Cerca de fin de año concurrió a un asado organizado por el presidente Yamandú Orsi para todos los intendentes. Y no ha evitado mostrarse tanto con el presidente como con diferentes autoridades de gobierno. “La tarea que me dieron es gobernar, y para eso debo tener buen diálogo con autoridades y partidos políticos”, dijo más de una vez el jefe comunal.
Por otro lado, declaraba que pretendía terminar con el sistema de otorgar excepciones a todas las obras edilicias que se presentaban y que “quería ocuparse más de los barrios de Maldonado”.
A principios del pasado abril, autorizó, colaboró y participó en Piriápolis de un acto recordatorio del 50º aniversario del asesinato por torturas de Eduardo Mondello. Por este caso, junto a dos oficiales (r) del Ejército, también está procesado con prisión el médico José Luis Braga, exjerarca de la Intendencia durante el gobierno de Domingo Burgueño.
Enseguida se conoció que ASSE había destituido al médico Jorge Curbelo como director técnico del Hemocentro luego de constatarse un sinnúmero de irregularidades. La noticia impactó y dividió al departamento entre quienes apoyaban a Curbelo y quienes lo cuestionaban. Los blancos pusieron el grito en el cielo y se alinearon detrás del jerarca destituido. Pero, curiosamente, entre los apoyos había varias figuras coloradas y frenteamplistas.
Abella no solo se mantuvo al margen del debate sino que pocos días después, en ocasión de la inauguración de nuevo equipamiento médico en una mutualista local, el intendente le manifestó en persona todo su apoyo a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg. Según reconoció públicamente el diputado herrerista por Maldonado, Federico Casaretto, “enseguida lo llamó para cuestionarlo por ese apoyo”. La respuesta del intendente se mantuvo: “Estoy acá para gobernar, el debate político es tarea de los legisladores”.
El 20 de mayo, la Intendencia emitió un comunicado público apoyando la Marcha del Silencio: “La IDM acompaña el reclamo histórico de Madres, Familiares y toda la sociedad uruguaya sobre el paradero de los detenidos desaparecidos”, expresaba la declaración. Agregaba: “Es de especial relevancia destacar la reciente resolución de la Comisión Nacional de Sitios de Memoria que declara al edificio del Paseo San Fernando como Sitio de Memoria. Este inmueble, hoy centro cultural y artístico de referencia para nuestra comunidad, funcionó como centro clandestino de detención y tortura entre 1970 y 1985. La Intendencia asume la responsabilidad de que en este espacio convivan el arte, la cultura, la investigación histórica y la reflexión educativa para las nuevas generaciones”. Un hecho histórico que, sin embargo, le granjeó nuevos cuestionamientos desde filas blancas.
Así llegamos al último episodio ocurrido hace pocos días que expuso brutalmente otra de las mentiras de Enrique Antía.
Las terminales adjudicadas a correligionarios están en estado desastroso
Luego de un período de análisis, el intendente Abella concluyó que el estado de las terminales de autobuses de pasajeros en todo el departamento es desastroso y, por lo tanto, mientras se analizan otras opciones a largo plazo, se decidió realizar un nuevo llamado a licitación para que privados las operen, mejoren y mantengan. No hizo lo que todos creyeron, es decir, extender el plazo de la concesión actual hasta el final de su mandato.
En el año 2017, después de un llamado a licitación, Antía otorgó la operativa de todas las terminales del departamento a la empresa Maldonado Trans Ltda., propiedad de Miguel Galán, hijo del histórico dirigente wilsonista Miguel Ángel Galán, y de Álvaro Hualde, hijastro de Domingo Burgueño y hermano del exdiputado blanco José Hualde. Ambos son propietarios, además, de la empresa Maldonado Turismo, que opera varias líneas de transporte urbano de pasajeros entre la capital departamental y Punta del Este.
Antes del llamado, la Intendencia invirtió 1.600.000 dólares para refaccionar varias terminales. El entonces jefe comunal recordó que, a causa de la gestión anterior (Óscar de los Santos–FA), se elevaron a la Justicia los antecedentes en el marco de una denuncia penal por el estado en el que se recibieron las terminales. “La comunidad de Maldonado va a dejar de poner dinero y empezará a percibir por los servicios. La IDM, que venía cotizando unos 50 mil dólares al año, comenzará a recibir 100 mil dólares de canon, más otros 40 mil en obras en el mismo período”, expresó Luis Eduardo Pereira, entonces director de Hacienda.
No pudimos saber todavía cuánto dinero recibió efectivamente de canon la Intendencia durante estos últimos nueve años, pero lo que sí está claro es que no se invirtió un peso en obras. Es lo que constató el Gobierno, ahora a cargo de Abella.
