La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados trató esta semana el proyecto de ley impulsado por el Frente Amplio (FA) que busca revertir el fuerte incremento de mujeres encarceladas por microtráfico a raíz de la aplicación del artículo 74 de la ley de urgente consideración (LUC). Sin embargo, la iniciativa —que lleva un año en discusión— obtuvo únicamente los votos del oficialismo, dejando abierto un escenario incierto de cara a su tratamiento en el plenario antes de fin de año, instancia en la que el FA necesitará conseguir dos votos adicionales para lograr la aprobación.
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El proyecto apunta a modificar el alcance del artículo 74 de la LUC, ratificado en el referéndum de 2022, el cual restableció una pena mínima de cuatro años de penitenciaría para el ingreso de estupefacientes a centros de reclusión. Según datos de la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay, el 95% de las formalizaciones bajo esta normativa recayeron sobre mujeres. Para mitigar este impacto, la propuesta oficialista plantea reducir la pena mínima de cuatro a dos años y dejar explícito en la ley que el ingreso de droga a una cárcel constituye un delito en grado de tentativa —dado que la sustancia es interceptada antes de llegar a destino—, lo que habilitaría a los jueces a aplicar un tercio de la pena mínima.
Bloqueo de la oposición
Desde el oficialismo manifestaron sorpresa por el bloqueo de la oposición, argumentando que existe un consenso previo sobre la gravedad del diagnóstico. El diputado frenteamplista Alejandro Zavala recordó que tanto jerarcas del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), como el excomisionado parlamentario Juan Miguel Petit y delegados de la Facultad de Derecho coincidieron en comisión en que la normativa vigente duplicó la población carcelaria femenina, pasando de 700 a 1.400 reclusas, con 62 niños viviendo junto a sus madres. En la misma línea crítica, la diputada Tatiana Antúnez cuestionó a través de la red social X que la ley vigente castiga con dureza a los eslabones más vulnerables de la cadena mientras deja intactas las estructuras del gran narcotráfico.
Por su parte, los legisladores de los partidos tradicionales defendieron su negativa alegando reparos técnicos y el alcance general de la reforma. El diputado colorado Juan Martín Jorge señaló que su bancada cuenta con informes de penalistas contrarios al texto y advirtió que la modificación no se limita a las mujeres en situación de vulnerabilidad que ingresan droga a las cárceles, sino que abarca a cualquier persona que cometa microtráfico en inmediaciones de escuelas, hospitales o centros deportivos. Asimismo, Jorge sostuvo que aprobar esta iniciativa enviaría una "señal política incorrecta" frente al avance del narcotráfico, y anunció que el Partido Colorado presentará un proyecto alternativo más acotado.
Ante este empate de fuerzas en la cámara baja, la definición podría quedar nuevamente en manos de Cabildo Abierto; no obstante, el diputado cabildante Álvaro Perrone aclaró que aún no ha estudiado el expediente debido a que no participó de la votación por falta de espacio físico en la sala de la comisión.