Habría que exhortar a Sturla a que concurra personalmente al penal de Domingo Arena, la cárcel vip con comodidades de hotelería donde se encuentran confinados apenas 30 militares represores, que los confiese y los perdone por sus crímenes. El resto de estos monstruos que aún están vivos cursan prisión domiciliaria.
Que los perdone la “justicia divina”, porque la Justicia de los humanos, hasta donde se pueda, los juzgará por sus delitos, sin la interferencia de ninguna iglesia, porque Uruguay es un país laico desde 1917, cuando se votó la reforma constitucional que supuso la secularización del Estado y garantizó la pluralidad de cultos, pero también la separación con respecto al catolicismo, que nos tutelaba desde la primera Constitución de 1830.
Daniel Sturla sintoniza con su extinto hermano, Héctor Martín Sturla, quien, en 1986, siendo diputado del Partido Nacional, fue corredactor de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado sancionada en diciembre de ese año por los partidos tradicionales, que perdonó los delitos de lesa humanidad perpetrados por militares y policías durante la dictadura.
Esta norma, que inicialmente fue avalada por una Suprema Corte de Justicia, que actuó con criterio político e incluso estaba integrada por un exfuncionario del gobierno autoritario como Rafael Addiego Bruno, avaló la constitucionalidad de una ley que arrasó las competencias del Poder Judicial y clausuró todas las causas penales originados en denuncias de las víctimas de torturas y cárcel y de familiares.
La caducidad, que en nuestro derecho no existe, no fue una amnistía en sí misma, ya que no se puede perdonar delitos al barrer antes de determinar responsabilidades penales. En tal sentido, es radicalmente diferente a la Ley de Amnistía votada en marzo de 1985, que cerró las causas de los presos políticos procesados, privados de libertad durante doce o más años y sometidos a toda suerte de vejámenes.
Incluso, la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que nació de la presión de los militares sobre el gobierno cómplice de Julio María Sanguinetti, ha sido recurrentemente cuestionada por ser contraria al derecho internacional, más allá de su probada inconstitucionalidad.
La impunidad de los militares, que violaron los derechos humanos, la cual fue consagrada por blancos y colorados a excepción del Movimiento Nacional de Rocha liderado por Carlos Julio Pereyra y del batllista Víctor Vaillant, permaneció vigente durante veinte años, hasta que, a partir de 2005, el presidente frenteamplista Tabaré Vázquez le desató las manos a la Justicia y permitió la reapertura de los expedientes archivados en los años anteriores.
Es obvio que el cardenal, a quien se le vio exultante durante la visita del papa León XIV, tiene los mismos genes de su fallecido hermano. Es decir, para él la impunidad es válida. No percibe la diferencia entre la “justicia divina”, que perdona incluso a los criminales, y la justicia humana, que tiene sus reglas.
En mayo de 2023, coincidiendo con la Marcha del Silencio, hubo un episodio colateral de mención insoslayable: la vergonzosa misa oficiada en la Catedral Metropolitana en homenaje al Ejército, que tiene manchadas las manos de sangre por las fechorías perpetradas por la dictadura, y nunca pidió perdón.
Los invitados de honor fueron la cúpula del partido progolpista Cabildo Abierto, los por entonces senadores Guido Manini Ríos y Guillermo Domenech; la exministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Irene Moreira y las más altas jerarquías castrenses.
La ceremonia, que fue encabezada por el cardenal Daniel Sturla, fue realmente un agravio a la dignidad nacional, ya que, en forma subliminal, reivindicó a los represores presos, aludiendo “a los militares que sufren evasión de la libertad”, con referencia a los criminales presos en el penal de Domingo Arena.
Sturla invocó la célebre frase del caudillo revolucionario José Artigas, que demandó “clemencia para los vencidos”. También instó a orar por el perdón a los militares, sin aludir, ni siquiera tangencialmente, a las víctimas.
¿A qué vencidos se refirió el prelado? ¿Qué clemencia reclamó y para quiénes? El mensaje fue claro: se refirió a los asesinos procesados por la Justicia por violar groseramente los derechos humanos. Esta reflexión sería incomprensible si no fuera porque Sturla es un reconocido simpatizante del Partido Nacional, hermano del desaparecido diputado blanco Héctor Martín Sturla, quien fue corredactor de la ley de impunidad.
Sturla es blanco y no lo oculta. No en vano, es íntimo amigo de Luis Lacalle Pou, a quien casó con Lorena Ponce de León. Incluso, bautizó a los tres hijos del hoy malogrado matrimonio.
En marzo de 2020, Sturla organizó una misa especial en homenaje al flamante presidente Luis Lacalle Pou, quien, violando la laicidad consagrada por la Constitución, concurrió a la Catedral Metropolitana portando su investidura a cuestas. Nadie cuestiona que Sturla sea blanco, pero sí debería abstenerse de actitudes que no condicen con su rango eclasiástico, ya que lidera una iglesia cuyos fieles son adherentes de todos los partidos del arco político de nuestro país.
Incluso, la Conferencia Episcopal del Uruguay, que nuclea a los obispos de todo el país, insta en las elecciones a discernir su voto según principios como la defensa de la vida humana, en clara alusión a la ley que establece el derecho de las mujeres a interrumpir sus embarazos. Esta también es una declaración de claro tinte político, influida por el cardenal Daniel Sturla, que no dejó pasar la oportunidad para reclamar el perdón para los criminales uniformados.