La denuncia penal, para la que Antía contrató y pagó unos 70.000 dólares al abogado Enrique Moller, terminó archivada por falta de pruebas.
Antía le puso otra frutilla a este postre. Luego de la adjudicación a Maldonado Trans, nombró como inspector de Terminales, un cargo que no existía, a Augusto Victorica, un exempresario hotelero y transportista. Lo interesante es que en ese momento el novel inspector era consuegro del intendente.
La Junta Departamental, fuente de conflictos
Durante los pasados diez años, y bajo la gestión de Enrique Antía, los ediles blancos actuaron con total impunidad. Primero se votaron su propio sueldo, luego votaron todo tipo de excepciones, de las que algunos de ellos, como operadores inmobiliarios, terminaron beneficiándose hasta que el año pasado fueron formalizados tres expresidentes como autores o cómplices de un fraude contra el erario público por un total aproximado a los 50.000 dólares. Se espera que, si no hay solicitud de prórroga, el juicio oral y público se realice este mismo año.
La fiscalía a cargo de Jorge Vaz también investiga todo lo relacionado al sueldo cobrado por los ediles en las pasadas dos legislaturas. Y no se descarta que varios ediles y algunos particulares sean fornalizados.
Varias fuentes políticas informaron que “hay gran preocupación porque se podría producir una debacle política si formalizan incluso a ediles que fueron reelectos para el actual período”.
Por lo pronto, el pasado martes se produjo un hecho sin antecedentes en el Legislativo departamental. Antía estuvo en la Junta y mantuvo una larga reunión con la presidenta Verónica Robaina, y aunque se desconoce el contenido de ese encuentro, luego 9 ediles titulares solicitaron licencia en su cargo al mismo momento.
Hay muchos desencuentros con el proyecto de Presupuesto Quinquenal de la Junta y sobre todo con las observaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas de la República. Recordemos que el presupuesto de la Junta lo aporta la Intendencia, y ahora para recibir los aportes del Gobierno central se han extremado los controles financieros–contables sobre los gobiernos departamentales por parte de la OPP.
La Junta no tiene cómo explicar los sueldos pagados a los ediles y tampoco los millonarios montos de dinero entregados a varios medios y periodistas desde el año 2020. “Abella no los va a apañar”, dijo a Caras y Caretas una fuente muy cercana al intendente que solicitó mantener el anonimato.
Antía y su lógica de gobierno
Durante sus 15 años de gobierno (2000-2005 y 2015–2025), Enrique Antía hizo un uso abusivo del poder otorgado por la gente. En su primer período persiguió a periodistas, logró que alguna fuera despedida, distribuyó generosas partidas de dinero en publicidad entre medios que consideró afines mientras se lo negaba a los otros. En medio de la crisis del 2002, le rebajó el sueldo a los funcionarios municipales. Decía publicamente que a raíz de esa crisis se “había empobrecido”, pero su declaración jurada presentada en la Jutep revelaba exactamente lo contrario. Es colono del INC y durante años no pagó el canon al que estaba obligado como tenedor de 85 hectáreas, ubicadas en cercanías de Aiguá, donde tiene un tambo.
Óscar de los Santos lo acusó a él y a varios de sus jerarcas de “haberse enriquecido en el ejercicio del gobierno”. La entonces jueza penal Adriana Graziuso ordenó el archivo del expediente donde constaba esa denuncia. Años después renunció al Poder Judicial y asumió como jerarca en el gobierno de Antía.
A una periodista de Canal 11 dijo que “llevaba una libreta en la que anotaba el nombre de todos sus adversarios”. Y ahora cuestionó a Abella por haberse reunido con la dirección departamental del FA.
Una de sus primeras decisiones cuando asumió en el 2010 fue destituir a casi una decena de funcionarios que habían ingresado por un concurso realizado durante el gobierno del frenteamplista Óscar de los Santos y cumplían funciones en la Dirección de Comunicaciones. “No se puede gobernar con el enemigo adentro”, dijo entonces para justificar su acción. Tuvo severas palabras para el entonces diputado frenteamplista Darío Pérez, quien lo había criticado públicamente. Antía dijo, entonces: “Yo hablo con gente, y Darío Pérez no es gente”. Pero cuando Pérez decidió volver al Partido Nacional, Antía no tuvo más que elogios para él y hasta le asignó un cargo.
Así ha sido la lógica de gobierno durante las pasadas administraciones: “O estás conmigo o estás contra mí”. Una lógica que Abella parece querer cambiar.
