Punta Ballena: 29 edificios en una propiedad mal parida

El banquero argentino Delfín Ezequiel Carballo González, principal del Banco Macro y propietario del 80% de las tierras ubicadas a ambos lados de la sierra de La Ballena, pretende construir un complejo de 29 edificios sobre unas 10 hectáreas que eran de la sucesión Lussich. El ministerio de Medio Ambiente considera que el proyecto “afecta la biodiversidad”. Varias organizaciones sociales se movilizan para impedirlo.

La sierra de La Ballena, o Punta Ballena como se la denomina popularmente, es una falla geológica que tendría unos 530 millones de años, según un trabajo publicado por la Unión Vecinal por el geólogo Federico Cernuschi.

Si bien la parte visible y más conocida es una lengua rocosa que se extiende sobre el Río de la Plata aproximadamente unos 3 kilómetros de largo y unos cientos de metros de ancho, la falla rocosa tendría unos 250 kilómetros de extensión en rumbo noreste casi alcanzando la ciudad de Melo en el departamento de Cerro Largo, agrega Cernuschi, quién la define como “.parte del patrimonio natural de Uruguay”.

Así como la imagen de Nueva York al mundo no sería igual sin la estatua de la Libertad o la de Francia sin la torre Eiffel, ambas creaciones humanas, la de Punta del Este tampoco lo sería sin Casa Pueblo o sin esa enorme lengua rocosa que visiblemente comienza en la ruta 10 y es visitada cada año por centenares de miles de personas.

Sin bien una parte de ella tiene ya un importante desarrollo inmobiliario, hay otra parte que aún se mantiene en forma natural, salvo la ruta que construyó la dictadura.

Ese tramo, que ofrece la mejor visión de una puesta del sol, podría cambiar pronto si se efectiviza un proyecto ya aprobado para construir a ambos lados 29 edificios aterrazados, que ocuparán en total una superficie de 10 hectáreas.

El viejo negocio de acaparar tierras

Uno de los mejores trabajos sobre la historia de Maldonado y Punta del Este, es el libro La Fronda, cuyo autor es el periodista Gustavo Lafferranderie y que en 700 páginas detalla documentadamente como se gestó el desarrollo del balneario que conocemos hoy.

Lafferranderie le otorga un papel muy importante a la forestación que tuvo como objetivo contener el desarrollo de las dunas que entonces se extendían tierra adentro.

Nadie quería vivir sobre un pedazo de arena, “ni regalado”, decía una nota del diario El Ferrocarril del 24 de octubre de 1908 consignada por el autor del libro. Pero cuando los árboles comenzaron a crecer, también creció la demanda de lotes dando lugar a especuladores y acaparadores de tierra, con negocios “si bien lícitos, resultan perjudiciales para la localidad”, decía el periódico citado por Lafferranderie.

Antonio Lussich, forestador y especulador

El 27 de agosto del 2017, el diario El País da cuenta del acuerdo alcanzado entre los herederos de Antonio Lussich y el gobierno departamental sobre la tenencia de esas 10 hectáreas donde hoy se proyecta construir.

La nota relata como fue que el desarrollador se hizo de la propiedad de unas 1.800 hectáreas, que incluían la sierra de Punta Ballena y el hoy denominado “Parque Lussich”.

"Yo no daría un céntimo por todo", exclamó Antonio Lussich cuando almorzaba junto con unos conocidos personajes de la época en el hotel de Pedro Risso, el primero de Punta del Este. El paseo había sido prometido por Lussich a unos periodistas montevideanos cuando ocurriera algún naufragio en las costas del país que motivara la actuación de su famosa empresa de salvatajes.

En esa ocasión, Risso advirtió a sus comensales, entre los que se encontraban Samuel Blixen y Arturo Brizuela, que los predios que conformaban Punta Ballena estaban a la venta.

El grupo había desembarcado un rato antes del remolcador "Huracán", integrante de la famosa flota de remolcadores de don Antonio, que los había llevado de paseo por la costa de Maldonado. Todos, menos Lussich, no ocultaron la agradable impresión que les causó conocer Punta Ballena.

