El Pit-Cnt reclamó al Parlamento “tomar de manera urgente, medidas que corrijan este atropello institucional y democrático”, ante la censura de que fuera víctima el consejero de ANEP en representación de los docentes Julian Mazzoni. Se le prohibió, por parte de mandos medios de Secundaria, participar de la presentación de un libro en un liceo.
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Señala el Pit-Cnt que “la acción política oficialista que subyace detrás de los hechos es de una magnitud tal que supone un quiebre institucional. Implica una medida de censura hacia uno de los integrantes del Consejo Directivo Central no amparada en la normativa vigente”.
Para la central sindical que los tres consejeros designados por el Poder Ejecutivo hayan ratificado lo actuado “configura una falta grave, ya que el organismo debe expresarse mediante actos administrativos tal cual lo indica el marco normativo. Esto profundiza el deterioro de la institucionalidad”.
Tras indicar que de acuerdo a la Ley general de educación,N°18.437, con las modificaciones introducidas por la Ley 19.889 (LUC), no hay diferencias entre los consejeros electos y los designados por el Poder Ejecutivo, señala que “al igual que cualquier consejero, los representantes docentes en el organismo tienen la potestad de ingresar a los centros educativos que gestiona la ANEP sin necesidad de pedir autorización”.
“Este hecho, sumado a la persecución y sanción a docentes, estudiantes y directores, es el corolario de una política de conducción autoritaria, que se opone de plano a una educación participativa, respetuosa de las diferentes ideas y democrática”, subraya.
Corregir censura
Por estas razones es que el Pit-Cnt expresa “su más enérgico rechazo a prácticas que han llevado al sistema educativo y al país a inadmisibles formas de represión y persecución ideológica”.
Asimismo ratifica “el más alto compromiso de los trabajadores organizados con la convivencia democrática, en un marco de pluralidad respetuosa de las diferentes ideas y la libertad de expresión”.
“En virtud de que se ha violentado el orden jurídico, vulnerándose las legítimas atribuciones de un consejero representante del orden docente electo democráticamente y cuya candidatura promovimos, solicitamos al Parlamento tomar de manera urgente, medidas que corrijan este atropello institucional y democrático”, concluye.
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