio sostuvo que la fiscalía “decidió ir por ahí y no encontró nada, ofreció un juicio abreviado a cambio de una teoría que no tenía ninguna prueba ni respaldo. No entiendo cómo el fiscal hace un juicio abreviado en función de una teoría que no tenía ningún tipo de prueba porque de hecho no la podía haber porque no existía vínculo entre la estafa, el SUNCA y PCU. En total, fueron condenadas ocho personas a quienes los tres exsindicalistas nombrados transferían dinero del Fondo para simular beneficios sociales. Los tres condenados indicaron ante el fiscal que eran parte de la estafa, que recibían el dinero y lo transferían al SUNCA. De las ocho personas formalizadas hay uno que era integrante del Foscov en representación de los trabajadores, hay dos que eran parte de la Departamental de Montevideo del SUNCA y las otras 5 personas no tenían vinculo ni con el sindicato ni con la construcción sino que eran el nexo que tenían los tres condenados para hacer la transferencias. Precisamente la maniobra consistía en que parte de las transferencias se la reenviaban a Bruno Bertolio. Diverio añadió que los tres condenados tuvieron tiempo para armar su defensa porque se presentó en febrero y los condenados recién fueron citados en julio”.
En ese proceso armaron el relato que el fiscal decidió tomarlo -dijo Diverio- como válido para la investigación. “El fiscal compró un relato o tenía un deseo fuerte que fuera real”, advirtió el dirigente.
Uno de los roles más importantes en la maniobra lo llevó adelante la responsable de la gerencia financiera Stella Rey quien pagaba los sueldos a los empleados del Fondo Social de Vivienda. “Ellos(los estafadores) daban beneficios a personas que no existían pero luego cambiaron la modalidad de engaño y empezaron a hacer las transferencias a diestra y siniestra -193 en total entre febrero y diciembre de 2024-y es en esta última modalidad que empieza a jugar un papel clave la gerente financiera Stella Rey. Para involucrarla en la estafa, Bertolio utilizó una situación familiar y sabía que la mujer necesitaba dinero si o si”, dijo Diverio a Caras y Caretas.La investigación del fiscal Gilberto Rodríguez y de su adjunta Gabriela Gómez quien tuvo una participación particularmente importante en la indagatoria, incluyó auditorías de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) y el Tribunal de Cuentas.
Otro archivo clave
Por otra parte, el fiscal Gilberto Rodríguez dijo a Caras y Caretas que también se archivó la denuncia que existía contra el programa Horas Solidarias, que apunta a contribuir con los obreros siniestrados y sus familias. Se investigaba posible desvíos de fondos, situación señalada por un empresario que, a todo esto, también había estado involucrado en la investigación por las transferencias de dinero utilizadas para concretar la estafa del Foscov. El exsecretario general del SUNCA, Daniel Diverio dijo que la fiscalía de Delitos Económicos y Complejos aceptó la teoría de las tres personas condenadas por estafa, acordó eljuicio abreviado y dedicó todo el tiempo para investigar que el dinero había sido desviado del SUNCA al PCU y que también había aportado para la campaña por el SI por el Plebiscito de la Seguridad Social. “El resultado fue lo que dijimos desde el principio -continuó Diverio- de que no había ningún elemento que vincule las finanzas del SUNCA con las del PCU y la estafa. Teníamos que tener paciencia y ahora la fiscalía archiva el caso porque no encontró ningún elemento que pueda vincular como lo indicamos en el origen de este asunto”.
Tras el archivo, el dirigente histórico del SUNCA señaló a Caras y Caretas que “por un lado la tranquilidad de la confirmación de lo que decíamos al principio pero se perdió una oportunidad muy importante de investigar a fondo adonde fueron a parar los dineros estafados a Foscov, porque el Sunca aportó datos de que las tres personas condenadas mediante juicio abreviado adquirieron nuevas propiedades que no se investigó, de hecho la escribana del Foscov que prestó su servicio para la compra de la carnicería fue citada pero se amparó en el secreto profesional para no declarar ante el fiscal, renunciando también al Foscov. Hay gente que no fue imputada y recibió transferencias”, dijo Diverio y continuó, el condenado Santiago Bernaola, supimos y también se le informó al fiscal, que alquiló una casa de 40 mil pesos por mes y compró un auto, al tiempo de conocimos que Rivero, empezó a ir al casino y una semana antes de ir a declarar retira del banco 70 mil dólares. Todo esto nos hace presumir blanqueo de dinero”, indicó Diverio.
En un año ya los tres condenados a prisión salieron con libertad anticipada y la realidad de lo que pasó con el dinero-continuó Diverio-no se pudo saber. “Dijimos que no teníamos relación con la estafa ni el senador del PCU, Óscar Andrade, ni Diverio ni Laura Alberti secretaria de finanzas del SUNCA y del Partido Comunista, que permanentemente fue hostigada como responsable de recibir ese dinero. Investigó la Senaclaft, fiscalía, que revisó números del PCU fundamentalmente de la campaña, no faltó un solo peso y ningún vínculo se conoce entre la estafa, el PCU y el SUNCA”.
El gremio de la Construcción y la Cámara de la Construcción inician un juicio civil, “para intentar recuperar los dineros que fueron blanqueados”, dijo Diverio a Caras y Caretas. En tanto, a manera de revisión sobre la administración del Foscov “es saludable que el sindicato hiciera una red de asambleas para discutir con los propios trabajadores lo que se vivía, hubo respuesta del gremio en su conjunto, se discutió cómo fortalecer los Fondos porque es una herramienta fundamental en nuestro gremio por los beneficios que brinda”. Los trabajadores respaldaron al sindicato y de hecho, a pesar de la estafa ocurrió cuando la Lista 658 tenía la dirección, esa lista fue ratificada”. Diverio señaló a Caras y Caretas que la fiscal adjunta Gabriela Gómez ”trasladó durante uno de los interrogatorios, delante de la persona que había sido citada, que está convencida del vínculo de la estafa con el gremio de la construcción y el PCU pero dijo que no tiene pruebas” y la otra parte puede decir entonces que está convencida también que la fiscal es una operadora política de derecha que intentó perjudicar al SUNCA y PCU, pero no tenemos pruebas”.
En junio de 2025, durante una rueda de prensa el fiscal Rodríguez, al salir de la audiencia en la que se condenó a los tres exsindicalistas definió: “En principio, aparece de manera bastante sólida, consolidada, que parte de ese dinero, no sabemos bien qué porcentaje, iba para el financiamiento del Partido Comunista y del Sunca”. Ante esta declaración, que daba entonces por finalizada la investigación, Caras y Caretas contactó al fiscal quien aclaró que ni Diverio ni Andrade estaban imputados. Según conoció Caras y Caretas la fiscal Gabriela Gómez quien tuvo una participación particularmente activa en la investigación, fue quien trasladó al fiscal Rodríguez que las cosas estaban muy claras y consolidadas. Este miércoles el fiscal Rodríguez dijo a Caras y Caretas que la causa “quedó cerrada”.