"Pues, a mí me parece poca cosa", atinó a responder Lussich ante las exclamaciones de Blixen, notoriamente impactado por el lugar. Lussich les dijo a sus acompañantes que debía regresar de inmediato a Montevideo por lo que le pidió a Risso que los alojara a costo de la empresa.

Algunos días después el "Huracán" regresó a Punta del Este. Y el grupo de amigos a Montevideo.

Un tiempo más adelante, un exultante Lussich le contaba a su amigo Blixen la noticia: ¡había comprado la tierra! El predio tenía, según crónicas de la época, unas 1.800 hectáreas delimitadas al Este por la playa donde se encuentran las grutas de Punta Ballena y al Oeste por el arroyo El Potrero. La escritura se firmó el 7 de enero de 1898. El documento fue suscripto por el vendedor, Gerónimo Cabrera, y el comprador Antonio Lussich.

Su legado está a la vista. Antonio murió el 5 de junio de 1928. Dejó diez hijas y un hijo. En 1942 el agrimensor Rodríguez Mujica confeccionó el plano de fraccionamiento. La partición entre los herederos se hizo en 1944. El plano fue inscripto el 22 de marzo de ese año.

El País informó que en el total de herederos se encuentran no solo los familiares de Lussich. “También están el abogado Raúl Jude, quien fue el asesor legal de una de las hijas del difunto. El abogado del caso "La Ternera" obtuvo una porción de tierras por concepto de sus honorarios. María Mercedes Jude Gurméndez y Maria Cecilia Jude Gurméndez son propietarias del predio. También Carmen del Castillo, el abogado Eduardo Carrera Hughes, Maria Lucía Carrera Ponce de León y Leonardo Carbonell en representación de la firma Harrisburg Finance.

Empero, el mayor propietario del predio no es familiar de Antonio Lussich. El banquero argentino Delfin Ezequiel Carballo González, titular del poderoso Banco Macro quizás la institución bancaria de mayor poder de capital doméstico de la República Argentina, fue comprando con el correr del tiempo partes de los restantes propietarios del predio. Carballo González tiene alrededor del 80 por ciento de propiedad del bien en cuestión”

Idas y vueltas

La historia moderna sobre la propiedad de la franja rocosa de Punta Ballena tuvo diferentes alternativas.

De acuerdo a un informe publicado por el diario Correo de Punta del Este, “la mayoría de los padrones de ese enorme campo de 1.800 hectáreas fueron vendidos por los sucesores de Lussich salvo el predio del Sur de Punta Ballena. Ese predio figuraba en el plano como“espacio público”pero nunca fue escriturado por el gobierno departamental. Se trata de varios padrones que conforman una superficie de casi once hectáreas, incluyendo, además, las grutas del lugar y la playa existente junto a ellas.

El 20 de octubre de 1961 el Concejo Departamental, gobierno blanco - encabezado por Francisco Salazar y cuyo secretario general era el entonces funcionario Domingo Burgueño Miguel - estableció que el citado padrón se encontraba fuera del dominio público por lo que era de rigor la devolución a sus propietarios, es decir, los sucesores de Antonio Lussich.

Sin embargo, el 13 de febrero de 1970 el intendente Gilberto Acosta Arteta (Partido Colorado) dictó una resolución que dio inicio la expropiación del citado padrón por “razones de utilidad pública”. El gobierno de Acosta Arteta impulsó la construcción de un centro de entretenimiento nocturno y un parador diario en la denominada Gruta del Tigre. Ambos proyectos se concretaron y conformaron uno de los lugares referentes de la movida nocturna de los años setenta y ochenta.

Empero, llegó la dictadura y mediante la mecánica del instrumento jurídico denominado como “urgente toma de posesión del bien” tomó la posesión del lugar y de la propia gruta.

Además de la boite y del parador, los militares construyeron la ruta hoy conocida como “Carlos Paéz Vilaró” y el mirador ubicado en la parte Sur de la península. La decisión de los coroneles fue seguida con un planteamiento en un juzgado de Maldonado. La citada sede judicial falló a favor de los militares e inclusive fijó los montos que debían recibir los sucesores como indemnización.

