Ensartados

Paralelamente, el semanario Brecha comenzó julio poniendo al descubierto algunas acciones llamativas del Lacalle con más bajo perfil.

“Juan José Lacalle Pou, hermano del presidente de la República, solicitaba favores a autoridades de la Dirección Nacional de Identificación Civil para adelantar trámites de cédula de identidad de diversas personas. El dato surge de la investigación administrativa iniciada por el Ministerio del Interior por la entrega de pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset. El ministerio rechazó un pedido de acceso a la información pública presentado por Brecha relativo a ese expediente”.

Y luego se jactan de ser transparentes…

¿Por qué alguien requeriría su ayuda para acelerar una cédula de identidad si en Uruguay el trámite es de los más rápidos del mundo? ¿Por qué el hermano del presidente pedía ese favor “en forma sistemática y reiterada” y por varias personas?

Quizá exista una explicación atendible; pero el problema es que, de acuerdo a lo declarado por funcionarios de la DNIC, también habría pedido al exsubdirector esta dirección Alberto Lacoste la aceleración de pasaportes.

Una de las funcionarias, al ser interrogada, declaró: “Lo que recuerdo, estando yo, son varias solicitudes de adelanto de pasaporte y cédula a pedido del hermano del presidente de la república, Juan Lacalle, que fueron a través de Lacoste. La mayoría de las solicitudes Lacoste las transmitía por WhatsApp en el grupo en el que todos teníamos conocimiento”.

Sus palabras fueron refrendadas por otra funcionaria: “Las solicitudes más frecuentes eran pedir audiencia de cédulas por parte de Juan Lacalle Pou; él realizaba muchas solicitudes a Lacoste, por eso lo recuerdo particularmente. Lacoste siempre aclaraba a solicitud de quién eran los pedidos”.

Nada de esto deja a la vista delito alguno; pero el tema está en manos de la Fiscalía. Lo que ratifican las declaraciones es que los blancos no pierden oportunidad de usar cargos y apellidos para sacar ventajas tanto grandes como pequeñas. Lo llevan en su ADN. No estamos ante un caso como el “cangrejo rojo”, por el cual se hizo conocido el hijo del expresidente Julio María Sanguinetti; pero estos son los mismos blancos que, con sobrada razón, se hicieron un festín con los restos políticos de Irene Moreira.

Por su parte, el presidente continúa jugando con fuego dando cargos a personas cuestionadas públicamente. A comienzos de junio citamos el caso del exdirector de Inteligencia Claudio Correa. En mayo, la Fiscalía había archivado una investigación en su contra tras no haber podido demostrar que él había borrado, en forma personal y directa, los chats del celular de Astesiano. Correa estuvo a cargo de la detención, era el enlace con Fiscalía y era el responsable de preservar el celular; pero el aparato fue entregado a Fiscalía con los chats borrados. Con todo, Lacalle Pou lo nombró jefe de Policía de Rocha a partir del 1° de junio.

A fines del mismo mes el exjefe de Policía de Flores Gonzalo Larrosa, que había renunciado tras ser acusado de varias irregularidades, fue nombrado gerente de seguridad de ASSE.

Tal como informó la diaria, Larrosa, que ascendiera a comisario general cuando comenzó este gobierno, había sido “cesado de la dirección del INR en 2018 tras aportar información falsa sobre la muerte de un preso: dijo que murió en una riña entre personas privadas de libertad cuando en realidad fue asesinado por un policía”.

Como sea, uno y otro ya están acomodados de nuevo.

Otro que sacó tajada de sus vínculos políticos fue Eduardo Minutti Reyes, dirigente de la lista 30 del Partido Colorado. Crónicas del Este denunció que el exnacionalista “fue contratado en forma directa mediante una modalidad de arrendamiento de servicios para obras en la sucursal Salto del Banco República” por cerca de 700.000 pesos. Minutti fue director de obras del intendente Germán Coutinho entre 2011 y 2015, pasando posteriormente a ser edil por el Partido Colorado en Salto.

Por aquí y por allá, se acomodan burlando licitaciones, sorteos y concursos. El botín es enorme; nada menos que el Estado, y está en manos de un Lacalle.

En Florida, Guillermo Dati ha logrado meter a dedo a varios militantes blancos en oficinas públicas. Este lobbista fue colorado, luego frenteamplista y ahora es blanco; y si el intendente fuera de Cabildo Abierto, él sería militarista. Por encima suyo, el verdadero titiritero es el embajador uruguayo en Argentina, Carlos Pájaro Enciso, quien prepara su regreso al departamento y para ello necesita acomodar a aquellos militantes y dirigentes que quedaron sin cargos tras las últimas elecciones. Así como Pablo Mieres habló de blancos, colorados y cabildantes como lo más bajo del sistema político y luego terminó siendo su más fiel mascota, Dati dijo de todo contra Enciso; pero terminó siendo su mano ejecutora en Florida. Nada como un cargo de “asesor” en OSE (sí, con comillas) para lograr que el odio se transforme en amor.

Todos los que ingresaron a dedo en oficinas y cuadrillas son blancos. El resto, a joderse.

En Salto, una licitación lanzada recientemente por el hospital departamental, para una serie de estudios médicos vinculados a hemodiálisis por $ 2.640.000, fue ganada por Arturo Altuna. Sí, blanco, de la lista 40. Casualmente, la subdirectora del centro de salud, Lucía Minutti, también es integrante de esa lista.

Los colorados no se quedan atrás en la repartija.

Miguel Feris Grassi, vicepresidente de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), perteneciente al sector Ciudadanos, ha logrado 52 contrataciones directas del Estado (sobre todo por parte de la Jefatura de Policía y el Hospital de Salto) desde que gobierna la coalición.

El periodista Eduardo Preve ha informado en M24 que la Dirección Nacional de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas contrató en forma directa a la fundación A Ganar, acomodando con trabajo a 20 militantes de la lista 71 del herrerismo, sin concurso público. ¿Quién es el director de la Dirección Nacional de Arquitectura? Santiago Borsari.

A su vez, el presidente de la República continúa con su manía de tercerizar todo lo que pueda a empresas privadas. Los resultados no siempre son para aplaudir.

A fines de junio, la Policía arrestó a tres sujetos de la empresa Grupo Humano Consultores SA por desvío y venta de alimentos destinados a comedores y refugios del Mides. Pese a que la maniobra duró todo un año; el caso ocupó muy poco espacio en los medios de comunicación; pero cuando meses atrás se acusó a una olla popular por lo mismo, el escándalo fue tremendo.

Ahora, mientras como perros salvajes tironean del cuerpo del Estado arrancándole pedazo por pedazo, el Poder Ejecutivo solicitó al Parlamento aumentar 30% el tope de deuda del gobierno central. Según la ministra Arbeleche, la solicitud se vincula a la creación del Fondo de Emergencia Hídrica. Esto se suma a la inyección de centenares de millones de dólares requeridos por el Banco Central. Están preparando una salida al mejor estilo Macri. Nos van a dejar ensartados.

Si yo fuera legislador, no lo votaría; no por estar en contra de la creación de dicho fondo, sino porque dudo que ese fondo será administrado adecuadamente. Dinero aún queda; solo necesitamos recortar el costo de la clase política; comenzando, y para dar el ejemplo, con los del faraón de Suárez y Reyes.