Para continuar, hacete socio de {}. Si ya formas parte de la comunidad, .
{# Opciones de Suscripción #} {# DESCOMENTAR AL IMPLEMENTAR: #} {# {% for n, m in this.getPaywallPlans('thinkindot', 'plans') %} {% if (m.tab == "all" or m.tab == "mensual") %} #}{{m.shortDescription}}
Uruguay discute fiscales mientras el mundo empieza a usar IA para evitar presiones partidarias.
“Gómez entendió clarito las referencias a Fiscalía en las declaraciones mías. Es un gran cagón y sabe bien que Alicia (Ghione) es nuestra, porque yo hablé mil veces con Jorge Díaz, que la tenía sumergida. Hay que presionarlo, hay que empujarlo, que se caga y se va”.
Cuando estas lamentables palabras de Pablo Iturralde, en una conversación telefónica con Gustavo Penadés, se hicieron públicas, el presidente del “Honorable” Directorio del Partido Nacional tuvo que renunciar a su cargo. En aquel oscuro momento, el senador Sergio Botana lo respaldó diciendo que tuvo “la actitud que debe tener un hombre”. Estos guapos de cuarta le causan un daño tremendo a la democracia.
Muy poco tiempo antes de ese episodio, cuando estalló el escándalo del intendente Carlos Moreira en Colonia, se supo que la fiscal encargada de investigarlo provenía de filas nacionalistas y que, al dejar al partido para asumir como fiscal, prometió continuar sirviendo al mismo. Por supuesto que el caso Moreira terminó en la nada.
Por otra parte, desde hace mucho tiempo se discute el nombramiento del fiscal de Corte. Desde que en 2021 renunció Jorge Díaz Almeida, el sistema político no logró acordar un reemplazo con mayoría especial del Senado.
La Constitución exige una propuesta del Poder Ejecutivo y venia de 3/5 del Senado. Como ningún bloque tenía votos suficientes, comenzaron las soluciones transitorias. Primero quedó como fiscal subrogante Juan Gómez Duarte, y luego, tras su jubilación en 2024, asumió interinamente Mónica Ferrero gracias a una “salida política” parcial.
Una modificación legal incorporada en una Rendición de Cuentas estableció que, ante vacancia o ausencia del fiscal de Corte, subroga el fiscal penal de Montevideo con mayor antigüedad. Como Mónica Ferrero era la fiscal penal montevideana más antigua, quedó automáticamente al frente de la Fiscalía.
O sea que no hubo acuerdo político para nombrar un titular, pero sí una regla legal que permitió evitar el vacío institucional; pero el problema sigue siendo que el oficialismo y la oposición no logran consenso sobre un nombre; algunos partidos quieren confirmar a Ferrero, otros quieren un nuevo candidato, y ningún sector tiene por sí solo los votos necesarios. Por eso Uruguay lleva varios años con fiscales de Corte “interinos” o “subrogantes”, algo que debilita la legitimidad institucional del cargo.
En Uruguay, los jueces y los fiscales se designan mediante mecanismos distintos, y sus salarios también dependen de órganos diferentes. Los cinco miembros de la Suprema Corte de Justicia son designados por la Asamblea General (Senado + Cámara de Diputados) con una mayoría especial de dos tercios del total de componentes. Los demás jueces (Tribunales de Apelaciones, jueces letrados, jueces de paz) son nombrados por la propia Suprema Corte de Justicia.
En la práctica, existe una carrera judicial con concursos y ascensos internos, pero el nombramiento formal lo realiza la Suprema Corte. Esto no es lo malo.
En la designación de fiscales hay una diferencia importante. El fiscal de Corte y procurador general de la Nación (máxima autoridad del Ministerio Público) es designado por el presidente de la República, con venia del Senado aprobada por tres quintos de los votos. En cuanto a los demás fiscales, desde la reforma legal que creó la Fiscalía General de la Nación como servicio descentralizado, ya no dependen del Poder Judicial. Actualmente ingresan y ascienden mediante concursos y carrera fiscal. Las designaciones administrativas dependen de la Fiscalía General. Esto está regulado principalmente por leyes (especialmente la Ley 19.483), más que por la Constitución.
Los salarios de jueces y ministros judiciales se fijan por ley presupuestal aprobada por el Parlamento, pero el Poder Judicial elabora su presupuesto y tiene autonomía técnica. En los hechos, el Parlamento vota el presupuesto, el Poder Ejecutivo negocia partidas y la Suprema Corte administra internamente los recursos del Poder Judicial.
Los salarios de los fiscales se fijan también por leyes presupuestales y rendiciones de cuentas, dentro del presupuesto de la Fiscalía General de la Nación. El Poder Ejecutivo propone el presupuesto y el Parlamento lo aprueba.
