La modificación fue cuestionada por la Asociación de Trabajadores del Ministerio de Ambiente, que sostuvo que la nueva regulación “flexibiliza” las evaluaciones ambientales para la actividad forestal y manifestó desconocer “el origen y los fundamentos técnicos” de los cambios introducidos.
El sindicato había reclamado que la normativa fuera revisada y, durante la transición, Ortuño se comprometió a analizarla una vez que asumiera al frente de la cartera. Ahora, el Ministerio de Ambiente resolvió dejar sin efecto el decreto.
Según la nueva normativa, el decreto aprobado durante la administración anterior había introducido cambios “principalmente al régimen de autorización ambiental de proyectos de forestación, así como a la definición de terrenos forestales”.
Impactos ambientales
La cartera fundamentó la derogación en los principios que deben orientar la política ambiental nacional, entre ellos los de prevención y progresividad. De acuerdo con el nuevo decreto, estos principios apuntan a evitar impactos ambientales mediante la aplicación y el mejoramiento progresivo de medidas preventivas.
Por ese motivo, el gobierno entiende conveniente volver al régimen previsto en el Decreto 405/021, aprobado durante la gestión del entonces ministro de Ambiente Adrián Peña, aunque con modificaciones destinadas a adecuar la normativa.
