En un caso que conmociona a la comunidad de Paysandú, un hombre de 66 años, conocido como "curandero", fue imputado por abusar sexualmente de una adolescente de 14 años en el marco de una "consulta" pseudomédica.
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La Justicia Penal tomó medidas cautelares contra el acusado tras la formalización de la investigación, imputándolo por la "presunta comisión de reiterados delitos de abuso sexual agravados en reiteración real con un delito de violación en grado de tentativa, en calidad de autor."
La denuncia que desencadenó esta investigación se presentó en enero de este año, cuando el padre de la víctima se presentó ante la Policía y denunció el abuso sexual sufrido por su hija. Según el relato del padre, el abuso tuvo lugar en la vivienda del presunto curandero, quien se aprovechó de los principios ideológicos y religiosos de la joven y su familia para vulnerar su intimidad.
Los actos indebidos ocurrieron durante una de las "consultas personales" llevadas a cabo por el acusado, en las cuales despojó a la menor de su ropa y cometió los actos inapropiados.
En respuesta a estas acusaciones, la Justicia tomó medidas cautelares contra el imputado. Durante un período de 180 días, deberá cumplir con las siguientes indicaciones. Obligación de fijar domicilio y notificar cualquier cambio inmediatamente al tribunal, prohibición de comunicarse con la víctima y sus progenitores por cualquier medio o a través de terceros. Restricción de acercarse a la víctima, su domicilio, centro de estudio y lugares que frecuente en un radio de exclusión de 500 metros. Prohibición de abandonar el país durante el período de las medidas cautelares, presentación semanal en la Seccional Policial correspondiente a su domicilio, sin pernoctar en ella. Prohibición de ingresar a la ciudad de Paysandú, con la colocación de un dispositivo electrónico unilateral y embargo genérico preventivo del imputado.
Este caso ha generado gran preocupación en la comunidad y subraya la importancia de la vigilancia y la regulación en torno a las prácticas pseudomédicas que pueden poner en riesgo la seguridad y el bienestar de las personas, especialmente de los más vulnerables, como en este caso, una adolescente de 14 años.