Proyecto de allanamientos nocturnos "implica reducir garantías", según abogado

"Ni de día ni de noche va a ir un juez o un fiscal a un allanamiento. Generalmente eso no sucede, siempre hay un oficial encargado, que es el que asume la mayor responsabilidad, y después sus subalternos cuando lo ejecutan", aseguró el experto.

Williman destacó que el SUPU prioriza la seguridad física de los policías que participarían en estos procedimientos. Al respecto, señaló que “la mayor responsabilidad recaerá sobre el oficial encargado y sus subalternos”, quienes estarían expuestos tanto a riesgos físicos como a posibles responsabilidades penales y administrativas en caso de incidentes durante los allanamientos.

"Cualquier trabajador que hace un trabajo riesgoso quiere tener las máximas garantías", dijo planteando la necesidad de un diálogo sobre la eventual implementación de esta medida. "¿Va a haber una mesa grande donde nos vamos a sentar el Ministerio de Interior, sindicatos, Fiscalía y Poder Judicial? Porque hacer un allanamiento nocturno parece algo muy simple como patear una puerta y entrar, pero nada está más alejado".

Un análisis de costo-beneficio

Además, subrayó que el proyecto de allanamientos nocturnos podría reducir garantías constitucionales, sin que quede claro el beneficio real de la medida. “Es un análisis de costo-beneficio. ¿Vamos a asumir todos estos riesgos? ¿Para qué beneficio?”, cuestionó el abogado, sugiriendo que la efectividad de este tipo de intervenciones podría ser limitada y cortoplacista.

Finalmente, contó que el SUPU está dialogando con los diferentes precandidatos presidenciales para expresar sus inquietudes sobre esta propuesta, incluyendo reuniones recientes con figuras como Yamandú Orsi, Raúl Lozano de Cabildo Abierto y otros.