El punto es que, aunque jueces y fiscales tienen independencia funcional, sus máximas autoridades y sus presupuestos dependen, directa o indirectamente, de acuerdos políticos.
La democracia uruguaya tiene una deuda pendiente con la independencia institucional. Cada vez que se designa un juez, un fiscal o un integrante de organismos de contralor (Tribunal de Cuentas y Jutep) mediante negociaciones políticas, hay compromisos, cuotas partidarias o intereses cruzados. Y cuando además los salarios y ascensos de esos funcionarios dependen indirectamente de los mismos actores políticos a quienes deben investigar, controlar o eventualmente condenar, la sospecha se vuelve inevitable.
No alcanza con que las instituciones sean honestas. También deben parecerlo.
Uruguay necesita dar un salto histórico en materia de transparencia y neutralidad. Y ese salto podría venir de un lugar que muchos todavía observan con desconfianza: la inteligencia artificial.
Sin perjuicio de mantener y mejorar la transparencia de los concursos, nuestra propuesta es simple, revolucionaria y perfectamente posible: que los jueces, fiscales y miembros de los organismos de contralor no sean elegidos por acuerdos políticos, sino mediante un sistema nacional de evaluación administrado por inteligencia artificial, diseñado para seleccionar a los mejores perfiles técnicos y éticos del país.
No se trata de reemplazar seres humanos por máquinas. Se trata de eliminar la contaminación política del proceso.
Hoy, un sistema de IA puede analizar en segundos miles de datos imposibles de evaluar con objetividad por cualquier comisión parlamentaria:
Trayectoria profesional y formación académica.
Calidad técnica de resoluciones y fallos y coherencia jurídica.
Antecedentes disciplinarios, investigaciones o sumarios.
Perfil psicológico.
Capacidad de liderazgo.
Imparcialidad demostrada en decisiones anteriores.
Nivel de productividad.
Reconocimiento de pares.
Conducta ética.
Posibles conflictos de interés.
Y todo ello sin presiones partidarias, sin llamadas telefónicas, sin favores políticos y sin negociaciones de madrugada.
Quienes se horrorizan ante esta idea deberían hacerse primero una pregunta incómoda: ¿de verdad creen que los seres humanos que hoy negocian cargos actúan con más objetividad que una IA correctamente auditada?
Brasil ya comenzó a recorrer este camino. El Supremo Tribunal Federal implementó herramientas de inteligencia artificial como MARIA (Módulo de Apoyo a la Redacción con Inteligencia Artificial), Víctor y Vitória para optimizar procesos judiciales, resumir interpretaciones de magistrados, producir documentos y reducir errores administrativos. Además, el uso de IA en el sistema judicial brasileño se ha transformado en un espacio de intercambio técnico con otros poderes judiciales de América Latina.
Nuestra propuesta incluye además una profunda reestructura institucional: fusionar al Tribunal de Cuentas de la República con la Junta de Transparencia y Ética Pública en un gran organismo nacional de control autónomo, moderno y altamente tecnificado.
Actualmente existe una contradicción absurda en nuestro sistema: quienes deben controlar al poder político terminan siendo nombrados por el propio poder político. Eso destruye toda credibilidad. Ningún gobierno debería tener influencia sobre los organismos encargados de fiscalizarlo. Ningún partido debería repartirse cargos en instituciones cuya esencia debe ser precisamente la independencia.
La inteligencia artificial puede ayudar a romper ese círculo vicioso. Por supuesto, el sistema debería tener controles humanos, auditorías permanentes, transparencia total en los criterios de selección y supervisión ciudadana. La IA no puede transformarse en una caja negra inaccesible; pero, usada correctamente, podría ser infinitamente más objetiva que el actual sistema de cuotas y pactos.
Las ventajas serían enormes:
Eliminación de la negociación política de cargos sensibles.
Mayor independencia judicial y fiscal.
Reducción del amiguismo y el clientelismo. Selección basada en méritos reales y no en afinidades partidarias.
Evaluaciones mucho más profundas y técnicas.
Menor margen para presiones externas.
Procesos de selección más rápidos y eficientes.
Mayor confianza ciudadana y transparencia permanente.
Detección temprana de irregularidades o conflictos de interés.
Menor polarización política alrededor de nombramientos.
La discusión ya no es si la inteligencia artificial cambiará las instituciones. Eso ya comenzó en el mundo. La verdadera pregunta es si Uruguay quiere utilizar esa tecnología para profundizar la transparencia o si prefiere seguir atrapado en el viejo sistema de reparto político disfrazado de institucionalidad.
Durante décadas, los partidos prometieron independencia judicial mientras negociaban cargos entre bastidores. Tal vez llegó el momento de admitir que el problema no es solamente quiénes son elegidos, sino quiénes los eligen. Y quizá, por primera vez en mucho tiempo, la solución no consista en darle más poder a los políticos, sino precisamente en quitárselo.