Los exportadores reciben buena parte de sus ingresos en dólares, pero pagan salarios, tarifas, impuestos y numerosos costos en pesos. El turismo compite directamente con destinos regionales. La industria nacional enfrenta productos importados que se abaratan. Y las empresas que producen bienes transables encuentran cada vez más difícil competir. No se trata de sostener que todo problema de competitividad se explica por el dólar. Sería una simplificación. Uruguay también tiene problemas de productividad, escala, costos internos y eficiencia. Pero tampoco sería razonable actuar como si el tipo de cambio fuera irrelevante.
Competitividad no puede significar salarios bajos. Una estrategia desarrollista no debería buscar competitividad mediante salarios bajos, precarización laboral o reducción de derechos. El desafío es bajar el costo país aumentando productividad, no reduciendo el ingreso de los trabajadores. Eso requiere actuar sobre los factores que realmente pueden transformar la capacidad productiva: infraestructura, logística, energía, innovación, tecnología, capacitación, financiamiento e inserción internacional. Una empresa es más competitiva si puede transportar su producción más barato, acceder a energía a precios adecuados, incorporar tecnología, encontrar trabajadores calificados y financiar una inversión. Ese debería ser el centro de una estrategia nacional de productividad.
El Estado no puede limitarse a observar. La segunda gran discusión refiere al papel del Estado. Existe una visión según la cual, una vez aseguradas la estabilidad macroeconómica y reglas claras, será fundamentalmente el mercado el encargado de decidir dónde invertir y cuáles serán los sectores del futuro. La experiencia internacional muestra una realidad bastante más compleja. Las grandes transformaciones productivas estuvieron acompañadas por Estados capaces de orientar inversiones, desarrollar infraestructura, financiar innovación, formar capacidades y asumir riesgos que el sector privado inicialmente no estaba dispuesto a asumir.
Uruguay tiene ejemplos propios capaz algunos a medio camino. La transformación de la matriz energética no ocurrió espontáneamente. Tampoco el desarrollo de la conectividad digital, el Plan Ceibal o buena parte del ecosistema de ciencia, tecnología e innovación. Fueron necesarias decisiones públicas de largo plazo. Ese aprendizaje debería proyectarse hacia los nuevos desafíos: inteligencia artificial, biotecnología, economía verde, hidrógeno, transformación digital, audiovisual, servicios globales, industrias creativas y nuevas formas de producción agroindustrial. No significa que el Estado deba elegir arbitrariamente empresas ganadoras. Significa que un país debe decidir dónde quiere construir capacidades.
Educación, innovación y productividad. Uruguay tampoco podrá crecer significativamente haciendo solamente más de lo mismo. El aumento de la productividad exige una transformación mucho más profunda de la relación entre educación y producción. UTU, UTEC, Universidad de la República, INEFOP, ANII y el sector productivo deberían formar parte de una estrategia mucho más articulada alrededor de las capacidades que el país necesitará durante los próximos veinte años. Automatización, inteligencia artificial, programación, biotecnología, energías renovables y nuevas tecnologías productivas están cambiando rápidamente la demanda de trabajo. La discusión educativa, por tanto, no puede quedar separada de la estrategia de desarrollo.
La formación de capital humano es política productiva. Y también es política social: cuanto mayor sea la transformación tecnológica, mayor será el riesgo de que una parte de los trabajadores quede desplazada si el Estado no genera mecanismos de capacitación y reconversión. La inversión pública no debería ser la variable de ajuste
La política fiscal plantea otra tensión que es que Uruguay necesita responsabilidad fiscal. Un Estado permanentemente deficitario termina pagando mayores intereses y reduciendo su capacidad futura de realizar políticas públicas. Pero responsabilidad fiscal no debería significar mirar del mismo modo cualquier tipo de gasto. No es equivalente financiar gasto corriente ineficiente que construir una carretera, ampliar infraestructura de saneamiento, mejorar un puerto o desarrollar infraestructura tecnológica que aumentará la capacidad productiva durante décadas.
Cuando las restricciones fiscales terminan reduciendo sistemáticamente la inversión pública, puede aparecer una paradoja: se mejora la cuenta fiscal de corto plazo a costa del crecimiento de largo plazo. Por eso Uruguay necesita discutir una institucionalidad fiscal que mantenga la sostenibilidad de las cuentas públicas pero que, al mismo tiempo, proteja la inversión estratégica y permita una respuesta contracíclica cuando la economía se desacelera. La disciplina fiscal y el desarrollo no deberían plantearse como objetivos incompatibles.
