Hay 17 concursos sin homologar que implicaron un gasto, para realizarlos, de casi 2 millones de pesos para el Estado y sin embargo se decide no tomarlos en cuenta, lo que va en contra del principio de economía procesal que toda administración debe procurar.
La (Oficina Nacional del Servicio Civil) ONSC consultada por INAU responde “en aplicación a principios legales del derecho y específicamente de buena administración y transparencia se debe realizar la correspondiente homologación”. Sin embargo, el oficialismo dispuso realización de llamados modalidad tallerista.
Esto va en contra de adecuadas políticas de RRHH, no solo por quienes de buena fe concursaron, y el desecho de procesos de concursos realizados con las garantías necesarias, sino por la precariedad que implica la modalidad para incorporar personas.
Sobre todo nos preocupa la precariedad y continuidad, asociada a los procesos de intervención en el trato directo con niños, niñas y adolescente, tarea fundamental y sustantiva para el organismo.»