Empero, los sucesores de Lussich retrucaron y en 1995 apelaron a la justicia. En 1997, la entonces jueza titular del juzgado civil de 7º turno de Maldonado, Martha Chao de Inchausti, condenó a la Intendencia a devolver el predio e inclusive habilitó que el gobierno se llevara la ruta panorámica y el mirador. Lo explicó de una forma particular al facultar a la accionada a llevarse los “materiales de las mejoras útiles en cuanto puedan ser separados sin detrimento de la cosa reivindicada si el propietario rehúsa pagarle el precio que tendrían dichos materiales después de separados”.

El juicio en primera instancia fue caratulado “Hughes, Martha y otro c/ Intendencia Municipal de Maldonado, acción de reivindicación Fa. 116/95”- La Intendencia apeló el fallo de la jueza Chao Inchausti. A comienzos de este siglo, un tribunal de alzada y luego la propia Suprema Corte de Justicia, le dieron la razón a los herederos. El fallo fue tan contundente que el propio Carlos Páez Vilaró reveló a Correo de Punta del Este que su cama matrimonial había quedado cortada a la mitad.

Luego de los fallos a su favor, los sucesores negociaron con la intendencia una salida de consenso. El acuerdo alcanzado entre las partes determinó que la ruta Panorámica y el mirador quedarían habilitados al uso público. También quedaron liberados al público accesos hacia una y otra margen del predio. Asimismo, la Intendencia habilitó la construcción de un grupo de bloques de edificios aterrazados que no quedarán por encima de la línea de máxima altura.

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Un acuerdo de socios

La pertenencia pública de ese lote de 10 hectáreas fue defendida enfáticamente por la abogada Rosario Pedemonte, secretaria general de la intendencia en el primer gobierno del nacionalista Domingo Burgueño (1990-1995).

Pedemonte había reclamado reiteradamente que la intendencia debía escriturar a su nombre el predio reclamado por particulares, “y pagar una indemnización justa a los herederos de Lussich”. Ni de cerca entonces esos lotes valían lo que hoy.

Si bien nunca lo dijo, tal vez Pedemonte tenía preciso conocimiento de que esa omisión del gobierno departamental escondía un detalle espúreo y no menor que podría invalidar cualquier gestión futura, en caso de una investigación..

Quien entonces encabezaba las gestiones en representación de los herederos de Lussich era el abogado Eduardo Carrera Hughes.

Pero el abogado y el intendente Burgueño eran socios en un estudio contable que éste último tenía en la calle Burnett, frente al Campus. También compartían la propiedad de una casa ubicada en la calle 18 de Punta del Este, que estuvo arrendada mucho tiempo a los vascos del restaurante La Trainera, antes de ser detenidos por ser miembros de la ETA.

Además, ambos habían sido miembros del Consejo de Estado, que en dictadura sustituyó al Parlamento.

También tenían otro vínculo, que fue consignado por el periodista Miguel Carrió en su libro “Uruguay país vaciado”, publicado poco después de recuperada la democracia.

“En Maldonado se cometieron dos estafas millonarias contra el BHU las que fueron posibles por las coimas que cobró Domingo Burgueño, entonces secretario general de la intendencia, luego consejero de Estado y en democracia dos veces electo intendente”, afirma Carrió. Julio César Luongo era entonces el presidente del Banco Hipotecario.

En la página 145 del libro, el periodista sostiene que “la vedette uruguaya de la estafa cometida por Framyl S.A, fue Domingo Burgueño Miguel, a quienes sus amigos apodaban el Bala. Todas las irregularidades cometidas en la intendencia y las correspondientes gratificaciones pasaron por sus manos. Framyl fue posible porque el Bala estaba en el asunto”.

El libro agrega que una cinta grabada por Poblet Videla, principal de Framyl SA, y que llegó a manos de David Borges, exinterventor de Disnamar y editor del diario Punta del Este - y que este cronista escuchó - se expresa que “Burgueño es pieza clave en la organización delictiva y principal destinatario de los dineros que desviaba el Banco Hipotecario para el pago de coimas».