Tampoco alcanza con las PPP ya que la participación privada puede y debe formar parte del financiamiento de infraestructura. Pero tampoco puede convertirse en una respuesta automática frente a las restricciones presupuestales. Las asociaciones público-privadas pueden ser adecuadas para determinados proyectos y poco convenientes para otros. Tienen costos financieros, contratos complejos y compromisos fiscales de largo plazo que deben evaluarse. El criterio debería ser sencillo: elegir para cada inversión el mecanismo que genere mayor valor económico y social para el país, comparando de forma transparente financiamiento público, concesiones, PPP y otras alternativas. Privatizar el financiamiento no elimina el costo de una infraestructura. Simplemente cambia quién financia, quién asume los riesgos y cómo se distribuyen los pagos en el tiempo.
El mercado interno también importa. Para una economía pequeña y abierta, exportar es imprescindible. Uruguay necesita mercados externos, inversión y una estrategia internacional inteligente. Pero eso no significa desconocer la importancia del mercado interno. Los salarios son un costo para una empresa, pero son también el ingreso que sostiene el consumo de otra empresa. Una economía que intenta ganar competitividad exclusivamente reduciendo salarios puede terminar debilitando su propia demanda interna. Por eso el desafío consiste en aumentar simultáneamente salarios y productividad. Si la productividad crece, es posible mejorar los ingresos sin perder competitividad. Esa es una economía que se desarrolla.
La falsa elección entre estabilidad y desarrollo. Quizás el principal problema de esta discusión sea plantearla como una elección entre dos extremos. De un lado, estabilidad, inflación baja y disciplina fiscal. Del otro, crecimiento, inversión y política productiva. Uruguay necesita ambas cosas. No hay desarrollo sostenible con inflación descontrolada y desequilibrios fiscales permanentes. Pero tampoco hay desarrollo simplemente manteniendo la inflación baja, el déficit controlado y esperando que el crecimiento aparezca. La estabilidad debe ser la plataforma desde la cual construir algo más ambicioso. El desafío es pasar de una política económica preocupada principalmente por evitar desequilibrios a una estrategia capaz de generar transformación.
¿Qué Uruguay queremos dentro de treinta años?. Esta debería ser, finalmente, la discusión central. ¿Qué sectores queremos desarrollar? ¿Dónde podemos construir ventajas competitivas? ¿Qué infraestructura necesitamos? ¿Qué empleos generará la inteligencia artificial y cuáles destruirá? ¿Qué capacidades educativas debemos construir? ¿Cómo aumentamos la inversión? ¿Cómo conseguimos que las empresas uruguayas incorporen tecnología? ¿Cómo atraemos capital y talento? ¿Cómo logramos que el crecimiento llegue también a los salarios y a los territorios?. Esas preguntas no pueden responderlas por separado el Banco Central, el Ministerio de Economía, las empresas o el mercado. Requieren una estrategia nacional de desarrollo. Uruguay tiene activos extraordinarios: estabilidad institucional, democracia, seguridad jurídica, matriz energética renovable, capacidades tecnológicas, producción agropecuaria competitiva y una ubicación estratégica entre las dos mayores economías de América del Sur.
El problema es que disponer de activos no garantiza el desarrollo. Hay que transformarlos en una estrategia. La estabilidad macroeconómica que Uruguay ha construido es demasiado valiosa para ponerla en riesgo. Pero también es demasiado valiosa para conformarnos solamente con ella. El verdadero desafío no es elegir entre estabilidad y crecimiento. Es conseguir que la estabilidad finalmente sirva para crecer, invertir, innovar, generar mejores empleos y transformar el país. Porque una economía ordenada que no consigue avanzar puede ser estable. Pero difícilmente pueda llamarse una economía en desarrollo.
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La actividad económica en Uruguay exhibe una trayectoria de persistente ralentización, caracterizada por tasas de expansión marcadamente acotadas tras el incremento anual del 3,3% registrado en 2024. Durante 2025, el Producto Interno Bruto (PIB) evidenció un magro crecimiento del 1,8%, condicionado por el débil desempeño de sectores estratégicos como la construcción y la agricultura. Esta dinámica de bajo dinamismo se ha consolidado en el primer trimestre de 2026, período en el cual, según datos oficiales del Banco Central del Uruguay, la economía se expandió apenas un 0,9% interanual y un 0,8% en términos desestacionalizados respecto al trimestre previo. En consonancia con este débil comportamiento, diversos organismos multilaterales y centros de análisis macroeconómico prevén un avance restrictivo para el cierre del ejercicio 2026, proyectando una tasa de crecimiento contenida de entre el 1,3% y el 1,5%.
