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No es común que importantes referentes del gobierno muestren sus diferencias públicamente, la interna se guarda celosamente bajo la alfombra. Pero, inevitablemente, en algunos temas quedan expuestas por los medios. Es lo que pasó esta semana con la vicepresidenta Beatríz Argimón y Martín Lema.
El motivo fue la suspensión de las asignaciones familiares a los padres que no envían sus hijos a la escuela.
El ministro del Mides, Martín Lema, tomó la "antipática" decisión de suspender el pago a 11 mil familias lo que no cayó bien en algunos miembros del gobierno.
La primera en mostrar su "preocupación" fue la vicepresidenta Beatríz Argimón. "Es un tema que nos tiene que preocupar" señaló, solicitó reuniones para hablar con el presidente del Banco de Previsión Social (BPS), Alfredo Cabrera, y con el presidente de la Administración Nacional de Educación Pública, Robert Silva.
Consultada por el diario El País, Argimón explicó que no hablará con Lema antes de hacer las convocatorias, es interiorizarse sobre los pasos que seguirán las autoridades con las familias afectadas, que en el 77% están a cargo de menores mayores de 13 años.
"Hay que saber qué pasa después del corte. La decisión está bien, pero quiero saber, con la información que se tenga, cuáles son los siguientes pasos”, agregó la vicepresidenta.
Lema también habló del tema, y al consultárselo sobre la "polémica" generada con la vicepresidenta dijo que "la decisión no tiene marcha atrás".
En tono personalista remarcó: "Prefiero optar por una medida antipática, tomando acciones proactivas para que se regularice cuanto antes que dar una señal de que da lo mismo que vayan o no a los centros educativos".
Quedó claro que la mirada sobre el efecto político de la medida no tiene demasiadas coincidencias.