Los dueños de Framyl SA eran dos delincuentes argentinos: Julio Bachman, con antecedentes internacionales por secuestro, extorsión y falsificación de moneda extranjera y el abogado Arturo Poblet Videla, implicado en una falsificación millonaria de Bonex.

Ambos se instalaron en Maldonado y crearon las empresas Framyl SA y Disnamar SA para vender terrenos y construir viviendas con financiación del Hipotecario. Sin tener en cuenta los antecedentes de estas personas, el BHU le otorgó una cifra cercana a los 25 millones de dólares. Pero además se hizo una tasación de 900 dólares por metro cuadrado de construcción para viviendas de categoría II cuando en las torres más importantes de Punta del Este el costo era de 600 dólares el metro cuadrado. La construcción de viviendas se inició sin que el fraccionamiento estuviera aprobado y sin contar con los servicios indispensables.

Carrió sostuvo que «relacionado con Framyl SA aparecen otros personajes de la dictadura, como el abogado Eduardo Carrera Hughes, consejero de Estado y abogado de la empresa, así como una larga lista de funcionarios municipales y del BHU que recibían coimas mensuales para que el programa de construcciones se hiciera sin planos o se cobraran adelantos de obra en el banco por construcciones que nunca se concretaron”.

Esto permitiría explicar por qué Burgueño se negó a escriturar a favor de la intendencia los predios de Punta Ballena reclamados, en nombre de la sucesión Lussich, por Carrera Hughes su socio.

El Ministerio advierte

Desde hace algo más de tres años los propietarios de esos lotes presentaron en el entonces ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente una solicitud de autorización ambiental previa para la construcción de 29 edificios en Punta Ballena.

La informe ambiental está en la página web del ministerio de Ambiente:“”El proyecto consiste en la construcción de 29 edificios con destino residencial, con sus servicios e infraestructuras asociados (incluyendo la construcción de 8 salones de usos múltiples, piscinas, estacionamientos y porterías), totalizando 320 unidades de vivienda.

La superficie total a ocupar en planta baja implica una impermeabilización del suelo del 33% respecto del total del predio del proyecto, siendo un 10% menor que el proyecto original (que ocupaba 40.582 m2). En cuanto a las tipologías de las viviendas, todos los edificios tendrán 3 o 4 niveles de altura (dependiendo del bloque), incluyendo apartamentos de 1 a 3 dormitorios. La construcción se ejecutará en 6 etapas, que se ejecutarán en un plazo aproximado de 7 años”, expresa la solicitud.

La iniciativa ya cuenta con las autorizaciones otorgadas por la Intendencia y la Junta Departamental de Maldonado.

El ministerio de Ambiente puso de manifiesto público el Informe Ambiental para que todas las partes interesadas manifiesten su oposición en un plazo no mayor a 20 días contando desde el 26 de octubre pasado.

En parte del extenso informe se expresa que “entre los varios impactos que tendría esta propuesta, figuran varios de pérdida de biodiversidad con una importancia alta.

De acuerdo con el documento, “la intervención del proyecto en la etapa de construcción afecta el 34,6% del área de vegetación natural de Punta Ballena. Sin embargo, la afectación permanente se genera sobre el 18,0% del área natural, por el efecto de la ocupación superficial que genera la infraestructura del proyecto; el 16,6% restante se recupera acorde a pautas de gestión ecológica”, afirma el Observatorio Ambiental Nacional (OAN) del Ministerio de Ambiente.

La sociedad civil se reúne

La Red Unión de la Costa está convocando a organizaciones de la sociedad civil, académicos y vecinos, a una reunión a realizarse este jueves 2 de noviembre a la hora 19.00, en la sede del club de pesca Ute-Antel Las Grutas, donde en forma conjunta se analizará por primera vez el tema, según informó Maldonado Noticias..

A su vez, la Asociación Vecinos de Las Grutas-Punta Ballena, convoca a los socios a una asamblea general extraordinaria a realizarse el sábado 4 de noviembre a las 17.00 horas, en la sede de la misma institución para tratar un orden del día que consta de tres puntos vinculados al mismo tema..