Cambios en la ley
Entre los principales puntos de discusión que planteó Nozar se encuentra el acceso a la interrupción del embarazo para mujeres migrantes.
Actualmente, la legislación exige cierto tiempo de residencia para acceder a la prestación, algo que según la jerarca debería ser revisado a la luz del nuevo perfil demográfico del país.
"¿Las mujeres migrantes tienen que esperar el plazo de residencia necesario para poder acceder al aborto legal cuando están viviendo acá? Le estamos negando una prestación a mujeres porque tienen un mes menos de vivir en el país de lo que estipula la ley. Quizás es un punto a discutir", añadió.
Otro aspecto señalado por la funcionaria tiene que ver con la necesidad de alinear los avances en diagnóstico prenatal con los plazos permitidos por la ley actual.
"Por ejemplo, la ecografía de translucencia nucal se realiza hasta las 14 semanas, pero la ley permite abortar hasta las 12. Si se tiene un diagnóstico posterior, la persona queda por fuera de la cobertura legal", explicó.
La ecografía de translucencia nucal es una prueba de detección prenatal que se realiza en el primer trimestre del embarazo para evaluar el riesgo de que el bebé tenga síndrome de Down u otras anomalías cromosómicas.
Sin cambios legislativos
Nozar aclaró que el Ministerio de Salud no está promoviendo en este momento una reforma legislativa, pero sí forma parte de una discusión en curso con organizaciones sociales y políticas.
"No estamos planteando desde este momento modificaciones, pero hay una discusión y un análisis de cómo están alineadas las diferentes estrategias de atención", sostuvo.
El aborto fue despenalizado en Uruguay en octubre de 2012, durante el Gobierno de José Pepe Mujica (2010-2015).
En 2023 el país registró la cifra anual más alta de abortos desde la aprobación de la ley, con 10.898 a nivel nacional, según datos oficiales.
La normativa legalizó la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 12 de gestación, y hasta la semana 14 en casos de violación. Además, permite su realización sin límite de plazo cuando exista riesgo para la vida de la mujer, o en casos de inviabilidad del feto.
Fuera de este marco, el aborto sigue siendo un delito en el Código Penal.
Nozar fue designada directora general de Salud tras la asunción del nuevo Gobierno, liderado por Yamandú Orsi, el 1 de marzo.
