“El derecho humano a morir”
Para Federico Preve la ley de eutanasia es para muchos uruguayos y uruguayas “la defensa del derecho humano a morir con dignidad, y de velar por la autonomía de las decisiones vitales en todas circunstancias”.
“Es un tema trascendental para muchas personas que hoy están con situaciones de salud bien embromadas y con sufrimientos insoportables porque la ciencia médica ya no puede tratar la enfermedad ni evitar el dolor. Para Uruguay es, además, un avance en materia de derechos, porque volvemos a ser referentes en el mundo en cuestiones de libertades individuales y derechos humanos”, explicó.
Para Preve es una ley que sitúa a Uruguay en un lugar progresista y de avanzada, “como hace más de 100 años cuando separamos la Iglesia y el Estado, o con el divorcio, o con el voto femenino, o hace más de 10-15 años con la interrupción del embarazo, o con el matrimonio igualitario, nos sitúa en un lugar de referencia a nivel internacional y mundial”.
Con respecto a posibles abusos por parte de los médicos o de la familia, opinó que la ley tiene un sistema de garantías y definiciones bien claras, que queda bien delimitado. “Todo lo que no se realice en el marco de la ley va a seguir siendo como hasta el día de hoy penado y por lo tanto no se habilita a ninguna situación de riesgo”.
“Es una ley que tiene muchas garantías, que tiene seguridades jurídicas, seguridades científicas. Tiene un sistema primero que tiene una definición clara: que se trate de una enfermedad incurable irreversible con un sufrimiento vital insoportable y que además genere el grave y progresivo deterioro de calidad de vida”, explicó.
La opinión del médico no es nunca la opinión prioritaria sino la de la persona que lo solicita. Luego viene una segunda opinión independiente, de parte de profesionales que ofrecen todos los tratamientos, todas las posibilidades con distintas interconsultas y valoraciones.
“Es un proceso que brinda todas las garantías”, indicó el diputado y a modo de ejemplo citó que “en más de veintidós años ni en Bélgica, ni en Países Bajos, dos Estados que lo aplican, no hubo médicos procesados por apartarse del procedimiento”.
El proyecto establece que cualquier diferencia que exista entre el primer médico y la opinión del segundo profesional, será dirimida por una junta médica integrada por tres profesionales que discutan el tema. Además, está planteado que exista una comisión de revisión para evaluar los informes anuales.
Todo lo que se aparte de las definiciones o del sistema de procedimiento de garantías va a ser enviado a fiscalía.
Si se da en ese contexto, cumple las condiciones y si se cumple las condiciones se pasa a solicitar la firma de la solicitud escrita y se vuelve a dar la última voluntad al médico tratante, con dos testigos que tienen que acreditar que lo hace de forma libre, que no tiene vínculos, ni potenciales beneficios económicos.
“Es un un marco legal que al otorgar el derecho humano y la libertad de decidir, no condiciona ni obliga absolutamente a nadie, por lo tanto estamos hablando de ampliar la libertad en la decisión final de la vida. Creo que desde el punto de vista humano es un acto de amor, desde el punto de vista profesional es un acto de extrema empatía por eso este proyecto fue aprobado por dos tercios de la cámara de diputados, y cuenta con un apoyo de entre setenta y ochenta por ciento de la opinión pública al cabo de más de cinco años de estudio”, concluyó Preve.
“Atenta contra la vida, la dignidad y la libertad”
El diputado nacionalista Rofrigo Goñi está completamente en contra del proyecto porque considera que “la legalización de la eutanasia atenta contra la vida, la dignidad y la libertad de las personas más vulnerables”.
“En primer lugar atenta contra la vida porque le quita al Estado la protección incondicional que hoy tiene sobre la vida de todas las personas. Aunque la persona entienda que su vida no vale y quiera quitársela, hoy el Estado lo protege incondicionalmente. Y al permitir la renuncia de ese derecho es la antesala de la desprotección. Por eso los derechos humanos son irrenunciables. No se puede renunciar a la libertad ni a la integridad física, por ejemplo. Tampoco se puede vender órganos, aunque usted considere y entienda que es parte de su libertad y de su autonomía porque su cuerpo es suyo”.
“Usted tampoco puede vender su libertad. Porque se entiende que son derechos humanos fundamentales que el Estado debe proteger, aunque usted quiera renunciar a ellos”, recalcó.
“En segundo lugar, atenta contra la dignidad y la igualdad de todas las personas”, consideró el diputado, “porque la ley de eutanasia valida que hay valores diferentes de dignidad en la gente”.
“En la fundamentación de la eutanasia, siempre se plantea que hay vidas que no valen la pena ser vividas, es decir, que no merecen ser vividas y por eso el Estado les quita protección. Con este criterio, se establecen diferentes dignidades, y se separan las personas que tienen dignidad completa de las que ya no la tienen y por eso se les permite renunciar a la vida y provocar su muerte. Esta es una vulneración, una violación de un principio básico de derecho desde hace 70 años en el mundo de que todas las personas son igualmente dignas más allá de su condición”, observó.
“También se atenta contra la libertad”, añadió Goñi, “porque está claro y es estadística en el mundo que cuando a ti se te permite renunciar al derecho a la vida, tú inmediatamente quedas expuesto a una presión de entornos sociales o de instituciones médicas, generando una dependencia de costo económico que condiciona la libertad”.
“Y también atenta contra la libertad porque se le ofrece la muerte anticipada, sin antes aliviar el dolor, por lo tanto, lejos de darle libertad se la terminan quitando porque no le dan otra opción. La consecuencia es la vulneración de los derechos fundamentales de esas personas más vulnerables. Por eso, lejos de ser un avance en derechos es claramente un retroceso, un grave retroceso jurídico, ético y social al validar que el Estado pueda quitarle protección y provocarle la muerte a los enfermos o a las personas más vulnerables”, interpretó.
“Nosotros sostenemos y seguimos sosteniendo que la forma de aliviar o eliminar el sufrimiento es con los cuidados paliativos, eso está como aceptado, porque cada día. la ciencia médica y las tecnologías médicas tienen más posibilidades, más tratamientos para aliviar cualquier tipo de sufrimiento, entonces la forma de aliviar el sufrimiento, de privarle a la persona del sufrimiento de la familia, es aliviarle ese sufrimiento, no eliminar a la persona porque eso elimina los derechos y deja duelos patológicos, culpas que quedan en las familias, en los entornos sociales por haberle empujado a provocarle la muerte anticipada, por no darle ese alivio al sufrimiento que le dan los cuidados paliativos”.
la muerte por eutanasia, es morir con mayor sufrimiento, porque de alguna manera es morir abandonado a su suerte, porque el proyecto de Uruguay no deja que nadie se entere, que nadie la acompañe, es decir, está determinado que es una decisión que la familia se va a enterar después que tenga que ir a buscar el cuerpo del fallecido, por lo que está claro, que en la enorme mayoría de los casos, esa persona va a morir solo, en soledad. El sufrimiento innecesario que hoy padecen miles de uruguayos es no poder acceder injustamente a los cuidados paliativos. Hoy, cualquier paliativista le va a decir que en el 99% de los casos usted tiene el alivio al sufrimiento con los cuidados paliativos. ¿Cuál es el auténtico sufrimiento innecesario? El que no tiene el alivio pudiendo tenerlo”, finalizó.
