Flexibiliza las salidas transitorias y el régimen de semilibertad para menores privados de libertad, poniéndolo como opción en más casos, luego de cumplido cierto tiempo de condena. Explicita que el trabajo penitenciario no será forzado y elimina el artículo referido a «hechos de apariencia delictiva» en espectáculos deportivos.
En el capítulo de educación cambia la perspectiva de la educación formal para entenderla desde un enfoque integral de desarrollo humano, suma la infancia de 0 a 3 años en la categoría de formalidad, involucra a los miembros del CODICEN en el Compromiso de Política Educativa Nacional y propone no derogar el artículo 33 de la ley de educación que garantiza la existencia de una educación inclusiva.
Con respecto a la inclusión financiera y la bancarización propone que sea el trabajador quien decida cómo cobrar en cualquier momento de su contrato (y permaneciendo en ese régimen por un año). A la propuesta de que cualquier transacción se pueda hacer en efectivo le añade una excepción para negocios de más de 850.000 UI, que deben realizarse con mayores controles para evitar el lavado de activos.
Elimina la medida de desmonopolización del mercado de hidrocarburos. En el documento hay un comentario adjunto que recuerda que «una versión incluso menos abarcativa de esta propuesta fue desestimada explícitamente del Compromiso por el País firmado por todos los partidos de la Coalición», por eso, «no corresponde su inclusión en la LUC»
Algunos capítulos se eliminan en su totalidad. Eso sucede con el relativo a los derechos digitales, como el olvido y la desconexión de los trabajadores, porque el partido entiende que no es material para una ley de urgente consideración y debe ser tratado con mayor profundidad. Lo mismo pasa con lo relativo al Instituto Nacional de la Granja, el de la Carne, la Comisión de Expertos de la Seguridad Social y la legislación de compatibilidad entre jubilación y empleo.
La redacción tuvo cambios como «persona con discapacidad» en lugar de «discapacitado», un término rechazado por los colectivos que trabajan por los derechos de esta población, o «indagado» en lugar de «imputado» en materia de procedimiento policial.
